La CIDH llamó la atención sobre el asedio continuo contra medios de comunicación y opositores. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer este miércoles en un informe que van 328 muertos, tres desaparecidos, 130 encarcelados y 88.000 nicaragüenses exiliados, a causa de la crisis sociopolítica que vive el país centroamericano desde abril de 2018. Según el informe titulado “Situación de los derechos humanos en Nicaragua”, de los 328 fallecidos, 24 son niñas, niños y adolescentes. Otros 21 muertos son oficiales de la Policía Nacional, según las “cifras de la represión”, actualizadas hasta el 5 de octubre pasado, indicó ese organismo. El diagnóstico fue elaborado por el Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua (Meseni), de la CIDH. Desde que estalló la crisis, el 18 de abril de 2018 por una impopular reforma a la seguridad social que luego se convirtió en una demanda de renuncia del mandatario, 400 profesionales de la salud han sido despedidos por el Estado, y 144 estudiantes de universidades públicas, expulsados como represalia por parte del Gobierno de Daniel Ortega. Asimismo, más de 90 periodistas y trabajadores de medios independientes se han exiliado principalmente por razones de seguridad, tras recibir amenazas, asedio, hostigamiento y persecución. Junto a ellos, más de 88.000 nicaragüenses huyeron a países vecinos, principalmente a Costa Rica, según el informe. La CIDH advirtió que continúa documentando el asedio y persecución selectiva a personas opositoras. “Los principales patrones consisten en pintas con mensajes amenazantes en sus casas. Como parte de este asedio, también se reporta el allanamiento de viviendas”, explicó. El informe también alertó que siguen sin reportarse investigaciones imparciales y oportunas sobre las circunstancias del fallecimiento de las víctimas de la represión estatal en el contexto de la crisis. “Los asesinatos de campesinos, en 2018 y 2019, continúan sin investigarse, mientras que la sociedad civil denuncia varios de ellos como resultado de la acción del Estado”, anotó. Los asesinatos de campesinos, en 2018 y 2019, continúan sin investigarse, mientras que la sociedad civil denuncia varios de ellos como resultado de la acción del Estado Por otro lado, la CIDH observó que el Estado mantiene prohibida las manifestaciones pacíficas desde hace 13 meses y que “continúa el cierre de todos los espacios democráticos”. Apuntó que previo a las manifestaciones opositoras se da un amplio despliegue policial que incluye detenciones y requisas de autobuses y el impedimento para movilizarse hacia la marcha, lo que hace que se reduzcan a plantones sitiados y acorralados por la policía en sitios comerciales privados. La CIDH también advirtió que se mantiene un ambiente de persecución y represión sistemática contra los medios de comunicación y periodistas independientes en el país. En ese sentido, subrayó que a finales de septiembre, el periódico El Nuevo Diario, el segundo de mayor importancia en Nicaragua, anunció la cancelación de sus ediciones impresa y digital, junto al diario Metro, y el medio digital Maje, todos de la empresa ND Medios. En el mes pasado, agrega el informe, también se documentó el asedio a medios de comunicación independientes, incluyendo la radio La Corporación y Radio Darío. “En el caso del periodista Aníbal Toruño”, que regresó del exilio, “su casa y las instalaciones de Radio Darío fueron pintadas con amenazas de muerte después que anunciara su retorno a León”, 90 kilómetros al noroeste de Managua, añadió. Desde abril de 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 651 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.
El mandatario ostentaba el cargo de presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros. El socialismo, el partido único y la elección indirecta permanecen, pero algunas estructuras cambian: Cuba estrenó este jueves un sistema de poder repartido en varias manos, que releva a la generación de 1959. Miguel Díaz-Canel, quien se desempeñaba desde 2018 como presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, fue elegido por la Asamblea Nacional (Parlamento) como presidente de la República, un cargo restituido por la nueva Constitución después de 43 años. En la vicepresidencia lo acompaña Salvador Valdés (74), mientras que como jefe del Parlamento se ratifica a Esteban Lazo (75), quien además liderará el Consejo de Estado. Dos revolucionarios históricos que integraban el Consejo de Estado, los comandantes Ramiro Valdés (87) y Guillermo García (91), quedaron fuera de ese órgano. Valdés mantendrá su permanencia en el selecto Buró Político del único y gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC) hasta 2021. Homero Acosta, un jurista de 55 años, se mantiene como secretario del Consejo de Estado, y ahora lo será también de la Asamblea.
Fue quien dirigió la redacción de la nueva Constitución, con una relevante presencia pública. El Consejo de Estado, hasta ahora con 31 miembros incluyendo seis vicepresidentes, se redujo a 21, con cuatro integrantes nuevos.
Contexto adverso
Hasta ahora, la principal figura era el presidente de los Consejos de Estado y Ministros, puesto que ocuparon Fidel (1976-2008) y Raúl Castro (2008-2018), simultáneamente con el de primer secretario del PCC. Díaz-Canel sucedió a Raúl (88) en 2018, aunque este, su mentor político, mantiene el liderazgo del PCC hasta 2021, cuando espera jubilarse próximo a los 90 años. Díaz-Canel pasa a ser el presidente de la República, un mandato de 5 años con opción a una reelección, y se rodea de sus contemporáneos, siempre bajo la atenta mirada de los históricos. Tiene la tarea de acelerar la lenta reforma económica del país, en un contexto adverso.
La administración Trump refuerza el bloqueo que Washington aplica contra la isla desde 1962, y la acusa de apoyar militarmente al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Ahora sanciona a los barcos que transportan petróleo desde Caracas, lo que ha ocasionado escasez de combustible. Hay una franja de población, que está entre los 16 y 30 años, que manifiesta en las redes sociales su desacuerdo con la elección indirecta.
El miércoles, en una sesión del Parlamento, Díaz-Canel comentó que, debido a las hostilidades de Washington, “países hermanos no han podido cumplir sus compromisos de suministro de petróleo y de pago”, lo que complica la liquidez. “Nos están persiguiendo barco a barco”, agregó. La nueva Constitución ha sido criticada por el jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo, para quien Cuba consolida su sistema socialista sin “garantizar al pueblo cubano libertades fundamentales”. “Las prioridades (del gobierno son), combustible, alimentos, (pago de) deuda”, agregó Díaz-Canel. Otro asunto importante es la defensa, dijo, porque “hay toda una amenaza, toda una escalada, se ha regresado a los peores conceptos, los mas conservadores”, aseguró.
Nueva generación con internet
“Llega al poder una nueva generación de líderes, con un marco institucional de dirección más colectiva, y un mandato de reforma” de una economía de corte soviético, comentó a la AFP el académico cubano Arturo López-Levy, de la Holy Names University de California. Pero “la selección (…) ha pasado por los viejos líderes partidistas, que han actuado con importantes poderes de veto”, añadió. La nómina fue elaborada por una comisión de candidaturas, tras consultas con los diputados, y solo se conoció en el momento de la elección. Los 605 diputados fueron elegidos por la ciudadanía en 2018, en una votación cerrada: igual número de escaños para igual número de candidatos. Son ellos los que eligen a los altos cargos del país. “Hay una franja de población, que está entre los 16 y 30 años, que manifiesta en las redes sociales su desacuerdo con la elección indirecta”, prevista en la Constitución aprobada en abril, sostuvo Estrada. En diciembre llegó el 3G a Cuba, abriendo espacio a una sociedad civil crítica pero no necesariamente opositora, que le habla de tú a tú a sus autoridades en Twitter. El presidente de la República es el jefe de Estado y en diciembre designará a un primer ministro, otra figura que vuelve a la estructura política. “El país será gobernado por las mismas personas, pero, quizás en algunos asuntos, lo hagan de manera más contemporánea con el presente y menos atada a preconceptos que actúan como limitantes autoimpuestas”, comentó el politólogo Jorge Gómez Barata.
“Es de esperar cierto rejuvenecimiento de los líderes, mayor energía para implementar cambios ya decididos, pero todo eso dentro de los límites del eslogan ‘somos continuidad'” que Díaz-Canel proclama, dice López Levy.
Hace una semana, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, presentó en cadena nacional un paquete de medidas económicas y futuras reformas que dieron inicio a una serie de manifestaciones ciudadanas que continúan hasta hoy.
¿Sus protagonistas? Mayoritariamente el gremio de los transportistas, quienes respondieron cortando carreteras y bloqueando las principales avenidas de una veintena de provincias.
Esto provocó que el mandatario decidiera decretar estado de excepción en el país, aumentando el número de agentes de seguridad para controlar los desórdenes. Pese a esto, las manifestaciones no cesaron y continuaron los enfrentamientos entre la policía y los ciudadanos.
Además, aumentó la cantidad de detenidos y heridos. En una de las protestas, incluso, una persona falleció.
Aunque el viernes los transportistas anunciaron el fin del paro -despejando las calles y volviendo a tomar pasajeros-, de acuerdo al diario El Comercio de Ecuador en las calles de Quito todavía no circulan taxis. Muchas instituciones educacionales, por su parte, han decidido suspender las clases por precaución y solidaridad a los movimientos sociales.
Otro factor complica a Moreno: varias comunidades indígenas se sumaron al descontento ciudadano y durante el fin de semana bloquearon las principales rutas de transportes de al menos seis provincias, y amenazan con avanzar hasta la capital ecuatoriana.
El jefe Estado hizo un llamado al diálogo durante el fin de semana, pero los pueblos originarios rechazaron conversar con el Ejecutivo.
El día de ayer, y amparado por el estado de excepción y el incremento de los enfrentamientos, Moreno decidió trasladar la sede de gobierno a Guayaquil tras acusar un intento de golpe de Estado, organizado presuntamente por el ex mandatario de ese país Rafael Correa y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Indígenas del sur andino arribaron a pie a Quito para protestar por el aumento de tarifas de combustibles en hasta 123%. A su ingreso a la ciudad, los manifestantes atacaron y quemaron un tanque del Ejército.
“Estaremos llegando más de 20 mil indígenas”, anunció Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).
Por otro lado, el ministerio de Educación decidió suspender las clases de hoy martes a nivel nacional, aunque según los reportes, las escuelas están vacías desde el pasado jueves.
¿Cuáles son las medidas económicas que iniciaron las movilizaciones?
Moreno dio a conocer seis medidas económicas y 13 propuestas de reformas laborales. La más polémica fue el término del subsidio al precio de los combustibles. Un beneficio que regía hace más de 40 años en el país y que, de acuerdo a Moreno, “ha beneficiado durante décadas principalmente quienes no lo necesitan o a los que viven del contrabando”.
En relación a las reformas laborales, también se esperan modificaciones relacionados con los empleados públicos, como la reducción de sus vacaciones y nuevas modalidades de contratos para los reemplazos.
Las propuestas de Moreno además incluían reducción de impuestos en materias primas, insumos, el establecimiento de un impuesto único para el banano y cambios en el sistema de pensiones.
Según indicó el ministro de Economía de ese país, Richard Martínez, la iniciativa del Palacio de Carondelet responde a un acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto a un préstamo que deben devolver durante los próximos tres años.
Por su parte, el FMI reconoció y aplaudió la propuesta del gobierno ecuatoriano. A través de un comunicado, el organismo indicó que,“tienen como objetivo mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de la economía ecuatoriana”.
En el tercer día del juicio por drogas en Nueva York del excongresista hondureño Tony Hernández, un traficante confeso, Víctor Hugo Díaz Morales, alias ‘El Rojo’, contó al jurado que pagó $100,000 para financiar las campañas electorales de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández.
Un narcotraficante confeso Víctor Hugo Díaz Morales, alias ‘El Rojo’, dijo que en 2009 el ex congresista ‘Tony’ Hernandez, el hermano del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernandez, le pidió pagar 100,000 dólares para financiar las campañas electorales del aspirante a presidente, Porfirio Lobo, y el entonces congresista, y futuro presidente, Juan Orlando Hernandez. Díaz Morales dijo que solo en 2008 pago a ‘Tony’ Hernández por tres cargamentos de cocaína, con un total de casi 2,000 kilos también, a un precio de 10,000 dólares por kilos. Los paquetes de droga llevaban un logotipo con las iniciales del congresista – ‘TH’ – inspirado en la marca de moda Tommy Hilfiger, según Diaz Morales. Cuando una imagen del paquete fue mostrado al jurado en una pantalla grande, ‘Tony’ Hernández reaccionó sacudiendo la cabeza con incredulidad. No estaba claro si su reacción era una indicación de su negación de que la cocaína le pertenecía a él, o si lamentaba haber puesto su nombre en los paquetes. ‘Tony’ Hernández enfrenta cuatro cargos de tráfico de drogas, así como cargos de armas, y es acusado de sobornar a altos funcionarios hondureños para traficar con tranquilidad varias toneladas de cocaína a los grandes mercados. Era “un violento traficante de cocaína de proporciones épicas” que traficaba toneladas de cocaína con la ayuda de una red de policías, militares y políticos contra la corrupción en las montañas del noroeste de Honduras, cerca de la frontera con Guatemala, según el fiscal Jason Richman. En una sorprendente declaración de apertura del juicio el miércoles, Richman alegó que el narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán le entregó personalmente ‘Tony’ Hernandez un millón de dólares para su hermano, el presidente Hernández. Tony Hernández se ha declarado inocente de todos los cargos. El presidente Hernández, quien es un coconspirador no acusado en el caso, también ha negado rotundamente cualquier relación con el dinero ilícito procedente de las drogas. El presidente Hernández emitió un comunicado el miércoles por la noche, en el cual rechazaba los alegatos del fiscal diciendo que era una acusacíon “100% falsa, absurda y ridícula … Esto es Alicia en el país de las Maravillas.” Las revelaciones en el caso de ‘Tony’ Hernández son las últimas de una serie de bombas que pintan una imagen cada vez más impactante de Honduras como un narcoestado, lo que complica aún más las relaciones con el gobierno de Estados Unidos, que ha llamado al presidente Hernández un aliado “fantástico” en la guerra contra las drogas. También parece proporcionar evidencia de la propia complicidad del gobierno hondureño en el aumento de la violencia que convirtió a ese país en uno de los países más peligrosos del mundo y obligó a cientos de miles de migrantes huir hacia el norte.
140 kilos en una década Díaz Morales, uno de los cuatro acusados en el caso de Hernández, dijo al tribunal el jueves que traficó un total de 140 toneladas de cocaína con ‘Tony’ Hernández durante más de una década en el occidente de Honduras, antes de ser arrestado en 2017 en la ciudad de Guatemala. Explico al jurado que vio por primera vez la cocaína marcada con TH en un cruce fronterizo clandestino entre Honduras y Guatemala llamado Traceros Santa Bárbara. “Esa cocaína me la vendió ‘Tony’ Hernández”, dijo al jurado. La cocaína había llegado por avioneta desde un laboratorio de drogas en la frontera entre Colombia y Venezuela, dijo. Díaz Morales dijo que lo vendió a un traficante en Guatemala, eventualmente para su entrega a los Estados Unidos. Díaz Morales dijo que pagaba $50,000 a ‘Tony’ Hernandez para información sobre radares de la fuerzas de seguridad para proteger cargamentos de cocaína por aire, mar y carreteras en Honduras. “Así se da cuenta si los cielos están despejados,” explico el narcotraficante al jurado. Reveló también el jueves durante su primero día de testimonio en la corte que le dio 40,000 dólares a Juan Orlando Hernández para su campaña para el Congreso en 2005, cuando la carrera política del futuro presidente aún estaba en sus primeras etapas.
