La jueza de distrito Tanya S. Chutkan, sentenció que llevar a cabo las ejecuciones empleando un único tipo de inyección letal, como lo propuso el fiscal general William Barr en julio, contradice la Ley Federal de Pena de Muerte.
Una jueza suspendió a última hora del miércoles cuatro ejecuciones federales programadas, al encontrar que una propuesta formulada en julio por el fiscal general William Barr con la que buscaba reanudar la pena de muerte después de una pausa de 16 años, parece contrariar una ley federal.La jueza de distrito de Columbia, Tanya S. Chutkan, dictaminó que era probable que cuatro reclusos condenados tuvieran éxito en su demanda contra la propuesta de Barr de llevar a cabo las ejecuciones empleando un único tipo de inyección letal, al considerar que la posición del fiscal contradice la Ley Federal de Pena de Muerte. Los cuatro hombres debían ser ejecutados en diciembre y enero de 2020 en Indiana, dice el diario The Washington Post. La ejecución de un quinto hombre ya había sido detenida en una sentencia judicial separada el mes pasado. “Los demandantes han demostrado claramente que, en ausencia de medidas cautelares, sufrirán el daño irreparable de ser ejecutados bajo un procedimiento potencialmente ilegal antes de que sus reclamos puedan ser resueltos en su totalidad”, escribió Chutkan en su fallo. A principios de este año el fiscal Barr levantó la moratoria sobre ejecuciones federales, vigente desde 2003, que se basa en varias sentencias judiciales contra el método común de ejecución, que incluía un cóctel de tres drogas diferentes en las inyecciones letales. Barr propuso entonces un método simplificado de inyección letal usando un solo medicamento, el pentobarbital, en lugar de usar el compuesto de tres fármacos. La jueza Chutkan señaló en su decisión que esa política parece contradecir el requisito de la Ley Federal de Pena de Muerte de que los reclusos condenados a pena capital sean ejecutados “de la manera prescrita por la condena” y no mediante un método federal uniforme, porque es “muy probable” que vaya más allá de la autoridad del fiscal general.
La regla propuesta aumentaría la tarifa de solicitud de ciudadanía estadounidense en un 83%, al cambiarla de $640 a $1,170. También incluye una nueva tarifa para los asilados de $50 dólares. El servicio de inmigración anunció este viernes que propondrá un aumento de tarifas de la totalidad de sus servicios, y dijo que los nuevos precios serán publicados en breve en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) para un período de comentario público, como establece la ley. Los ajustes “son necesarios para garantizar la recuperación del costo total de administrar las leyes de inmigración del país, adjudicar solicitudes y peticiones, y proporcionar la infraestructura necesaria para respaldar esas actividades”, dijo la agencia en un comunicado.
La regla propuesta aumentaría la tarifa de solicitud de ciudadanía estadounidense en un 83%, al cambiarla de $640 a $1,170. La propuesta también aumentaría la tarifa para las solicitudes de DACA (permiso de trabajo Formulario I-765 más la toma de huellas digitales) de $495 a $765. La USCIS también anunció este viernes que propondrá un nuevo cobro para los solicitantes de $50 dólares por solicitud. Hasta ahora los peticionarios de asilo no pagan al someter la solicitud correspondiente, que se financia con un porcentaje de las otras tarifas. “Esta propuesta niega la igualdad de oportunidades para todos los inmigrantes, independientemente de sus recursos o clase. Hacemos un llamado al Congreso para que ponga fin a esto y apruebe la Ley del Nuevo Trato para los Nuevos Americanos”, dijo George Escobar, jefe de programas de CADA de Maryland.
Estaban advertidas
Univision Noticias había reportado el pasado 23 de septiembre que la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) se encontraba “revisando” las tarifas, y que una vez concluido el proceso anunciaría el alza. “Actualmente la USCIS está llevando a cabo su revisión de tarifas bienales, según lo requerido por la Ley de Directores Financieros de 1990, para estudiar los ingresos, costos y necesidades de la agencia”, respondió la dependencia por medio de un correo electrónico. “Como siempre”, agregó, “USCIS comunicará públicamente información sobre su revisión de tarifas a través de un aviso de propuesta de reglamentación (NPRM) publicado en el Registro Federal, en caso de que se tome la decisión de ajustar sus tarifas”, dijo la agencia en aquella ocasión.
Razones oficiales
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que las tarifas recaudadas y depositadas en la Cuenta de Tarifas para Evaluaciones de Inmigración (IEFA) de la USCIS, financian casi el 96% del presupuesto de la dependencia. Y que, a diferencia de la mayoría de las agencias gubernamentales, “USCIS se financia con las tarifas”. Añadió que la ley federal requiere que USCIS lleve a cabo revisiones de tarifas cada dos años y recomiende los ajustes necesarios para garantizar la recuperación del costo total de administrar las leyes de inmigración. “USCIS debe examinar los gastos entrantes y salientes de igual forma que una empresa, y realizar ajustes basados en ese análisis. Este ajuste propuesto en las tarifas garantizaría que más solicitantes cubran el costo real de sus solicitudes y minimizaría los subsidios de un sistema ya demasiado extendido”, dijo el director interino del USCIS, Ken Cuccinelli. “Además, la adjudicación de las solicitudes y peticiones de inmigración requiere una investigación exhaustiva, por lo que se incurre en costos que deben ser cubiertos por la agencia, y esta propuesta toma en cuenta nuestras necesidades operacionales y alinea mejor nuestra escala de tarifas con los costos administrativos de cada solicitud”, añadió.
Alza prevista
En septiembre Univision Noticias reportó que el gobierno de Trump estaba impulsando una propuesta para aumentar a $975 (un 900%) el costo de las apelaciones para los migrantes que piden asilo en la frontera y reciben un fallo adverso por parte de los jueces de inmigración.La tarifa actual para apelar es de $110 y se lleva a cabo por medio del Formulario I-290B. El trámite de apelación para revertir un fallo emitido por un juez se hace ante la Corte de Apelaciones de Inmigración (Board of Immigration Appeals, BIA). El plan también contempla un aumento a $895 para la petición de reapertura de un caso. Ambos procedimientos forman parte del debido proceso y persiguen anular o revertir una orden de deportación.
“No tienen recursos”
De llevarse a cabo la medida, dicen abogados y activistas que defienden los derechos de los inmigrantes, tendría un “impacto severo” en los solicitantes de asilo y cerraría las puertas a la protección de quienes huyen para salvar sus vidas. “Un cambio de este cambio resultaría prácticamente en negarles el derecho de apelación”, dijo Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego. La USCIS dice que las tarifas actuales dejan a la agencia con una insuficiencia de fondos de aproximadamente $1.300 millones de dólares cada año. La última vez que la agencia actualizó sus tarifas fue en el año fiscal 2017 con un aumento promedio ponderado de 21%, porcentaje similar al propuesto en esta ocasión.
Apelar una deportación será más costoso en EEUU: estos son los nuevos desafíos de las políticas migratorias… Apelar una deportación será más costoso en EEUU: estos son los nuevos desafíos de las políticas migratorias
Se llevo a cabo la gran gala de recolección de fondos de la Asociación Civica Brian P Stack este fin de semana con un lleno total. Mas de tres mil personas de la ciudad de Union City atendieron el llamado del alcalde Brian P Stack al igual que varios oficiales electos de la ciudad de Union City, el condado de Hudson el Gobernador de Nueva Jersey, Phil Murfy y el congresista de los Estados Unidos, Albio Sires
Fue una noche de alegría y diversión para los seguidores del alcalde y senador estatal, Brian P Stack.
“Me siento muy orgulloso de que ustedes estén aquí apoyando con sus aportes todas las actividades comunitarias y sociales que realiza la Asociación Civica para ayudar a miles de residentes en temas de inmigración, taxes, asesoria legal y que reciben los pavos para el día de acción de Gracias y las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Quiero expresarles mi cariño y agradecimiento por ser parte de este gran equipo que cada dia lucha por tener un Union City mejor y mejor”, dijo el alcalde Stack
El gobernador Murphy dijo: “La labor que realiza el senador y alcalde Stack se ve reflejada aquí no solo por el gran numero de personas que atendieron su llamado sino por el afecto y cariño que expresan a este lider excepcional que siempre pone a Union City adelante”
Por otra parte del Congresita Albio Sires expres: “Hace mucho tiempo conozco a Brian P Stack y cada día me asombra mas por su liderazgo y capacidad para llevar adelante toas las acciones comunitarias y sociales por su ciudad, no son los números de votos sino el numero de simpatizantes que tiene y que lo coloca como una verdadero líder”.
Legisladores republicanos irrumpieron el miércoles en una audiencia a puertas cerradas en la que declaraba un testigo que hace parte de la investigación contra el presidente Donald Trump y se negaron a abandonar la sala, furiosos por haber sido dejados de lado del proceso.
Unos 30 congresistas invadieron una de las salas de reuniones seguras del Capitolio, demorando el testimonio de una funcionaria del Pentágono, quien comparecía como testigo de la investigación impulsada por los demócratas sobre el presunto abuso de poder cometido por Trump, en el que habría presionado al presidente de Ucrania para que investigue a su posible rival para las elecciones de 2020, Joe Biden, y a su hijo Hunter.
En la embestida, los republicanos ingresaron a la sala segura, llamada SCIF en la jerga del Capitolio, con sus teléfonos celulares, lo que generó preocupación porque constituye una violación al reglamento de la Cámara de Representantes.
Aparentemente, algunos de esos parlamentarios que interrumpieron la sesión incluso publicaron mensajes en sus cuentas de la red Twitter desde el interior de la SCIF, espacios diseñados especialmente para impedir el espionaje con dispositivos electrónicos.
“Lideré a 30 de mis colegas hasta la SCIF donde [el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes] Adam Schiff toma testimonios para el impeachment de forma secreta. Aún dentro – siguen más detalles”, escribió en Twitter el representante republicano Matt Gaetz, un aguerrido defensor de Trump y sus políticas.
Adam Schiff, quien dirige la investigación parlamentaria demócrata contra el presidente republicano, se vio obligado a llamar al jefe de seguridad de la Cámara, según el The Washington Post.
La audiencia de Laura Cooper, funcionaria del departamento de Defensa responsable de la política para Rusia, Ucrania y Europa Central, finalmente pudo comenzar en la tarde después de varias horas de retraso.
Alex Mooney, uno de los parlamentarios que ingresó a la SCIF con Gaetz, dijo en una grabación de audio disponible en internet que, cuando Schiff los vio, “tomó a la testigo y salió de la sala, porque se niegan a realizar una audiencia de un modo transparente”.
Los republicanos que se oponen al juicio político parecen haber acordado una nueva estrategia para combatirlo: atacar al proceso en sí mismo, alegando que es inválido porque la cámara baja no votó a favor del inicio de una investigación con ese fin, y que el mecanismo carece de transparencia. Los demócratas calificaron la irrupción como una maniobra publicitaria.
Todos los integrantes de los tres comités que llevan adelante la investigación, que es parte del proceso del juicio político en contra del presidente, tanto demócratas como republicanos, están autorizados a presenciar los testimonios e interrogar a los testigos.
La protesta republicana ocurre dos días después de que Trump alentara a su partido a “ponerse más duros y pelear” contra la investigación.
Stephen Lynch, congresista demócrata, dijo que los republicanos buscaban la “disrupción” de la audiencia para enfocarse en el proceso en vez de hacerlo en la sustancia de las declaraciones del testigo. Quieren “ejercer un derecho que no existe”, dijo Lynch a la CNN.
El martes el diplomático estadounidense Bill Taylor, designado en Ucrania, habló durante 10 horas ante el Comité y dio un testimonio que habría confirmado las sospechas de los demócratas. Relató cómo Trump intentó presionar a Ucrania para que investigue a su principal rival político y su hijo.
En su testimonio, Taylor informó que el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea (UE) le dejó en claro que Trump había vinculado la liberación de ayuda militar a Ucrania a que Kiev despliegue una investigación contra el hijo de Biden, que estaba en el consejo de administración de una empresa de gas ucraniana.
Si la Cámara vota afirmativamente por la acusación a Donald Trump, el procedimiento pasaría al Senado, con mayoría republicana, para definir la suerte del juicio político contra el presidente.
