El otro golpe del coronavirus: abundan las estafas por tratamientos falsos y cubrebocas que jamás llegan
Páginas de internet, cuentas de Facebook y llamadas automáticas, son los métodos que están usando los delincuentes. En medio de las investigaciones por fraudes relacionados con esta enfermedad, agentes federales decomisaron un cargamento con falsas pruebas para detectar el virus.
LOS ÁNGELES, California.- Las autoridades encendieron las alertas ante un nueva ola de fraudes que usa como gancho al peligroso brote del coronavirus, que ya para la tarde del sábado ya había contagiado a más de 22,000 estadounidenses.
Por ejemplo, los estafadores están creando páginas de internet para ofrecer cubrebocas, desinfectantes y otros productos para protegerse de la enfermedad, pero solo buscan robar a los compradores en línea.
La Comisión Federal del Comercio (FTC) y la Administración Federal de Medicamentos (FDA) advirtieron que a principios de este mes detectaron a por lo menos siete vendedores de productos que prometían tratar o prevenir el coronavirus. Lo cierto es que los gobiernos siguen tratando de fabricar una cura.
Ofrecían tés, aceites de esencias y plata coloidal (cuyo uso más común es para desinfectar agua, frutas y verduras). Ninguno de estos productos estaba avalado por el gobierno federal, por eso los distribuidores recibieron cartas de la FTC y la FDA pidiéndoles que hicieran las correcciones adecuadas.
“La FDA dice que no hay vacunas, medicamentos o productos de investigación aprobados actualmente disponibles para tratar o prevenir el virus”, señala Colleen Tressler, especialista en educación del consumidor de la FTC, en un blog de la agencia.
Las compañías bajo la lupa son Vital Silver, Aromatherapy Ltd, N-ergetics, GuruNanda, Vivify Holistic, Clinic, Herbal Amy LLC y The Jim Baker Show. Todas hicieron cambios en sus métodos publicitarios.
Envíos que no llegan
Por otra parte, el gobierno federal reveló de inmediato que había detectado vendedores en línea que tratan de engañar a los consumidores ofreciendo productos de limpieza, artículos para el hogar y materiales de uso médico. “Haces tu pedido, pero tu envío nunca llega”, advirtió Tressler, especialista de la FTC. “Cualquier persona puede establecer una tienda en la Internet bajo casi cualquier nombre, incluidos los estafadores”, agregó.
Tratando de mostrarse como un distribuidor confiable, los defraudadores usan publicaciones falsas en las redes sociales, mensajes de texto, correos electrónicos y cualquier otra herramienta en Internet, alerta la Comisión Federal de Comercio.
Para verificar que se trata de un vendedor legítimo, esta dependencia recomienda hacer una búsqueda en internet ingresando el nombre, número de teléfono y el email de la persona o la compañía en cuestión, agregando estas palabras: review (comentario), complaint (queja) y scam (estafa).
En medio de las investigaciones que aún realiza la FTC sobre fraudes relacionados con el covid-19, la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (FTC) detectó un cargamento que contenía falsas pruebas para detectar el coronavirus, el cual llegó al aeropuerto de Los Ángeles. Lo enviaron desde Reino Unido.
El decomiso ocurrió el 12 de marzo. La mercancía estaba dentro de una caja que contenía “viales de agua purificada” con un valor de 196 dólares. Al seguir revisando, los agentes federales encontraron que también había viales llenos de un líquido blanco y etiquetados como ‘Corona Virus 2019nconv (COVID-19)’ y ‘Virus1 Test Kit’.
“Los contrabandistas intentan constantemente aprovecharse de los consumidores al disfrazar sus productos ilícitos como envíos legítimos”, expresó LaFonda Sutton-Burke, directora de la CBP en el aeropuerto de Los Ángeles.
Venta de productos a costos elevados
Xavier Becerra, procurador general de California, informó este viernes que envió cartas a importantes vendedores en línea (incluyendo Amazon, Craigslist, eBay, Facebook, OfferUp, Overstock, Shopify y Walmart) pidiéndoles que intensifiquen sus esfuerzos para impedir que vendedores externos eleven los costos de cubrebocas, desinfectantes y papel higiénico.
De acuerdo con el fiscal estatal, muchas plataformas estuvieron hasta hace poco “inundadas” de publicaciones potencialmente ilegales con precios más altos que el distribuidor principal.
“El aumento de precios durante un momento de emergencia nacional no solo es vergonzoso, es ilegal”, dijo Becerra en un comunicado. “Los grandes mercados en línea tienen la responsabilidad ante el público de tomar medidas inmediatas y vigorosas para eliminar el comportamiento depredador -que ellos saben es ilegal- de sus plataformas”, agregó el funcionario.
La Fiscalía de California pide a las víctimas de este fraude someter una denuncia en este enlace.
Los infractores enfrentarían condenas de hasta un año en prisión y una multa de 10,000 dólares.
Falsos emails de funcionarios de salud
Por su parte, la Fiscalía del condado de Los Ángeles alertó este viernes que ha observado un aumento en correos electrónicos que fingen haber sido enviados por funcionarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
A través de esos emails, los delincuentes intentan “instalar un virus en su aparato electrónico (celular, tableta o computadora) y robar su información, lo cual incluye contraseñas y nombres de usuario”, señala la fiscalía angelina.
La dependencia aconseja confirmar la autenticidad de las compañías, organizaciones benéficas o individuos que envían información sobre el coronavirus. Además, recomienda verificar que esos correos electrónicos provienen de una página de internet legítima.
Una actividad ilegal común durante tragedias es inventar entidades caritativas que usan nombres parecidos a los de organizaciones auténticas. Para no caer en la trampa se recomienda investigar en internet los domicilios y páginas de internet de cualquier fundación que esté pidiendo donativos.
La FTC ya detectó llamadas automáticas pregrabadas que están promocionando tratamientos fraudulentos para el coronavirus y ofertas para trabajar en el hogar. Los delincuentes aprovechan que cada vez más estados establecen órdenes ejecutivas para “quedarse en casa” debido al covid-19.
“Los estafadores no descansan nunca”, advirtió Colleen Tressler, especialista de la FTC.
Corte Suprema de EE.UU. decide que unos
La Corte Suprema de Estados Unidos estableció este martes que los padres de un joven mexicano que murió en la frontera luego de que un agente de la Patrulla Fronteriza le disparara –desde territorio estadounidense– no pueden intentar demandar por daños al funcionario en tribunales de EE.UU.
El fallo representa una victoria para el agente y el gobierno de Estados Unidos, que argumentó que no debería permitirse el avance del caso. Esta decisión hará que sea más difícil para las personas demandar a los funcionarios federales cuando se violan sus derechos constitucionales.
La medida, que tuvo una votación 5-4, se dio bajo líneas ideológicas claras de los magistrados, con los cinco jueces conservadores de la corte poniéndose del lado del gobierno y los otros cuatro magistrados liberales manifestando su desacuerdo.
- LEE: Caso del joven mexicano muerto a tiros por un agente fronterizo llega a Corte Suprema de EE.UU.
El juez Samuel Alito, escribiendo en nombre de la mayoría, dijo que “regular la conducta de los agentes en la frontera incuestionablemente tiene implicaciones de seguridad nacional” y que cualquier riesgo que pueda socavar la seguridad fronteriza proporciona “una razón para dudar”.
El magistrado conservador enfatizó en que las circunstancias que rodearon el caso fueron “trágicas”, pero señaló que es el Congreso el que debe actuar, en lugar de las cortes.
En 2010, Sergio Hernández, un adolescente mexicano de 15 años, estaba con sus amigos en una alcantarilla de cemento que separa El Paso, Texas, de Ciudad Juárez, México. La frontera internacional pasa justo en medio de la alcantarilla.
Los padres de Hernández dicen que su hijo y los demás estaban jugando a cruzar la frontera, tocar una valla y luego volver corriendo al suelo mexicano. Ellos acusaron a Jesús Mesa Jr., el agente de la Patrulla Fronteriza, de llegar al lugar y disparar fatalmente a su hijo mientras Mesa se encontraba en suelo estadounidense.
La familia quería demandar a Mesa por violar la Cuarta y Quinta Enmienda.
Según el gobierno, Mesa recurrió a utilizar la fuerza solo después de que Hernández se negara a seguir órdenes de dejar de arrojar piedras.
La jueza Ruth Bader Ginsburg, a la que se unieron los otros jueces liberales, estuvo en desacuerdo con el fallo y aseguró que la denuncia debería ser escuchado. Ginsburg también se refirió a los problemas en la frontera entre Estados Unidos y México que datan de hace casi una década
“Lamentablemente, la muerte de Hernández no es un incidente aislado”, escribió.
“Un informe revisó más de 800 denuncias de presuntos abusos físicos, verbales o sexuales presentados contra agentes de la Patrulla Fronteriza entre 2009 y 2012; en el 97% de las denuncias que resultaron en decisiones formales no se tomaron medidas”, agregó Ginsburg, refiriéndose a un documento presentado al alto tribunal.
Ginsburg también escribió que “todavía no hay una buena razón por la cual los padres de Hernández deben enfrentarse a que las puertas de los tribunales se les cierren”, y señaló que las circunstancias habrían sido diferentes si Hernández hubiera estado “subiendo o bajando por el lado estadounidense del terraplén”.
La ubicación de Hernández “en el momento preciso en que cayó la bala no debería importar un ápice”, continuó Ginsburg, llamando a Mesa, el agente, “pícaro”.
En desacuerdo con Alito, Ginsburg escribió que “ni la política exterior de Estados Unidos ni la seguridad nacional están en peligro por el litigio”.
El Departamento de Justicia se negó a presentar un cargo penal contra Mesa en 2012 y apoyó al agente en la corte, argumentando que la familia no puede acudir a los tribunales de Estados Unidos y demandar por daños y perjuicios.
El procurador general Noel Francisco instó a los jueces en un informe judicial que “imponer un remedio de daños a los extranjeros heridos fuera del territorio por parte de funcionarios del gobierno de EE.UU. implicaría consideraciones de política exterior que están comprometidas con las ramas políticas” y llevaría a los tribunales asuntos delicados de diplomacia internacional que “amenazarían con socavar la capacidad del gobierno de hablar con una sola voz en los asuntos internacionales”.
El Departamento de Justicia (DOJ) anunció este miércoles que creó una nueva sección en su Oficina de Litigios de Inmigración dedicada a desnaturalizar a los ciudadanos nacidos en el extranjero que hayan cometido ciertos crímenes. El Departamento de Justicia (DOJ) anunció este miércoles que creó una nueva sección en su Oficina de Litigios de Inmigración dedicada a desnaturalizar a los ciudadanos nacidos en el extranjero que hayan cometido ciertos crímenes. La Sección de Desnaturalización de la División Civil tendrá la meta de “llevar la justicia a los terroristas, criminales de guerra, delincuentes sexuales y otros estafadores que obtuvieron ilegalmente la naturalización”. Para revocar la ciudadanía de una persona naturalizada, el Departamento de Justicia debe demostrar que fue “obtenida ilegalmente” mediante fraude en su solicitud. El Departamento dijo que fue el “creciente número de expedientes” motivó la creación de la sección.El anuncio ocurre en la misma semana que entra en vigor otra medida contra medida que muchos consideran antiinmigrante: la regla de “carga pública”.¿Qué pueden hacer los inmigrantes para no perder beneficios por culpa de la ‘carga pública’? Aunque la oficina dice que se centrará en casos criminales, también irá detrás de personas que mienten en su solicitud para obtener la ciudadanía. “Cuando un terrorista o un delincuente sexual se convierte en ciudadano de los Estados Unidos bajo falsos pretextos, es una afrenta a nuestro sistema y es especialmente ofensivo para aquellos que son víctimas de estos criminales”, dijo la Asistente del Fiscal General Jody Hunt. “La Sección de Desnaturalización fomentará los esfuerzos del Departamento para perseguir a aquellos que obtuvieron ilegalmente la ciudadanía y asegurar que se les haga responsables de su conducta fraudulenta”, añadió Hunt. El Departamento destaca que los casos de desnaturalización civil no tienen prescripción extintiva, y que ha logrado desnaturalizar varias categorías de personas que han obtenido ilegalmente la ciudadanía, como: terroristas, criminales de guerra, violadores de los derechos humanos, delincuentes sexuales y otros estafadores.
El gobierno estaría empleando los datos para rastrear actividad inusual en la frontera con México. El Gobierno de Estados Unidos está utilizando servicios que siguen la localización de millones de teléfonos celulares para encontrar y detener a inmigrantes indocumentados, informó este viernes The Wall Street Journal (WSJ). El diario, que cita a varias fuentes y documentos gubernamentales, explicó que los datos proceden de aplicaciones habituales en muchos teléfonos, incluidos juegos o servicios meteorológicos. Esa información es recopilada por varias empresas, que luego la venden a otras compañías, por ejemplo para ofrecer a los usuarios publicidad de negocios que están cerca del lugar en que se encuentran. Por esa vía comercial es por la que el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. y varias de sus agencias acceden a los datos. Según contratos revisados por el WSJ, el Gobierno comenzó a comprar datos de localización en 2017 y, por ejemplo, en 2018, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que se encarga de las deportaciones de personas sin papeles, gastó 190.000 dólares en esos servicios. El ICE, señalan fuentes citadas por el WSJ, ha utilizado esa información para identificar y arrestar a indocumentados. La Oficina de Aduanas pagó más de un millón de dólares por licencias de software para tener acceso a este tipo de datos Los datos son también usados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), por ejemplo para rastrear actividad inusual en zonas desérticas de la frontera con México y combatir cruces ilegales o actividades de narcotráfico. Según el periódico, esa información sirvió para descubrir en 2018 un túnel entre México y EE .UU. construido por narcotraficantes. El pasado septiembre, la CBP pagó más de un millón de dólares por licencias de software para tener acceso a este tipo de datos de localización procedentes de celulares. “Esta es una situación clásica en la que una vigilancia comercial cada vez mayor en el sector privado está llegando ahora directamente al Gobierno”, dijo al WSJ Alan Butler, un responsable del Electronic Privacy Information Center, una organización que defiende leyes de privacidad más estrictas. Las agencias gubernamentales insistieron que limitan de forma estricta el uso de los datos de localización Las agencias gubernamentales, mientras, insistieron al periódico en que tienen en cuenta la privacidad y limitan de forma estricta el uso de los datos de localización, manteniéndolos siempre anónimos y sin utilizar información de los repetidores de telefonía que permiten detectar un teléfono específico. “Aunque la CBP tiene acceso a información de localización, es importante señalar que esa información no incluye datos de torres telefónicas, no se ingiere en masa y no incluye la identidad de usuarios individuales”, dijo un portavoz al WSJ.
