“Acta por la Dignidad de los Padres, Encarcelados, Encargados del Cuidado Primario de sus Niños”

Se convirtió en ley el de López, Vainieri Huttle y Reynolds-Jackson
Para proporcionar, a las personas encarceladas que son padres y cuidadores primarios de sus hijos, ciertas protecciones para ayudar a preservar los lazos familiares que -a menudo- son cruciales para la rehabilitación, la legislación patrocinada por las asambleístas Yvonne Lopez, Valerie Vainieri Huttle y Verlina Reynolds-Jackson fue promulgada ley el jueves gracias a la firma del gobernador Phil Murphy.
La ley (anteriormente A-3979), conocida como la “Ley de dignidad para padres encargados del cuidado primario de sus hijos”, se centra en los padres encarcelados en las instalaciones correccionales estatales y del condado, un segmento en crecimiento de la población carcelaria que generalmente se excluye de la conversación sobre la reforma de la justicia penal. Si bien la mayoría de los padres en prisión son individuos masculinos, la tasa de encarcelamiento femenina en Estados Unidos continúa creciendo rápidamente. Un informe de 2010, de la Oficina de Estadísticas de Justicia, encontró que, desde 1991 el número de niños con una madre en prisión se había más que duplicado: un 131 por ciento más. El número de niños con un padre en prisión había crecido en un 77 por ciento. El informe también encontró una tasa de crecimiento más rápida en el número de madres detenidas en prisiones estatales y federales (un 122 por ciento más), en comparación con el número de padres (un 76 por ciento más) entre 1991 y mediados de 2007.
Ya sea hombre o mujer, todos los padres encarcelados enfrentan desafíos únicos, ya que su encarcelamiento afecta a toda la familia.
El status quo actual en el sistema correccional puede dificultar que estos padres mantengan relaciones con sus hijos. Muchos se enfrentan a decisiones difíciles, como usar los fondos limitados que posean, para llamar a casa para hablar con sus hijos, o comprar productos de higiene en la despensa de la comisaría.
“Hoy, el estado de Nueva Jersey ha promulgado uno de los proyectos de ley de defensa de reclusos más fuertes de la nación”, dijo López (D-Middlesex). “Durante demasiado tiempo, los reclusos y sus familias han sufrido políticas obsoletas y la falta de derechos básicos. La Ley de Dignidad les brindará a los reclusos las protecciones que merecen para mejorar el reingreso y hacer que la prisión sea rehabilitadora en lugar de punitiva”.
“Las penas de prisión no deberían destruir a las familias”, dijo Vainieri Huttle (D-Bergen). “Las mujeres no deben ser encadenadas mientras están encarceladas durante el parto. Al promulgar esta ley, estamos ayudando a las familias a mantenerse conectadas, reduciendo las tasas de reincidencia y garantizando que las mujeres reciban protección contra la negligencia y el abuso mientras cumplen su condena”.
“Los niños a menudo tienen cicatrices emocionales y psicológicas debido a las acciones de sus padres, muchos de los cuales fueron víctimas de heridas similares”, dijo Reynolds-Jackson (D-Hunterdon, Mercer). “Esta ley tiene la intención de ayudar a prevenir dicha disfunción, que en algunos casos es generacional”.
“Con el Acta por la Dignidad promulgada ahora, Nueva Jersey ha dado otro paso importante para restaurar la justicia en nuestro sistema de justicia penal”, dijo el senador Cory Booker (D-Nueva Jersey). “La mayoría de las mujeres tras las rejas son sobrevivientes de traumas o abusos y nuestro sistema actual no está equipado para brindar la atención sobre traumas que estas mujeres merecen. Esta legislación hará una serie de cambios de sentido común para abordar sus circunstancias únicas, tratándolos de manera más digna y humana y, en última instancia, preparándolos mejor para una vida exitosa fuera de la prisión. Aplaudo al gobernador Murphy por convertir este Acta en ley y a las asambleístas Yvonne López, Valerie Vainieri Huttle, Verlina Reynolds-Jackson y las senadoras Linda Greenstein y Teresa Ruiz por su incansable trabajo para impulsar esto a través de la legislatura de nuestro estado”.
“La promesa de esta ley es enorme: crea una mayor oportunidad para que los padres en prisión mantengan conexiones con sus hijos en el exterior y, de manera crucial, les dará a ellos, a sus familias y a todos los habitantes de Nueva Jersey acceso a una de las entidades de supervisión de correcciones independientes más sólidas del país”, dijo el Director Ejecutivo de ACLU-NJ, Amol Sinha. “Agradecemos a los patrocinadores por su liderazgo y visión continua para hacer de Nueva Jersey un líder en la reforma de la justicia penal. Esta ley reconoce la urgencia de derribar los muros que evitan que las injusticias en la cárcel vean la luz del día, y reconoce que cuando las personas mantienen los lazos que más nos importan, Nueva Jersey es más fuerte. Lamentablemente, nuestro estado tiene la disparidad racial negra-blanca más severa en el encarcelamiento en el país, por lo que es esencial que la implementación de esta ley se trate tanto desde la justicia racial como desde la justicia penal”.
La ley requiere que el Comisionado de Correcciones y el director ejecutivo de cada centro correccional del condado en el estado adopten las siguientes políticas con respecto a los cuidadores principales de niños:
• Coloque a los padres encargados del cuidado primario con niños en una instalación lo más cerca posible de ese niño.
• Promover y alentar las políticas de visitas.
• Prohibir el confinamiento solitario y el encadenamiento de las reclusas embarazadas.
• Brinde a los reclusos clases para padres y atención informada sobre traumas, y oficiales de correcciones con capacitación sobre cómo interactuar con las víctimas de traumas.
• Permita que los ex reclusos sean mentores de los padres encarcelados ayudándolos con el reingreso.
La Oficina del Ombudsman de Correccionales está obligada por ley a monitorear las denuncias de abuso físico contra reclusos que incluyen, entre otros: abuso sexual y agresión sexual; abuso en viviendas segregadas; registros abusivos sin ropas; abuso que ocurre durante el transporte de prisioneros; desnutrición; y la falta de suministro de productos de higiene femenina –gratuitos- solicitados por las reclusas, que cumplan con los estándares de la industria, así como aspirina, ibuprofeno y cualquier otro elemento que el comisionado considere apropiado.
Además, el nuevo estatuto requiere que la Oficina brinde información a los reclusos y sus familias; promover los derechos de los internos; identificar problemas sistémicos y posibles respuestas; y asegurar el cumplimiento de las leyes y políticas relevantes. Los oficiales de correccionales y otros empleados tienen prohibido ingresar a los baños de los reclusos del sexo opuesto, excepto cuando sea necesario, y las mujeres embarazadas y los reclusos que son padres de cuidado primario, podrían inscribirse en programas residenciales de abuso de drogas.
Este Acta entrará en efecto el primer día del séptimo mes siguiente a la promulgación.