Corte dice que Biden no puede priorizar deportaciones
El máximo tribunal de justicia negó este jueves un recurso de emergencia del gobierno pidiéndole anular una orden emitida por un juez de Texas, que frenó las prioridades de deportación de ICE mientras revisa la totalidad de la causa, pero anunció que celebrará una audiencia en diciembre. La Corte Suprema de Justicia negó este jueves un recurso de emergencia solicitado por el gobierno de Joe Biden para restablecer de inmediato la política de prioridades de deportación mientras revisa la totalidad de un proceso en el que dos cortes de apelaciones distaron fallos contrarios. Sin embargo, el máximo tribunal de justicia dijo que escuchará los méritos del caso en diciembre, cuando celebre una audiencia para que los abogados de ambas partes en el proceso presenten sus argumentos orales. En el fallo (5-4) participó por primera vez la magistrada Ketanji Brown Jackson, quien junto con los jueces Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Amy Coney Barrett habrían accedido a la solicitud de la Administración Biden de suspender un fallo emitido por una corte federal de distrito de Texas que dejó sin efecto la política migratoria del mandatario en cuanto a las prioridades de expulsión, dijo el diario The Washington Post. En su cuenta de la red social Twitter, el sitio Scotusblog dijo que el tribuinal «ha negado la solicitud de la administración de Biden para permitirle implementar su política de aplicación de la ley de inmigración mientras continúa el litigio, PERO acepta escuchar el caso en diciembre, sin esperar a que el tribunal inferior intervenga». La semana pasada el gobierno presentó un recurso de emergencia ante el máximo tribunal para dejar sin efecto el fallo de una corte federal de Distrito de Texas que, en junio, frenó las prioridades de deportación de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). El paso fue dado tras dos sentencias distintas emitidas por las cortes de Apelaciones del 5º y 6º circuito, decisiones que generaron una contradicción sobre el tema. El recurso legal tenía como objetivo dejar sin efecto el dictamen pronunciado por el juez federal Drew Tipton, de la corte federal de Distrito del Sur de Texas, que el pasado 10 de junio anuló las prioridades de expulsión enfocadas en aquellos extranjeros con antecedentes criminales que constituyen una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos. Los demandantes, los estados de Texas y Louisiana, ambos gobernados por republicanos, alegan que la política de deportaciones del DHS anunciada a finales de septiembre del 2021 violó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA). La decisión de la Corte Suprema de mantener vigente la orden de Texas de suspender las prioridades de deportación de Biden mientras revisará el caso en diciembre, “es un duro golpe para la Casa Blanca y la política migratoria del presidente porque no se podrán establecer prioridades al momento de proceder con la expulsión de un extranjero”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Ahora tenemos que ver cómo responderá el gobierno, a través de las agencias bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de qué manera va a implementar los casos de deportaciones”, agregó. “Quitando el memorando del secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, del año pasado donde se establecieron las prioridades, hemos vuelto a la posición anterior, donde las personas que están fuera de estatus o tienen una orden de deportación, en este momento corren el peligro o existe el chance que sean deportados”, advirtió. Guerrero dijo además que “no debería haber discrecionalidad. Las personas con orden de deportación o sin estatus legal de permanencia, antes de dar cualquier paso deben buscar asesoría legal y ver qué recursos legales disponibles puede utilizar en cado caso de verse en peligro de deportación de Estados Unidos”.
Mientras Texas aplaude, organizaciones critican fallo de Corte Suprema sobre prioridades de deportación
Texas celebró fallo de la Corte Suprema que impide restablecerlas, por ahora. Pero organizaciones proinmigrantes lanzan fuertes calificativos contra el sistema judicial al que tildan de “canalla, político, extremista e irresponsable». El estado de Texas, quien junto a Louisiana detuvo las prioridades de deportación del gobierno de Joe Biden, celebró la decisión emitida por la Corte Suprema el jueves, que impide al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) restablecerlas mientras revisa el caso. “La Administración Biden simplemente no puede evitar infringir la ley, especialmente la ley de inmigración”, dijo Ken Paxton, fiscal general de Texas en un comunicado. «Han rogado a todos los tribunales, hasta la Corte Suprema, que los libere, y cada vez le dicen que no”. La semana pasada el gobierno presentó al máximo tribunal de justicia un recurso de emergencia para dejar sin efecto un fallo emitido el 10 de junio por la Corte Federal de Distrito del Sur de Texas, que detuvo las prioridades de deportación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) establecidas a finales de septiembre en un memorando emitido por Alejandro Mayorkas, jefe de la seguridad nacional de Estados Unidos. Las prioridades se enfocan sólo en aquellos indocumentados con orden de deportación y antecedentes criminales que constituyen una amenaza a la seguridad pública, nacional y fronteriza de Estados Unidos. Texas y Louisiana, ambos gobernados por republicanos, alegaron que el gobierno no puede cambiar la Ley de Inmigración, y que está obligado a detener y expulsar a extranjeros con órdenes de deportación y antecedentes criminales, y que además violó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) al no tener en cuenta la opinión de los estados. Previo a la presentación del recurso de emergencia, la semana pasada la Corte de Apelaciones del 6º Circuito falló a favor de los demandantes. Un día antes, la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, sin embargo, emitió un dictamen favorable al gobierno en una segunda demanda entablada en marzo por los estados de Arizona, Ohio y Montana, también gobernados, quienes argumentaron que la implementación de las prioridades provocaría un aumento de la delincuencia y supondría una carga para los recursos de las fuerzas del orden público. La existencia de dos opiniones distintas se abrió la puerta para que el gobierno acuda a la Corte Suprema para dirimir el conflicto jurídico. Texas dijo que la decisión del tribunal, de impedir, por ahora, la restitución de las prioridades y que escuchará los argumentos de ambas partes durante una audiencia en diciembre, “es otra victoria” para el estado que en otro juicio previo logró restituir el Programa de Protección del Migrante (MPP). Al referirse a las prioridades, Paxton dijo que se trata de un “memorando ilegal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”. Y que como resultado del fallo, “la Administración debe continuar cumpliendo con la ley mientras espera más procedimientos legales”. Paxton también citó la opinión del fallo de junio indicando que el memorando de finaloes de septiembre del año pasado “es contrario a la ley, arbitrario y caprichoso, y procesalmente ilegal por no pasar por los procedimientos de notificación y comentario” públicos, tal como señala la APA. “Mientras nos preparamos para el argumento oral este invierno (diciembre), la Administración Biden debe detener extranjeros ilegales con condenas penales. Es la decisión legal correcta y es lo mejor para Texas y nuestra nación”, indicó. Por su parte, organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes fustigaron el dictamen y tildaron al poder judicial de “canalla, político, extremista e irresponsable” al no permitir el desarrollo de la política migratoria del gobierno de Biden. Se trata de un dictamen “absolutamente absurdo. Cada administración presidencial en la historia ha tenido prioridades de aplicación de la ley de inmigración”, dijo Aaron Reichlin-Melnick, del American Immigration Council (AIC). “Cuando el Congreso creó el DHS en 2003, ordenó legalmente que el secretario de seguridad nacional estableciera dichas prioridades. Ahora, una corte dividida 5-4 ha permitido que un solo juez, en Texas, invalide a Mayorkas”, señaló. A su vez, Mark Joseph Stern, redactor legal de Slate, escribió el jueves que “un solo juez de Trump, en Texas, puede llevar al DHS al caos al emitir una orden nacional que anula la autoridad del poder Ejecutivo para establecer prioridades de inmigración, algo que los presidentes han hecho siempre. Es tan descaradamente ilegal y partidista”. “El precedente establecido y las leyes en los libros no parecen importar frente a un poder judicial partidista e irresponsable impulsado por líderes estatales conservadores en Texas, Luisiana y otros lugares”, dijo David Leopold, asesor legal de America’s Voice y expresidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA). “El Congreso promulgó una ley que requiere que el poder Ejecutivo establezca prioridades de aplicación de la ley de inmigración y el enfoque de la Administración Biden para enfocar los recursos contra las amenazas a la seguridad pública es un enfoque de sentido común para usar lo que anteriormente habían sido poderes del poder ejecutivo establecidos durante mucho tiempo”, precisó.