Cónyuges e hijos de residentes pueden pedir el Perdón

Si demuestran que su ausencia causaría sufrimiento extremo, recibirán un permiso provisional para salir del país y no ser afectados por la Ley del Castigo. El mexicano Fernando Gutiérrez lleva 20 años esperando la oportunidad de legalizar su permanencia en Estados Unidos. En 1996 lo pidió su esposa, Carmelita, una residente legal permanente, y en el 2014 el servicio de inmigración le notificó que su visa estaba lista. “Pero no pude salir del país para hacer el trámite consular porque me caía encima la Ley del Castigo”, cuenta. “Nos casamos apenas llegamos a Estados Unidos. Ella es residente porque fue pedida por su papá. Y también, como yo, viene de Oaxaca (ubicado a 465 kilómetros al sur del Distrito Federal). De inmediato metimos los papeles y desde entonces estamos esperando. Ha sido mucho tiempo”, dice al otro lado del teléfono. En estas dos décadas Gutiérrez sobrevivió a todo tipo retos, como el resto de los millones de inmigrantes indocumentados que vienen en busca del sueño americano. “A veces pensando que me iban a meter preso y a deportar. Y cuando me dijeron que tenía la visa nos alegramos pero la felicidad pasó volando. No pude ir Oaxaca. Eso es triste. Si iba para allá, después no regresaba”. La Ley del Castigo, aprobada por el Congreso en 1996, dice que si un indocumentado permaneció más de 365 días en el país, debe estar 10 años fuera de EEUU antes de pedir perdón en el consulado y esperar la autorización para regresar. Si vuelve sin permiso, la falta se convierte en un crimen y el inmigrante pierde su derecho de permanencia en el país. “Por eso los cónyuges indocumentados que fueron pedidos por sus esposos residentes legales permanentes y ya tienen un cupo de visa del Departamento de Estado, no podían salir del país para llevar a cabo el trámite consular”, explica Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona. “A partir de este lunes, en cambio, algunos casos sí podrán hacerlo pero primero tienen que gestionar el Perdón 601-A”. Cónyuges e hijos menores de edad de ciudadanos estadounidenses que entraron indocumentados a Estados Unidos gozan de este beneficio desde el 4 de marzo del 2013. A finales de julio la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración ( USCIS) anunció que este 29 de agosto abre la ventanilla para la recepción de Formularios 601-A ( Perdón Provisional de la Ley del Castigo). Para solicitarlo, explica, los beneficiarios deben haber sido notificados que tienen un cupo de visa. El perdón, agrega, permitirá que “usted salga de los Estados Unidos y se presente a su entrevista de visa de inmigrante, y un oficial consular del Departamento de Estado (DOS) determine que usted es admisible a Estados Unidos y elegible a recibir la visa de inmigrante”. “Una vez completen estas gestiones, tengan la visa de inmigrante y vuelvan, en poco tiempo les llega la residencia (green card)”, explicó Nelson A. Castillo, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “Como pueden notar, la solicitud y aprobación del Perdón 601-A es solo la primera parte de un proceso complejo que requiere varios pasos”, advirtió. La tarifa del Formulario 601-A tiene un costo de 585 dólares más 85 dólares para la toma de huellas biométricas, indicó la agencia. Si no se adjuntan los pagos, añadió, la petición es rechazada.Fernando Gutiérrez y su esposa Carmelita el día de su boda en 1996, California. Foto cortesía de Familia Gutiérrez.

El cambio al reglamento del Perdón 601-A es parte de la Acción Ejecutiva que el presidente Barack Obama anunció el 20 de noviembre de 2014, beneficio que incluyó los programas DAPA y DACA que amparan de la deportación a 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes permanentes, y jóvenes que entraron siendo niños al país y se les conoce como dreamers. Ambos planes, sin embargo, fueron detenidos por los tribunales de justicia. “Si reúne los requisitos, califica y no tiene antecedentes criminales o migratorios que lo hagan inadmisible para entrar al país, usted puede llenar el Formulario 601-A y enviarlo”, dijo Hernández. Pero recomendó que ante la “mínima duda”, ya sea por una detención, un antecedente de tipo criminal o una orden de deportación, “ busque el consejo de un abogado que tenga licencia en su estado para ejercer la ley de inmigración”. También explicó que “una de las cosas que vemos visto es que la gente piensa que todos los familiares de residentes permanentes pueden pedir el Perdón 601-A. Eso no es cierto. Primero, solo pueden hacerlo aquellos que ya fueron pedidos y tienen un cupo de visa disponible. Y luego los requisitos dicen que los indocumentados no deben tener antecedentes criminales, o fueron deportados y regresaron sin permiso. Si ese es su caso, mi consejo es que busque inmediatamente asesoría legal antes de dar un paso ante el servicio de inmigración”. Hernández advirtió además que “incluso si un inmigrante califica para pedir el perdón, hay que ganárselo”. Y que el gobierno “solo lo concederá a quienes demuestren que su ausencia causará un sufrimiento extremo o perjuicio extremo» (extreme hardship) al residente que lo pidió, en este caso el cónyuge o uno de los padres. Apenas se casaron, hace 20 años, Carmelita llenó los papeles para pedir a su esposo Francisco. Foto cortesía de Familia Gutiérrez. “Se trata de un proceso difícil”, apunta Castillo. “No todos los inmigrantes indocumentados son elegibles para pedir el perdón que anula provisionalmente la Ley del Castigo”. El reglamento exige que “el solicitante demuestre perjuicio extremo a un cónyuge o padre ciudadano o residente permanente de Estados Unidos, sea económico, de salud o humanitario, entre otros”, explicó. “Y en caso que el solicitante no tenga un padre o cónyuge ciudadano o residente permanente, o no tenga evidencia que demuestre dificultades o perjuicio extremo para su pariente, la persona no debería solicitar un Perdón 601-A”. A la lista de impedimentos dentro del proceso “hay que agregar las razones de inadmisibilidad contenidas en la ley de inmigración”, reiteró Hernández. Entre ellas citó a personas condenadas por adicción a las drogas, espionaje, contrabando, crímenes de carácter moral, haber presentado una identificación falsa o si el inmigrante indocumentado fue deportado y regresó sin autorización al país, una falta que, dijo, “ocurre con frecuencia”. Los familiares de alguien hallado culpable de tráfico de drogas, quienes hayan sido sentenciados por haber requerido los servicios de una prostituta, participado en actos de terrorismo, no haber asistido a una cita en la corte de inmigración durante un proceso de deportación, o no haber pagado impuestos, también les afecta el resultado de la solicitud, puntualizó Hernández. “No le darán el perdón”. “Hay que tener cuidado. Si tiene duda, busque un abogado. Y cuando tenga todo en claro, cuando esté seguro de que ganará el perdón, entonces envíe el Formulario 601-A”, dijo. Desde el pasado mes de julio, cuando la USCIS anunció la fecha de inicio de recepción de formularios para el Perdón 601-A, Gutiérrez cruza los dedos. Y a causa del nerviosismo confiesa que por las noches no duerme tranquilo. “Cuando el abogado me llamó y me dijo que a partir del 29 de agosto podía enviar la solicitud, dije que la espera por fin se acabó. Llevo 20 años aguardando para ir a Oaxaca a ver a mis padres. En todo este tiempo me he portado bien para no tener problemas que después uno tenga que lamentar”, celebra. Los Gutiérrez han vivido en California desde que contrajeron matrimonio. “Estoy limpio”, dice entre risas. Se refiere a que en su expediente no figuran antecedentes criminales, uno de los principales obstáculos para calificar. También cuenta que en estas dos décadas aprendió oficios que en su natal Oaxaca nunca imaginó.  “ Se aprende mucho pero se sufre mucho en los Estados Unidos, aún en la fecha de hoy cuando ya casi puedo tener papeles. Fui ayudante de cocina en un restaurante, hice muchos oficios y ahora trabajo de plomero desde hace tres años. Así saqué adelante a mi familia, dándole duro y con la ayuda de mi esposa”. Un estudio del Centro de Investigaciones Pew dice que en el 2012 en California vivían 2,450,000 indocumentados y el promedio de edad era de 45 años. Texas ocupaba el segundo lugar con 1,650,000, Florida con 925,000, Nueva York con 750,000 y Nueva Jersey 525,000. El total nacional fue estimado en 11.2 millones, cifra similar a la registrada en la actualidad. De esos 11.2 millones de indocumentados no se sabe cuántos han sido pedidos y cuántos ya tienen un cupo de visa disponible para que gestionen el Perdón 601-A. Y cuando lo hagan “no se olviden que tienen que argumentar la condición de sufrimiento extremo para conseguirlo”, advierte José Pertirrra, un abogado de inmigración que ejerce en Washington D.C.