El servicio de inmigración advierte de estafas a los indocumentados

Poco más de 300,000 indocumentados cuyas deportaciones fueron diferidas por el programa, están a merced de estafadores y especuladores, quienes además de quitarles el dinero, pueden poner en riesgo sus permanencias en Estados Unidos. El final de su protección o la incertidumbre sobre su futuro no son las únicas problemas para los miles de indocumentados amparados por un Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos. La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración ha avisado ahora a estos inmigrantes que pueden ser blanco de las estafas y recomienda no pagar o presentar su formulario “hasta que USCIS actualice la información oficial sobre reinscripción” en su sitio web. “Desde que se han hecho los anuncios de cancelaciones, hay mucha confusión”, dice Francisco Portillo, director de la Organización Hondureña Francisco Morazán, en Miami, Florida. “Todavía no sabemos si hay que mandar aplicaciones, el pago money order y todo eso. El problema es que mucha gente que está bajo TPS está cayendo de manos de inescrupulosos, les están llenando formularios y los están enviando con los $495, siendo que todavía no hay un documento oficial que autorice el envío de las aplicaciones”. El blanco de las estafas es poco más de 300,000 indocumentados originarios de El Salvador, Honduras, Haití y Nicaragua, algunos de los cuales llevan casi dos décadas en Estados Unidos. El TPS de Haití y Nicaragua fue cancelado en noviembre y a los beneficiarios se les concedió un último período de estadía para que arreglen sus permanencias por cualquier otra vía legal posible, o abandonen el país. En el caso de Nicaragua, los protegidos por el TPS podrán permanecer en el país hasta el 5 de enero de 2019, mientras que los haitianos recibieron el amparo de sus deportaciones por última vez hasta el 22 de julio de 2019. Los hondureños, cuyo TPS vencía el 5 de enero de 2018, el DHS anunció una prórroga de seis meses hasta el 5 de julio. En ese tiempo revisará documentación enviada por el gobierno de ese país centroamericano solicitando una nueva extensión del programa, según dijo la entonces secretaria interina del DHS, Elaine Duke. El TPS de El Salvador, cuya fecha de vencimiento es el 9 de marzo del 2018, el gobierno de Trump tiene hasta el 9 de enero para anunciar si prorroga o cancela el programa. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo este miércoles a Univision Noticias que los reglamentos de cada uno de los programas, así como las instrucciones para registrarse y obtener un nuevo permiso de trabajo, están en proceso de publicación en el Registro Federal (diario oficial estadounidense). “Tan pronto se publiquen, se les comunicará a los beneficiarios el proceso a seguir”, dijo Joanne Talbot, vocera del DHS. Un vocero de la USCIS indicó que los reglamentos incluirán “detalles sobre los formularios que deberán utilizarse, el período de presentación de las solicitudes de reinscripción e información sobre la extensión automática de los permnisos de trabajo que sean aplicables”. “Los avisos también proporcionarán instrucciones sobre cómo solicitar el TPS contínuo y la autorización de empleo durante el período de extensión de seis meses anunciado recientemente para los beneficiarios de Honduras, agregó. El TPS detiene temporalmente las deportaciones y otorga un permiso de trabajo válida por el tiempo de vigencia del programa. Los beneficiarios también pueden gestionar un Número de Seguro Social y una licencia de conducir válida por el mismo tiempo de la autorización de empleo Portillo señaló que “si todavía no han publicado el reglamento en el Registro Federal, las personas que envíen la solicitud de reinscripción y el permiso de trabajo pueden perder su dinero, y también poner en riesgo su estadía en el país”. Los $495 cubren el costo del permiso de trabajo ($410) y la toma de huellas biométricas ($85), Respecto a las licencias de conducir para inmigrantes hondureños con TPS, el activista explicó que, “como el programa fue extendido por otros seis meses, los beneficiarios pueden acercarse a una oficina del Departamento de Vehículos y Motores (DMV) con la última licencia, el permiso de trabajo y el Número de Seguridad Social para que le extiendan una nueva por seis meses hasta el 5 de julio de 2018”. En promedio, los beneficiarios del TPS de Honduras y Nicaragua han vivido en los Estados Unidos durante 22 años, de El Salvador un promedio de 21 años y de Haití un promedio de 13 años.

El programa protege de la deportación a unos 190,000 salvadoreños; 56,000 haitianos; 2,500 nicaragüenses y 56,000 hondureños

El TPS puede ser designado debido a las siguientes condiciones temporales: Conflicto armado en curso (tal como una guerra civil),  Un desastre natural (tal como un terremoto o huracán) o una epidemia y Otras condiciones extraordinarias y de carácter temporal.

El gobierno de Trump ha dicho que las razones por las cuales Estados Unidos concedió el TPS a estos cuatro países ya dejaron de existir. Y que el futuro de estos refugiados está en manos del Congreso.

Si necesita ayuda con su caso de inmigración, cuídese de personas que finjan ser abogados de inmigración o representantes acreditados. Estas personas pueden quitarle dinero, hacerlo participar en fraude de inmigración y hacer que usted sea deportado o arrestado. Para protegerse de fraude de inmigración, la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración [Executive Office for Immigration Review (EOIR)] quiere que sepa que:

  • Solo abogados habilitados, “representantes acreditados” y otros representantes calificados pueden representarlo en un tribunal de inmigración, pueden brindar servicios legales y pueden ofrecer asesoría legal.
  • El Capítulo 2 del Manual de Pràcticas del Tribunal de Inmigración de la EOIR explica quién puede representarlo.  Usted puede pedir ver el manual en la ventanilla de presentación de documentación del tribunal de inmigración o puede verlo en Internet en www.usdoj.gov/eoir.
  • Los “Notarios”, consultores para visas y consultores de inmigración no pueden representarlo en un tribunal de inmigración, no pueden brindar servicios legales y no pueden ofrecer asesoría legal.
  • ¡Tenga cuidado! 
    • NO firme solicitudes u otros papeles en blanco.
    • NO firme solicitudes u otros papeles que no comprenda.
    • NO firme solicitudes u otros papeles que contengan información falsa.
    • NO realice un pago sin recibir un recibo, y tenga cuidado cuando alguien le pida que pague mucho dinero por asistencia con la inmigración.
    • SÍ obtenga copias de todas las solicitudes u otros papeles preparados o presentados para usted.
    • SÍ verifique que un abogado o “representante acreditado” pueda representarlo en el tribunal de inmigración. (Ver Manual de Pràcticas del Tribunal de Inmigración, Capítulo 2).
    • SÍ denuncie quejas sobre “notarios”, consultores de visas y consultores de inmigración al Colegio de Abogados de su estado y/o la Oficina del Secretario de Justicia de los Estados Unidos de su estado.

Cuídese de las estafas telefónicas de inescrupulosos haciéndose pasar por oficiales de Inmigración

Recientemente he estado recibiendo llamadas tanto de clientes actuales como de ex clientes, preguntándome el motivo por el cual el Departamento de Inmigración y Ciudadanía los está llamando para preguntarles información personal.

En el caso de las personas cuyos casos ya han sido concluidos, la respuesta es bien simple: no hay absolutamente ningún motivo para que el Departamento de Inmigración los esté llamando solicitándoles ese tipo de información.

En el caso de personas que aún están realizando sus procesos migratorios, hay ocasiones en que los oficiales de Inmigración llaman para confirmar si el cliente efectivamente está residiendo con la persona que lo está patrocinando, así como también pueden llamarlo para que envíe información adicional.

Pero un Oficial de Inmigración nunca va a llamar preguntando el nombre completo de la persona, fecha de nacimiento, número de seguro social, dirección, nombre de la madre, nombre y código para servicios en línea, número de licencia de conducir, número de identificación personal (PIN), detalles de tarjetas de crédito (número, fecha de vencimiento o los tres números de seguridad), información de cuentas de banco o número de pasaporte.

Los oficiales de inmigración no pueden pedir esta información porque la mayoría de ella ya aparece en el expediente que tienen y por lo tanto no hay razón para que se la estén solicitando por teléfono.

Precisamente debido a la proliferación de este tipo de llamadas, el 30 de junio pasado el Departamento de Ciudadanía e Inmigración público una advertencia sobre llamadas telefónicas fraudulentas, que son aquellas en las cuales personas inescrupulosas llaman a diversos números telefónicos haciéndose pasar por oficiales de inmigración.

Quienes llaman lo hacen para pedir información adicional que supuestamente es requerida para completar su archivo en el Departamento de Inmigración, o también más directamente pueden pedir una suma de dinero para supuestamente evitar que la persona sea deportada.

Tratan también de asustar a la persona citando leyes que supuestamente está violó, y los amenazan con orden de arresto, cárcel, pérdida de estatus migratorio y deportación si no pagan.

Las personas afectadas pueden ser ciudadanos, residentes permanentes o personas con cualquier otro tipo de estatus o en proceso de obtener alguno, pues los delincuentes utilizan información pública para asustar a quien atiende su llamado telefónico.

Una de las técnicas más utilizadas es decirle a la persona afectada que necesitan información adicional en su archivo dado que las leyes han cambiado, y que si no hacen la actualización de la información de forma inmediata corren el riesgo de ser deportados.

Si en un dado caso el inmigrante que recibe la llamada replica que él es ciudadano y que por lo tanto no lo pueden deportar, los delincuentes le pueden “explicar” que una nueva legislación aprobada recientemente le da autoridad al gobierno para deportar de inmediato a quienes no sean ciudadanos canadienses por nacimiento y que por tanto cuenten con doble nacionalidad.

Obviamente información como esta hace sentido en muchas personas dada la gran discusión que hubo recientemente a través de los medios de comunicación en relación a la aprobación, a finales del mes de mayo, de la conocida como Ley Antiterrorista. Esta legislación efectivamente le da facultades al gobierno para revocar la ciudadanía de los canadienses con doble nacionalidad que sean condenados por espionaje, traición o terrorismo.

Pero si usted recibe alguna llamada de este tipo tenga por seguro que quien lo llama no es ni por asomo un oficial del Departamento de Inmigración, sino que más bien un delincuente que está tratando de quitarle dinero.

En casos cuando piden información, es para robo de identidad, con lo cual los criminales pueden usar la información de las personas para tener acceso a sus cuentas de banco, o abrir una, transferir el balance de dinero de la cuenta y quedarse con este, hacer solicitudes de préstamo, de tarjetas de crédito y otros servicios usando su nombre, hacer compras. También, obtener pasaporte o recibir beneficios del gobierno.

Obviamente esto puede ocasionarle grandes problemas a la persona cuya identidad sea usada para propósitos delictivos.

En este sentido, si usted recibe una llamada sospechosa, si tiene dudas de que quien lo está llamando sea verdaderamente un oficial de Inmigración, puede decirle al supuesto oficial que antes de responder ninguna pregunta va a confirmar que quien está llamando efectivamente representa al Departamento de Inmigración. Así, puede entonces cortar y llamar al teléfono de información de inmigración, que es el 1-888-242-2100, y preguntar si efectivamente un oficial lo está llamando, y de ser así, pedir que lo vuelvan a llamar.

Pero si lamentablemente no se percató de que la llamada era un fraude y dio la información, debe asegurarse de controlar todas sus cuentas, incluyendo las tarjetas de crédito. También debe reportarlo a la policía, a las instituciones financieras, compañías de tarjetas de crédito y a los burós de crédito (Equifax Canada: 1800-465-7166 y Trans Union Canada: 1877-525-3823).

Otras advertencias para prevenir el robo y el uso de identidad son no responder a correos electrónicos no solicitados, no responder a llamadas telefónicas que traten de obtener información personal, no llevar toda la documentación en su billetera sino que llevar lo absolutamente necesario, revisar periódicamente sus reportes de crédito, sus estados de cuenta del banco y de tarjetas de crédito, y reportar cualquier irregularidad inmediatamente a las instituciones respectivas.

También, durante las transacciones es más seguro que sea usted quien pase su tarjeta en la maquina a que lo haga el cajero, nunca pierda de vista su tarjeta de crédito, téngala siempre en su mano, y cubra siempre su número de identificación personal cuando esté usando una tarjeta de débito o de crédito en un cajero.

Memorice todos sus números de identidad para pagos con tarjeta, nunca los escriba en las mismas tarjetas, y familiarícese con los ciclos de cobro para todos sus pagos.

Recuerde también que los basureros son una mina de oro para los ladrones de identidad, y por tanto asegúrese de romper cualquier documento personal o financiero antes de tirarlo en la basura.

Si cambia de domicilio asegúrese de informar al correo y a todas las instituciones financieras (bancos, compañías de crédito, etc.) sobre su nueva dirección, y este siempre atento a sus cuentas. Siga todos estos consejos y así evitará tener sorpresas desagradables

Y si tiene dudas sobre llamadas que está recibiendo del Departamento de Inmigración y no sabe qué hacer, si efectivamente provienen del ente gubernamental, consulte de inmediato con su asesor o su abogado en materia migratoria, él o ella le dirán lo que usted debe hacer.

 

 

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