Entre la esperanza y la incertidumbre, miles de ‘dreamers’

Unos 700,000 soñadores confían en que el máximo tribunal de justicia resuelva como lo han hecho las cortes inferiores y no los coloque al borde de la deportación de Estados Unidos.  “Esperamos que los magistrados hagan lo correcto y decidan que el programa se quede, tal y como lo han hecho los tribunales inferiores”, dice José Muñoz, director de Comunicaciones de United We Dream (UWD). Estamos preparados para responder. Hay angustia, miedos y preocupaciones, pero confiamos en una decisión justa”, agrega.La espera comenzó en noviembre luego que la Corte Suprema celebrara una audiencia sobre la Acción Ejecutiva de 2012 (DACA), programa creado durante el gobierno de Barack Obama y cancelado cinco años más tarde por Donald Trump. La decisión de los magistrados afectará el futuro inmediato de unos 700,000 jóvenes que llegaron siendo niños a Estados Unidos junto a sus padres, se les conoce como dreamers (soñadores) y tienen suspendidas temporalmente sus deportaciones. DACA fue desafiado en los tribunales luego de que el gobierno lo eliminó el 5 de septiembre de 2017. En esa ocasión, el Departamento de Justicia (DOJ) dijo que los dreamers podían renovar por última vez sus permisos de trabajo y solicitó al Congreso que, en un plazo de seis meses, debatiera y aprobara una ley que les otorgue estatus legal de permanencia.

Pero el Congreso, controlado en ese momento por los republicanos en ambas cámaras, no discutió ningún proyecto sobre el tema. Mientras, activistas y organizaciones se unieron y desafiaron en tribunales federales la orden de cancelación emitida por Trump.

Dictamen favorable

En enero de 2018 una corte de California revirtió la decisión del mandatario y ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) restituir el beneficio en los mismos términos que se encontraba antes de ser caducado, excepto para aquellos que no se habían inscrito. Entre los meses de febrero y abril otras dos cortes inferiores, una de Brooklyn y otra de Washington DC, también fallaron a favor de DACA en un claro revés a la política migratoria de ‘tolerancia cero’ del mandatario. En respuesta a esos dictámenes, Texas y otros 9 estados gobernados por republicanos demandaron al programa en un tribunal de Houston, pero éste no dio curso a la demanda dejando al programa vigente tal y como se había dictaminado en California, Nueva York y el Distrito de Columbia. Además, en noviembre de ese año la Corte de Apelaciones del 9º Circuito falló que el gobierno no podía cancelar DACA, decisión que le abrió la puerta al gobierno para acudir a la Corte Suprema. En ese dictamen, un panel de tres jueces concluyó que la decisión del gobierno era «arbitraria, caprichosa y no estaba apegada a la ley». El tribunal Supremo, sin embargo, no tomó decisión en ese momento y ordenó que las cortes inferiores continuaran revisando el caso hasta tomar una decisión definitiva.

El segundo pedido

El desafío que ahora ventilan los magistrados comprende tres casos que fueron consolidados y se se conocen como:

• Departamento de Seguridad Nacional (DHS) v. Regentes de la Universidad de California;´
• Trump v. NAACP; y,
• McAleenan v. Vidal.

La Corte debe decidir si el programa puede ser revisado. Y de ser así, determinar si el gobierno, cuando canceló DACA, violó la ley. En noviembre del año pasado el máximo tribunal aceptó una segunda solicitud presentada por el gobierno de revisar los desafíos legales por la cancelación del programa, incluso antes de que dos tribunales federales de apelaciones revisaran demandas pendientes. En su decisión, la Corte mantuvo vigente DACA permitiendo que los cerca de 700,000 jóvenes beneficiarios sigan renovando sus permisos de trabajo. Se estima que 27,000 de ellos trabajan en áreas de salud en la llamada primera línea de combate a la pandemia del coronavirus.»El presidente Trump se ha manifestado abiertamente sobre su esquema desmesurado para lanzar el futuro de DACA a la incertidumbre y utilizar a los jóvenes inmigrantes como moneda de cambio para avanzar en una agenda extremista y antiinmigrante», ha dicho Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC). “Su gobierno ha ido tan lejos como para negarse incluso a considerar acciones legislativas para proporcionar ayuda y ha bloqueado repetidamente los esfuerzos bipartidistas para promulgar una solución permanente”, añade.

El debate

Cuando DACA entró en vigor en 2012, cerca de 800,000 dreamers pospusieron sus deportaciones, obtuvieron un permiso de trabajo temporal, un número de seguro social, licencia de conducir, pagaron impuestos y entraron a formar parte activa de la sociedad. Cinco años más tarde el número de beneficiarios era de poco menos de 700,000. La diferencia ocurre porque unos abandonaron el programa, otros no calificaron para renovar sus permisos o legalizaron sus permanencias por vías disponibles legalmente. Tras el término en 2017 y luego que el DHS comenzara un proceso de eliminación gradual del programa , surgieron varias demandas y otros desafíos legales donde se alega que el gobierno puso fin al beneficio basándose en la conclusión de que la Administración anterior lo había creado «sin la autoridad legal adecuada” y sin una fecha de finalización establecida y, por tanto, se trataba de un «ejercicio inconstitucional de autoridad por parte del Ejecutivo«, explica un análisis de la página de la organización Oyez.org. Los demandantes impugnaron la conclusión alegando que la rescisión de DACA violó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) porque “era arbitraria y caprichosa”. También argumentaron que la rescisión privó a los beneficiarios de DACA de libertad constitucional e intereses de propiedad sin el debido proceso legal, al tiempo que violó la Cláusula de Igualdad de Protección porque estaba motivada por un ánimo discriminatorio. Cabe señalar que la Corte de Apelaciones del 9º Circuito no solo rechazó la moción del gobierno de proseguir con la cancelación ordenada por Trump, sino que concedió a los demandantes una orden judicial preliminar para restaurar el programa en los mismos términos que se encontraba al 4 de septiembre de 2017, excepto para nuevas inscripciones. El dictamen halló que los demandantes probablemente ganarían por el mérito de sus argumentos, sufrirían un daño irreparable en ausencia de alivio preliminar, el saldo de las acciones se inclina a favor de los demandantes y que la orden judicial es de interés público. Los magistrados de la Corte Suprema deben ahora responder dos preguntas clave en el proceso: si la decisión del DHS de otorgar Acción Diferida para los Llegados en la Infancia es legal, o si la decisión del DHS de cancelar el programa fue legalmente correcta.

La demanda original

La guerra por la defensa de DACA no comenzó en septiembre de 2017, sino un año antes, cuando todavía gobernaba Obama y activistas y organizaciones luchaban por sus permanencias y en contra de ser deportados. de ellos fue Martín Batalla Vidal, conocido como el tercer demandante contra la decisión de un juez federal de Texas que, en febrero de 2015, frenó la entrada en vigor de la ampliación de la Acción Diferida (DACA) y DAPA, un programa similar a DACA que amparaba de la deportación a unos 5 millones de indocumentados padres de residentes y/o ciudadanos estadounidenses. Batalla Vidal fue víctima de un error administrativo por parte del gobierno. La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) comenzó, en enero de ese año, a enviar renovaciones de Autorizaciones de Empleo válidas por tres años, siendo que el programa original sólo permitía dos años renovables por un mismo período de tiempo mientras el beneficio estuviera vigente. Fue este el argumento que utilizaron 26 estados gobernados por republicanos, encabezados por Texas, para pedirle a una corte que cancelara ambos programas y acusaron al gobierno de no haber publicado previamente el nuevo reglamento en el Registro Federal y permitir el comentario público antes de su entrada en vigor. La USCIS emitió unas 108,000 Autorizaciones de Empleo (EAD) válidas por tres años, incluso después del dictamen. Cuando el tribunal se percató del error, ordenó al gobierno cancelar los documentos, entre ellos el permiso de trabajo de Batalla Vidal.

Recuperar lo perdido

En 2016 Batalla Vidal, con el respaldo de la organización proinmigrante ‘Make the Road New York’ (Se Hace Camino Nueva York) y otros beneficiarios, presentaron una querella contra la orden preliminar emitida por el juez de Texas Andrew S. Hanen. Batalla Vidal ganó el juicio y el servicio de inmigración le emitió un nuevo permiso de trabajo válido por dos años. Luego, ante la posibilidad de que Trump pusiera fin a DACA, como lo había prometido durante su campaña, junto con la organización “Se Hace Camino New York”, Batalla y la organización solicitaron enmendar su demanda para impugnar la determinación del mandatario republicano. A la segunda querella se sumaron los dreamers Antonio Alarcón, Eliana Fernández, Carlos Vargas, Mariano Mondragón y Carolina Fung Feng, todos ellos residentes en Nueva York. En noviembre del año pasado el grupo argumentó que el programa es legal y sostiene que la cancelación de DACA violó la Ley de Procedimiento Administrativo, que, según ha dicho el Constitutional Accountability Center, prohíbe una acción “arbitraria, caprichosa” que abuse de la discreción o, en caso contrario, no esté de acuerdo con la ley por parte de una agencia federal y la 5ta Enmienda de la Constitución. Batalla llegó a Estados Unidos a la edad de 7 años tras cruzar la frontera y junto a su familia, se estableció en Queens, Nueva York. El dreamer trabaja como asistente de enfermería en una clínica de rehabilitación de lesiones cerebrales en Queens. Pudo finalizar sus estudios porque, tras el incidente de 2015, el gobierno le envió un nuevo permiso de empleo que, dice, “espera conservar”.