El Comité Judicial de la Cámara de Representantes lanzó este lunes una amplia investigación sobre el presidente Donald Trump, que abarcará sus negocios, su campaña, equipo de transición, su familia y sus allegados y socios de negocios, en conexión con posibles casos de abuso de poder, corrupción y conflicto de intereses.

Hasta 81 personas y organizaciones han recibido notificaciones para que entreguen documentos al Congreso. Entre estos se encuentran su director financiero Allen Weisselberg; sus hijos Donald Jr. y Erik, su yerno Jared Kushner; sus antiguos directores de campaña Paul Manafort, Corey Lewandowski y Steve Bannon, este último también parte de su equipo de transición.

«Actuaremos rápidamente para recopilar esta información, evaluar la evidencia y ver hasta dónde nos llevan los hechos. Lo haremos con total transparencia con el pueblo estadounidense», dijo el jefe del comité, el demócrata por Nueva York Jerrold Nadler, en una declaración. “Este es un momento crítico para nuestra nación y tenemos la responsabilidad de investigar estos asuntos y llevar a cabo audiencias para que el público tenga todos los hechos. Eso es exactamente lo que pretendemos hacer».

La investigación indagará en múltiples frentes que abarcan el caso de los pagos para silenciar a mujeres que dijeron haber tenido relaciones con Trump, como Stormy Daniels y Karen McDougal. Este caso también lo está investigando la corte del Distrito Sur de Nueva York y sería una violación de leyes tanto federales (de financiación de campaña) como estatales.

El explosivo testimonio del exabogado personal de Trump Michael Cohen del miércoles pasado abrió nuevas vetas de investigación en las que los demócratas de la Cámara Baja prometieron ahondar.

«Lo que aprendimos del testimonio de (Michael) Cohen es que implicó directamente al presidente en varios delitos, mientras buscaba el cargo de presidente y ya en la Casa Blanca», dijo Nadler a ABC News este domingo.

El presidente Trump y su equipo en la Casa Blanca han rechazado en más de una ocasión las acusaciones que el comité judicial quiere indagar argumentando que el presidente es inocente y que además tiene amplios poderes en su oficina para dirigir el gobierno como él crea conveniente.

En un comunicado emitido el lunes, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo que acusó recibo de la carta de Nadler dirigida a la Casa Blanca y dijo que los funcionarios «lo revisarán y responderán en el momento adecuado».

Una persona familiarizada con las solicitudes de los documentos, pero que no estaba autorizada para comentar públicamente sobre el asunto, le dijo a The Washington Post que “las solicitudes relacionadas con la posible obstrucción a la justicia se centrarían en los supuestos esfuerzos de Trump para eliminar a sus enemigos percibidos en el Departamento de Justicia, incluyendo el exdirector del FBI James Comey, e instalar reemplazos más leales”.

El jefe del comité judicial también indicó que quiere tener todos los detalles sobre las comunicaciones que se produjeron alrededor de la decisión del presidente Trump de despedir al exdirector del FBI James Comey, así como todo lo que ocurrió en la reunión en la Torre Trump de junio de 2016 en relación a la supuesta posesión de información comprometedora que afectaría a la entonces candidata presidencial demócrata Hillary Clinton.

En ese encuentro estuvieron presentes Donald Trump Jr., el yerno del presidente Jared Kushner, su exjefe de campaña Paul Manafort y la abogada rusa Natalia Veselnitskya, quien al parecer tenía en su poder esa información contra Clinton.

En relación a este caso, los congresistas indagarán si Trump y su campaña conspiraron con Rusia, país considerado un «adversario extranjero», para influenciar las elecciones de noviembre de 2016, lo que también sería un crimen estatal y federal. Allí estarían implicados Roger Stone y la organización WikiLeaks y su líder Julian Assange, a quienes también le pidieron documentos.

La investigación sobre corrupción incluye posibles violaciones a la cláusula sobre emolumentos de la Constitución, que prohíbe a los presidentes aceptar regalos de gobiernos extranjeros. También posibles violaciones a la financiación de campañas. Además abarca potenciales abusos de poder por ataques a la prensa y el poder judicial, así como el uso del poder del indulto presidencial, dijeron asesores judiciales citados por el diario The Washington Post.

En otras investigaciones paralelas este lunes los comités de Inteligencia, Relaciones Exteriores y de Supervisión de la Cámara de Representantes le solicitaron al jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Muvaney, y al secretario de Estado, Mike Pompeo, documentos y entrevistas con funcionarios de la Casa Blanca, la oficina del presidente y el Departamento de Estado en relación a las comunicaciones que ha sostenido Donald Trump y el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Las comunicaciones incluyen cualquier entrevista cara a cara, por teléfono o cualquier otro documento relacionado con esas comunicaciones.

«Según informes de prensa, el presidente Trump, en múltiples ocasiones, parece haber llevado a cabo acciones para ocultar los detalles de sus comunicaciones con el presidente Putin», dice el comunicado de los comités publicado este lunes. «Según informes, el presidente confiscó notas relacionadas con al menos una reunión mantenida con el presidente Putin y ordenó a por lo menos un intérprete estadounidense que no discutiera el contenido de las comunicaciones con el presidente Putin con otros funcionarios federales», agrega el comunicado.

Estas afirmaciones, si son ciertas, plantean profundas preocupaciones de seguridad nacional, contrainteligencia y política exterior, especialmente a la luz de la campaña de medidas activas de Rusia para influir indebidamente en las elecciones estadounidenses. Además, tales afirmaciones, si son ciertas, socavan el buen funcionamiento del gobierno, en particular el acceso del Departamento (de Estado) a información crítica pertinente a su misión diplomática y su capacidad para desarrollar y ejecutar una política exterior que promueva nuestros intereses nacionales».

El comunicado finaliza indicando que si las acusaciones generan «serias preocupaciones de que los materiales relacionados con comunicaciones específicas pueden haber sido manipulados o retenidos del registro oficial en contravención directa a las leyes federales, que exigen expresamente que los presidentes y otros funcionarios de la administración conserven dichos materiales».