El Departamento de Justicia demanda a California por sus leyes santuario

El fiscal general Jeff Sessions anunció que la demanda contra este estado santuario se debe a que sus autoridades limitan el trabajo de las autoridades federales de inmigración a la hora de detener a inmigrantes. Aseguró que utilizará todo su poder para frenar estas políticas. El Departamento de Justicia demandó este martes al estado de California por tres leyes santuario que limitan la cooperación de las policías locales con las autoridades federales, alegando que interfieren con sus labores de inmigración, según dieron a conocer este martes funcionarios de esa dependencia El fiscal general, Jeff Sessions, anunció este miércoles que utilizará «todo el poder que tengo» para escalar la ‘guerra’ contra este estado declarado como santuario desde el 1 de enero.

«El Departamento de Justicia y la administración Trump van a desafiar estas políticas injustas e inconstitucionales que les han sido impuestas a ustedes. Estamos luchando para hacer sus trabajos más seguros y ayudarlos a reducir el crimen en Estados Unidos», dijo Sessions en un evento con oficiales de paz en la capital del estado, Sacramento.

Dirigió además duras palabras a la alcaldesa de Oakland, Libby Shaaf, al asegurar que «valida la ilegitimidad» al permitir las políticas santuario: «¿Cómo te atreves a poner innecesariamente en peligro las vidas de los oficiales de inmigración solo para promover tu agenda radical de fronteras abiertas?», le preguntó.

«California impacta adversamente el trabajo de los oficiales de la ley (…) no puede obstruir el trabajo del Servicio de Inmigración (ICE)», aseguró al resaltar que por las políticas de protección a inmigrantes, ICE dejó de detener en California a un estimado de 800 indocumentados.

El Departamento de Justicia argumenta en su demanda, introducida el martes en la noche en la Corte del Distrito en Sacramento, que California ha violado la Constitución con la aprobación de leyes que defienden y protegen a los inmigrantes indocumentados, según los altos funcionarios citados por diferentes medios nacionales.

Los documentos buscan la revisión de tres leyes recientemente aprobadas, alegando que «obstruyen el cumplimiento de la ley federal de inmigración y ponen en riesgo la seguridad pública».

Con esta medida, la más agresiva que se haya visto hasta ahora de la administración Trump para tratar de contrarrestar las políticas santuario, el gobierno busca que un juez federal bloquee las leyes en cuestión, en especial la SB54, que convirtió a California en un estado santuario. Tras la entrada en vigor de esa norma las agencias policiales locales y estatales tienen prohibido indagar el estatus migratorio de las personas, colaborar en los operativos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y trasferir a los detenidos por faltas menores.

En el estado con más indocumentados en EEUU también hay desde enero una ley que requiere una orden judicial para que ICE realice redadas en los lugares de trabajo y pide multas para los empleadores que no informen a sus trabajadores sobre estos operativos con 72 horas de anticipación.

Al conocer sobre las intenciones del Departamento de Justicia, el gobernador Jerry Brown expresó su descontento a través de redes sociales. «En tiempos de agitación política sin precedentes, Jeff Sessions ha venido a California a dividir y polarizar mucho más Estados Unidos», dice su mensaje en Twitter.

Brown no dudó en enviarle un mensaje directo al fiscal general: «Jeff, estas artimañas pueden ser la norma en Washington, pero aquí no funcionan». Y remató su mensaje con la palabra en mayúsculas «TRISTE».

Por su parte, el presidente del Senado californiano, Kevin de León, reaccionó con otro tuit asegurando que California no se dejará intimidar por esta nueva amenaza del gobierno de Trump, que desde un principio ha enfocado sus esfuerzos en endurecer las políticas migratorias.

«El fiscal general de nuestra nación, Jeff Sessions, va a demandar a California porque nos negamos a ayudar a la administración Trump a separar a familias inmigrantes honestas y trabajadoras. A eso, yo digo: ¡venga! California no se dejará intimidar», escribió De León.

No es la primera vez que esta administración le ‘declara la guerra’ a California, pero en esta ocasión el fiscal general planea mostrar total seguridad y firmeza con este ‘golpe’ en las cortes: «Yo creo que vamos a ganar», dirá Sessions en su anuncio.

Este estado ha representado la resistencia ante la agenda antiinmigrante del presidente Trump y en el camino ha encontrado obstáculos que han intentado ponerlo en cintura, sin embargo ninguno lo ha hecho retractarse de su defensa a los inmigrantes indocumentados.

Ni el intento del Departamento de Justicia de negarle fondos a jurisdicciones santuario, ni las numerosas advertencias y amenazas de ICE han hecho, hasta ahora, que los legisladores y políticos californianos den un paso atrás. El fiscal general de California, Xavier Becerra, ha expresado su intención de seguir dando la pelea como lo ha hecho en más de dos docenas de demandas que ha presentado contra la administración Trump, de las cuales ha salido vencedor en su gran mayoría.

Cabe resaltar que en las últimas semanas se han hecho efectivas muchas de las advertencias de las autoridades federales de inmigración, que han realizado varios operativos en todo el estado visitando incluso empresa por empresa, revisando permisos de trabajos. Estas acciones han dejado más de 400 inmigrantes indocumentados detenidos en el último mes.

Un operativo de cuatro días, que terminó el miércoles 28 de febrero en el norte de California, dejó un total de 232 arrestos. Mientras que a mediados del mismo mes, ICE concluyó otra operación en el área de Los Ángeles con el arresto de 212 personas y la visita a 122 negocios para realizar auditorías.