María Arriaga lleva 26 años tratando de reabrir su caso migratorio para que un juez de inmigración deje sin efecto una orden de deportación emitida en 1994. “Por un error en un permiso de ellos (del desaparecido Servicio de Inmigración y Naturalización -INS), me quitaron mi permiso y me dieron la deportación”, cuenta. La pesadilla de Arriaga iba a terminar a principios de abril de este año, cuando un juez de inmigración aceptó una moción de reapertura que tiene como objetivo dejar sin efecto la orden de deportación para que pueda presentar un Perdón 42B (Remoción de Deportación, un trámite disponible para padres de residentes y/o ciudadanos estadounidenses, quienes deben demostrar que llevan más de 10 años ininterrumpidos en Estados Unidos y probar que un familiar inmediato padecerá un sufrimiento extremo si lo deportan).  “Primero ella debe anular la orden de deportación vigente”, explica Alex Gálvez, su abogado. “Pero debido a la pandemia del coronavirus, el tribunal que vio su caso y aceptó la moción, tenía que haber enviado el citatorio, pero no lo hizo y no lo hará hasta cuando pase la emergencia de salud pública. Y para eso pueden pasar meses, quizás años, dependiendo del calendario del tribunal y del número de casos acumulados para cuando todo vuelva a la normalidad”. Antes de la pandemia, la tercera semana de marzo, la Corte de Inmigración tenía alrededor de 1.2 millones de casos acumulados y unos 440 jueces, cada uno maneja 700 casos por año. Es decir, un expediente puede demorar en promedio 3.8 años en ser resuelto.  “Y por cada día de la pandemia miles de casos han sido pospuestos y no sabemos cuántos ni cuándo serán reprogramados una vez reabran los tribunales para los juicios suspendidos de inmigrantes en libertad”, dice Gálvez. El último reporte de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, Corte de Inmigración) señala que las audiencias para casos pospuestos “no se pueden actualizar debido a cambios operativos durante la pandemia de coronavirus” y que todas las audiencias “ en casos de no detenidos se posponen hasta el viernes 12 de junio de 2020, inclusive”.

La batalla de María

Era el mes de abril de 1994. “Desde entonces comencé un largo proceso para quitarme esa orden de deportación, pero no pudimos hacerlo”, cuenta María. “Lo hemos intentado muchas veces, pero la orden (de deportación) ahí está, como una sombra que se quedó para siempre”.  “Traté de hacerlo, que me la quitaran, pero nunca pude. Estuve batallando por muchos años y, como no se podía, pues me quedé. Y entonces vino la incertidumbre, sabe, de todos los días. Una tiene miedo a que vengan y la arresten, que se la lleven y deje a los hijos solitos, sin el cuidado de una”, señala. Arriaga es madre de tres hijos ciudadanos estadounidenses de 19, 18 y 15 años. “El del medio, Walter, padece del síndrome Pena Shokeir”, explica. “Cuando nació me dijeron que sólo viviría unos seis meses, pero vea, ya casi va a cumplir los 20. Pero requiere cuidados todo el tiempo, las 24 horas de los siete días de la semana”. El síndrome Pena Shokeir es una deformación fetal genética rara que en un elevado porcentaje de casos causa la muerte del bebé en el útero. “Mi niño nació malito, vive conectado a un respirador artificial y de esa manera se alimenta. Él depende de mí a diario, de cuidados especiales. Nunca he dejado de atenderlo y siempre vivo con el miedo a la migra. Esos dos temores van juntos”. “Desde que estaba chiquito me daba terror ir a los hospitales porque en las noticias decían, incluso ahora, que la migra entra y se llevan a las personas. Pero tenía que ir para que a mi pequeño lo atendieran, sobre todo cuando se pone malito y le dan neumonías”, explica y cuenta hasta el mínimo detalle, como si aquellos viajes hubiesen sido ayer o la semana anterior. Cada paso en la vida de Walter lo lleva grabado en su mente, una rutina que comienza al amanecer escuchando el sonido del respirador artificial. “No salgo mucho, excepto para ver a los médicos. Él no habla, no camina, está conectado a una máquina. Yo soy quien lo cuida, la que se encarga de él, de sus terapias, de atenderlo. Y ahora que vino la pandemia y no puedo ir al hospital, mi trabajo es todavía más importante. Los médicos me llaman por teléfono para preguntarme por la salud de Walter y yo les dijo que está bien, pero igual tengo miedo a que me vengan a buscar para deportarme”, comenta.

“No queda más que esperar”

Gálvez dice que, por ahora, “no queda más que esperar”. Agrega que desde que Arriaga llegó a Estados Unidos en 1994, “físicamente nunca salió” del país e indica que su hijo Walter “necesita ayuda las 24 horas del día”.

“Acabo de ganarle la moción de reabrir su caso de deportación a finales de abril, pero la corte no le dio su próxima audiencia por la clausura de los tribunales debido a la pandemia”, dice. “Generalmente cuando se gana una moción de reapertura, la corte automáticamente manda notificación de la primera audiencia”.  Una vez finalizado este proceso, “entonces se somete el Perdón 42B, por llevar más de 10 años en el país y tener un hijo ciudadano que depende de ella y padecerá un sufrimiento extremo si a ella la deportan”, explica. Gálvez añade que “el tribunal nos escuchó y permitió reabrir el caso. El juez nos escuchó. Pero la citación que corresponde no ha sido procesada. El problema ahora será que, para cuando el tribunal reabra, habrá otras audiencias por encima de la nuestra y no sabremos cuándo iremos a la corte para la primera cita de tantas otras a las que debemos asistir”. “Solo debemos esperar que, una vez termine el cierre decretado por la pandemia, reprogramen la audiencia. Pero nadie sabe cuándo será. Hay miles de audiencias que se han perdido por la emergencia de salud pública y ahora debemos esperar”, apuntó.

 “Vivir en paz”

Por ahora, la reapertura de la Corte de Inmigración para casos de inmigrantes en libertad (en los 69 tribunales a lo largo del país) está prevista hasta después del 12 de junio.  “No sabemos si las audiencias que se perdieron les van a dar prioridad o las pondrán al final de la cola”, dice Gálvez. “Cuando la Corte abra, ya habrá audiencias programadas para esa fecha. Y no creo que insertarán las nuevas audiencias afectadas por el cierre, porque hay casos programados con anticipación para ese tiempo”. El abogado de Arriaga dice que “obviamente muchos de esos casos puede que se tarden años, particularmente si la audiencia que se perdió fue una de méritos. El de la señora María entra dentro de esa categoría una vez se reabra el caso cuando se anule la orden de deportación para avanzar con el Perdón 42B”. Arriaga lo sabe. “He aprendido a esperar. No sabemos cuánto tiempo durará esto de la pandemia. Gracias a Dios paramos la deportación, pero no sabemos cuándo pasará la incertidumbre”, indica. “ Lo que más yo quiero es tener los papeles para vivir en paz. A veces pienso cuándo me irá a tocar, pero tengo fe en Dios. Quiero vivir en paz con mi familia y mi hijo. No me siento la mejor de las madres, pero en realidad lo único que me hace falta es tener los papeles y que no me deporten y lo vaya a dejar solito”, agrega. A la pregunta sobre los temores de contagiarse con el covid-19, Arriaga dice que “es un miedo que también se comparte con el de la migra, porque ellos no han respetado la pandemia. Y también tenemos miedo a perder el hogar y miedo a que nos contagiemos. Mi esposo esta yendo a trabajar, ha perdido el 50% de las horas y tiene miedo de traer el virus a la casa”.  “Sólo espero que todo esto termine para vivir en paz”, repite al otro lado del teléfono.

Uno de miles

El caso de Arriaga es uno de los miles, quizás cientos de miles afectados en los tribunales de inmigración desde que fue declarada la emergencia de salud por la pandemia el 18 de marzo, al igual que la mayoría de las actividades públicas de la nación. Muchos de quienes trabajan en el sistema judicial migratorio, sin embargo, no solo están preocupados por los retrasos causados por la pandemia del covid-19, sino por toda una larga lista de problemas generados por el manejo del gobierno en esta emergencia sanitaria. En una reciente conversación organizada por la Iniciativa de Inmigrantes y Migración Global (IGMI) para conocer el estado de la Corte de Inmigración actualmente, evento que contó con la participación Camille Alick, de Alick Communications, y del juez Ashley Tabaddor, presidente de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ), se ventilaron los problemas y salieron a relucir una serie de inconvenientes que comprometen el debido proceso, más allá de la cancelación de audiencias. El Departamento de Justicia no ha revelado cuántas audiencias se han pospuesto debido a la pandemia desde el 18 de marzo, entre ellas la de Arriaga. Pero según el Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse (Nueva York), el cierre del gobierno de 2018-19, cuando en el Congreso se debatía la aprobación del Presupuesto de Gastos de la Nación, resultó en la cancelación de 15,000 a 20,000 casos por semana. En ese entonces, la Corte tenía unos 768,000 casos acumulados y, en promedio, cada caso tardaba unos 718 días en ser resuelto. Al 30 de marzo de este año había 1,129,890 casos acumulados (sin contar unos 300,000 reabiertos por el Departamento de Justicia bajo el amparo de la política migratoria de ‘tolerancia cero’) y en promedio cada caso demoraba 1,029 días en ser resuelto.