Se trata de una nueva batalla del gobierno de Trump contra estudiantes internacionales durante la cuarentena y ocurre una semana después de que fue desechado su plan de expulsar a los alumnos que solo están tomando cursos por internet de universidades nacionales.
La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) advirtió este viernes que impedirá que nuevos estudiantes internacionales ingresen a Estados Unidos si sus universidades solo ofrecerán clases por internet en el siguiente ciclo académico debido a la pandemia. Es la batalla más reciente en la cual se enfrasca el gobierno de Donald Trump contra los alumnos extranjeros durante las medidas de distanciamiento social por el covid-19. Este nuevo pleito llega una semana después de que el gobierno federal desistió de su plan que pretendía retirar las visas y abrir la puerta a la deportación para más de un millón de estudiantes internaciones que ahora solo están tomando clases online. Fue un viraje que dio Trump por una demanda presentada por la prestigiosa Universidad de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), para impedir que sus alumnos con visas F-1 y M-1 fueran sacados del país por no recibir clases presenciales este otoño.A través de un comunicado difundido este viernes, ICE indica que los alumnos de nuevo ingreso no podrán entrar al país si no tienen al menos una clase presencial, siguiendo los lineamientos establecidos en marzo para tratar de evitar la propagación del coronavirus. “Los estudiantes no inmigrantes con estatus nuevo o inicial después del 9 de marzo no podrán ingresar a EEUU para inscribirse en una escuela de EEUU como estudiantes no inmigrantes durante el período de otoño, para tomar un curso de estudio que sea cien por ciento en línea”, señala la agencia. ICE establece que los funcionarios de las universidades tampoco pueden emitir un formulario 1-20 aceptando a estudiantes foráneos con un estatus nuevo. Estos cambios, sin embargo, no afectan a los alumnos internacionales que ya están inscritos en planteles estadounidenses y que ahora se encuentren fuera de EEUU. La dependencia también advirtió que su unidad de investigaciones criminales, el servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), está revisando los registros del programa de estudiantes extranjeros “para detectar posibles violaciones y remite casos con posibles problemas de seguridad nacional o seguridad pública a sus oficinas de campo para una mayor investigación”. El plan original de ICE era prohibir que los estudiantes internacionales se quedaran en el país para tomar clases virtuales y forzarlos a buscar una universidad que les ofreciera algún curso presencial o regresarse a sus lugares de origen. La iniciativa fue tachada de “ilegal” y “cruel”. La medida también habría afectado a los familiares de estos estudiantes. En el año fiscal de 2018, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) registró un total de 1.9 millones de ingresos de portadores de visa F-1 y F-2, que reciben sus cónyuges e hijos menores de edad solteros. EEUU no permitirá la permanencia de estudiantes extranjeros en el país si sus clases pasan a ser en línea Lejos de ser una carga, este grupo genera cada año unos 32,000 millones de dólares en ingresos económicos y ayudan a generar más de 300,000 empleos, según un informe de New American Economy. Por eso, 17 estados, el Distrito de Columbia y 20 universidades presentaron el 13 de julio en una corte federal de Boston una demanda contra la regla de Trump pidiendo la revocación de las visas para alumnos extranjeros. “Ni siquiera intentó explicar la base de esta regla sin sentido”, reclamó la fiscal general de Massachusetts, Maura Healey, anunciando el inicio de este proceso legal. “Obliga a las escuelas a elegir entre mantener inscritos a sus estudiantes internacionales y proteger la salud y seguridad de sus campus”, agregó la funcionaria.
‘No hay indicios de que su departamento haya tomado medidas para restablecer completamente las protecciones de DACA, algo que la decisión de la Corte requiere inequívocamente’
El Senador Bob Menendez (D-N.J.) se unió a un grupo de colegas para urgir al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a que cumpla de inmediato con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de rechazar la rescisión por parte de la Administración Trump del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y exigir se vuelvan a abrir las aplicaciones para nuevos solicitantes. Casi un mes después de la decisión de la Corte Suprema, la Administración no ha restablecido las protecciones del programa DACA.
“No hay indicios de que su departamento haya tomado medidas para restablecer completamente las protecciones de DACA, algo que la decisión de la Corte requiere inequívocamente,” los Senadores escribieron al Secretario Interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf. “No hemos encontrado una sola declaración de usted o cualquier otro funcionario del Departamento de Seguridad Nacional que notifique al público que su agencia está cumpliendo con la decisión de la Corte Suprema. Por el contrario, el 19 de junio, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) actualizó su sitio web para afirmar falsamente que la decisión de la Corte Suprema no tiene ‘fundamento legal’ y atacar a los beneficiarios de DACA.”
“El Congreso y el pueblo estadounidense no han recibido ninguna información sobre el cumplimiento de su agencia de la decisión de la Corte. No está claro qué medidas, si alguna, tomó el USCIS para implementar la decisión de la Corte Suprema, incluida la recepción y el procesamiento de las solicitudes iniciales de DACA; las solicitudes de renovación de DACA; las solicitudes de libertad condicional anticipada, así como la publicación de información sobre DACA para nuevos solicitantes y beneficiarios actuales,” añadieron los Senadores. “La decisión del magistrado Roberts requiere su cumplimiento inmediato. Esperamos su pronta garantía de que respetará la decisión de la Corte y que se reabra DACA para todos los solicitantes elegibles.”
Más de 800,000 Dreamers han recibido las protecciones del programa DACA. Éstos jóvenes han contribuido a nuestro país como soldados, enfermeras, maestros y propietarios de pequeñas empresas. A pesar de que su propio destino seguía siendo incierto debido a la rescisión de DACA por parte de la Administración Trump, más de 200,000 han sido trabajadores esenciales durante la pandemia del COVID-19.
En Nueva Jersey, el segundo estado con mayor número de casos de COVID-19 en la nación en meses pasados, 5,000 beneficiarios de DACA estuvieron trabajando en ocupaciones relacionadas con la salud, la educación y la alimentación.
Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), más conocido como permiso de trabajo. USCIS Los solicitantes de asilo en Estados Unidos se han beneficiado desde hace 20 años de un reglamento en las leyes de inmigración que les permite recibir el Documento de Autorización de Empleo (EAD) en un plazo de 30 días después de presentar su solicitud de asilo, sin importar que su proceso legal aún no se haya aprobado. La rapidez con la que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) adjudica los permisos de trabajo es un incentivo para las personas que intentan defraudar al sistema legal de inmigración, afirma la agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Así que el DHS presentó el viernes una regla final que anula la cláusula reglamentaria que establecía que USCIS tiene 30 días a partir de la fecha en que un peticionario de asilo presenta el Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo, para otorgar o denegar dicha solicitud. Obtener permiso de trabajo facilita a estos inmigrantes ganarse la vida legalmente y sacar un número de Seguro Social, entre otros beneficios. La regla final sobre el permiso de trabajo entra en vigor el viernes, 21 de agosto de 2020, informaron las autoridades migratorias en un comunicado. De acuerdo con regla final presentada en el Registro Federal, la gaceta oficial del gobierno estadounidense, el nuevo protocolo también elimina la cláusula sobre las renovaciones de la autorización de empleo que deben hacer los inmigrantes con casos de asilo pendientes. DHS eliminó el plazo de anticipación de 90 días para presentar las solicitudes de renovación antes del vencimiento del EAD. Los cambios normativos promulgados el viernes fueron anunciados en noviembre pasado en una propuesta en el Registro Federal.En ese momento, Brian Hoffman, abogado del Servicio de Migración y Refugiados de Caridades Católicas, dijo a el Nuevo Herald que dar a USCIS más tiempo para adjudicar permisos de trabajo a “los solicitantes de asilo desesperados, no es más que otro ejemplo de cómo un gobierno con recursos casi ilimitados se está facilitando las cosas y al mismo tiempo hace que el proceso de asilo sea extremadamente oneroso para los miembros más vulnerables de la sociedad”. “Este cambio de regla permitiría que DHS demore mucho más en decidir si alguien que solicita asilo debe recibir un permiso de trabajo, requiriendo que los solicitantes de asilo sobrevivan esencialmente gracias a la caridad de otros mientras nuestro gobierno procesa los documentos”, agregó el año pasado Hoffman, quien trabaja en la Diócesis de Cleveland. En su comunicado del viernes, USCIS indicó que la regla brinda a la agencia mayor flexibilidad para tramitar las EAD.
Los cambios darán suficiente tiempo a USCIS para recibir, examinar y procesar solicitudes, abordar preocupaciones de seguridad y fraude, continuar los avances tecnológicos en la verificación de identidad y disuadir aún más a quienes intenten defraudar al sistema legal de inmigración, dijo la agencia. “Una prioridad clave para USCIS es salvaguardar la integridad del sistema de inmigración legal de nuestra nación de aquellos que buscan explotarlo o abusar de él”, declaró el subdirector de políticas de USCIS, Joseph Edlow, en el comunicado. “Este cambio reducirá las oportunidades de fraude y protegerá los procesos relacionados con la seguridad que llevamos a cabo para cada solicitud de autorización de empleo, aumentando así la integridad de los beneficios de inmigración“, agregó. El gobierno de Donald Trump publicó esta semana otras normas de amplio alcance, en un documento de 161 páginas, que dificultan sustancialmente obtener asilo en Estados Unidos. Entre las iniciativas presentadas preliminarmente, se le ordena a los jueces de inmigración ser más selectivos a la hora de conceder solicitudes y les permite rechazar algunas sin necesidad de una audiencia. Aaron Reichlin-Melnick, asesor político del American Immigration Council, criticó la propuesta y dijo en declaraciones a CNN que “el objetivo de esta regulación de asilo, lejos de remodelar el sistema para mejorarlo, es hacer que el asilo sea imposible de ganar”. Otros cambios, también anunciados el año pasado, conciernen la elegibilidad y el tiempo de espera para el EAD basada en peticiones de asilo pendientes. Entre estos, el gobierno contempla que los candidatos al asilo esperen 365 días, en lugar de 150 días, desde el momento en que USCIS o el Departamento de Justicia reciben su petición de asilo hasta que puedan ser elegibles para solicitar la autorización de empleo.
Damaris Majano subsistía en El Salvador con remesas que le enviaba su padre desde Miami. Pero la ayuda quedó interrumpida desde que la empresa donde el hombre trabajaba como repartidor de flores cerró por la crisis derivada de las restricciones para frenar el coronavirus en Estados Unidos. La historia de esta joven residente de San Isidro, un poblado a 70 km al noreste de San Salvador, no solo se repite entre otros salvadoreños, sino también en Guatemala y Honduras, que también han visto reducidos los ingresos de dinero que envían migrantes desde Estados Unidos y otros países. “Vamos pasando con la ayuda de la alcaldía”, dice Majano, que se las rebusca con una bolsa de víveres que recibió de las autoridades locales. “La comunidad está con bastante necesidad”, agrega la joven de 25 años. San Isidro, una localidad de 15.000 habitantes rodeada de cerros, perdió más de la mitad de su población en la década de 1980, cuando muchos migraron huyendo de la pobreza y la violencia. En Estados Unidos viven 2,5 millones de salvadoreños, 2,7 millones de guatemaltecos y un millón de hondureños, que mes a mes envían remesas a sus familias. Pero la pandemia global provocó una explosión en la tasa de desempleo en Estados Unidos, que alcanzó 13,3% en mayo, una cifra que aumenta a 17,2% entre la población de origen latinoamericano, según cifras oficiales. De enero a abril El Salvador recibió 1.600,7 millones de dólares en remesas familiares, lo que marca una caída del 9,8% contra igual periodo de 2019. El mayor descenso en los envíos fue en abril, cuando el total se redujo a 287,3 millones de dólares, es decir, un 40% menos en comparación con el mismo mes del año pasado, según un informe del Banco Central de Reserva (BCR). Antonio Iraheta, un agricultor de 64 años de la comunidad rural de Potrero Cubías, en la periferia de San Isidro, pasó de recibir 800 a 400 dólares de sus cuatro hijos que viven en Estados Unidos y “se fueron abajo” al perder sus empleos por la covid-19, cuenta. En 2019, El Salvador había recibido remesas familiares por 5.650,2 millones de dólares, lo que había representado un crecimiento del 4,8% sobre el año previo, equivalente a 16% del Producto Interno Bruto (PIB).
Panorama “perturbador” –
“Mi gente ha sido afectada”, dice a la AFP el alcalde de San Isidro, Ernesto Romero, quien reparte alimentos a la población para aliviar la caída de remesas pero también por la pérdida de cultivos de hortalizas y maíz tras el reciente impacto de la tormenta Amanda, que dejó más de 30 muertos en El Salvador.Centenares de salvadoreños salen a diario por las carreteras del país agitando paños blancos para pedir alimentos. El descenso de los envíos de dinero, que ayudan a mantener a flote a este país centroamericano, y el cierre de las fuentes de empleo en medio del aislamiento por la pandemia genera “un panorama perturbador” en una economía estancada, dice Roberto Cañas, profesor de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA). El país de 6,6 millones de habitantes, que se mantiene paralizado por una cuarentena domiciliar obligatoria por la covid-19 desde el 21 de marzo, se asoma a cifras problemáticas. Las exportaciones entre enero y mayo cayeron 23,6% en comparación con igual período de 2019, según el Banco Central de Reserva, y de acuerdo a la independiente Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (Fudecen) al cierre del año se habrán perdido 240.000 empleos. El Banco Mundial prevé que la economía de El Salvador caerá a -4,3% al cierre de 2020, Esa situación sumada a la caída de las remesas representa “un gran caldo de cultivo para la generación de mayor pobreza”, dijo a la AFP el presidente de Fudecen, Óscar Cabrera.
El actual escenario de crisis alimentaria “está poniendo a la economía salvadoreña en una situación de alta vulnerabilidad” y ello “puede traer tarde o temprano un estallido social”, advirtió.
Problema centroamericano –
La misma baja de las remesas que sufre El Salvador se vive en Honduras y Guatemala, donde los envíos de dinero de los migrantes son también un componente clave de la economía. Honduras acumuló de enero a mayo 1.946,1 millones de dólares, un 7,1% menos que igual período de 2019. En Guatemala ingresaron en el mismo periodo 3.916 millones de dólares, una disminución de 3,1%. En la periferia de San Isidro, Elsy González habla al teléfono con su esposo, Emérito Bonilla, que vive en el estado de Maryland, Estados Unidos. ,”Sin trabajo todo se dificulta, uno no puede ayudar, no puede enviar dinero, ni nada”, es el lapidario mensaje que Bonilla transmite a la mujer, que se quedó a cargo de la familia en El Salvador.
