Tras 144 horas detenido, se sintió mal y no lo llevaron al hospital: los detalles del joven fallecido en manos de CBP Las leyes de Estados Unidos establecen que los menores no acompañados deben ser transferidos al Departamento de Salud y Servicios Humanos en un máximo de 72 horas. Eso no pasó con Carlos Gregorio Hernández Vásquez, el quinto joven que muere tras estar en custodia de una autoridad migratoria. 24 horas antes de su muerte avisó que se sentía mal, pero solo fue tratado por una enfermera. El adolescente guatemalteco de 16 años que murió este lunes en custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estuvo detenido el doble del tiempo permitido y no fue trasladado a un hospital a pesar de que dijo que se sentía mal y fue diagnosticado con influenza. En su lugar, lo llevaron a la estación de Weslaco, en Texas, para evitar que contagiara a otros detenidos, dijo un funcionario de CBP citado por la agencia AP.

CBP lo identificó como Carlos Gregorio Hernández Vásquez, un joven que llegó a Estados Unidos sin sus padres el 13 de mayo por Hidalgo, una ciudad de Texas fronteriza con Reynosa, México. Primero fue recluido en el centro de procesamiento del sector del Valle del Río Grande y el domingo, seis días después de su detención, lo trasladaron a otra estación en lugar de a un albergue.La ley de Protección de Víctimas de Tráfico Humano aprobada en 2008 establece que «salvo circunstancias excepcionales» cualquier agencia que tenga en custodia a un menor extranjero no acompañado debe transferirlo al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) en no más de 72 horas (tres días). Es decir, que Hernández debió haber sido trasladado a un albergue desde el jueves 16 de mayo.El funcionario de CBP dijo a AP que el joven iba a ser llevado a un centro de la empresa Southwest Key llamado Casa Padre, en Brownsville, Texas, con capacidad para 1,400 personas. Pero eso no pasó ni siquiera el domingo, cuando lo trasladaron a otra estación de la Patrulla Fronteriza en Weslaco en lugar de entregar su custodia a HHS, como establece la ley. Mark Weber, vocero de HHS, dijo a AP que el caso de este guatemalteco entra en una «minoría cuyo traslado excede las 72 horas (…) generalmente por circunstancias excepcionales», pero que no dio más detalles. El lunes en la mañana, el adolescente seguía en la estación de Weslaco y lo hallaron muerto cuando iban a hacerle un chequeo médico. CBP asegura que la causa de muerte aún se desconoce, pero que la Oficina de Responsabilidad Profesional realiza una revisión de lo ocurrido. Univision Noticias intentó obtener más detalles sobre este caso aunque CBP no respondió a las preguntas que fueron enviadas por correo electrónico. Según AP, el joven reportó temprano el domingo que no se sentía bien y fue diagnosticado con influenza por una enfermera. Le recetaron Tamiflu, una medicina para tratar su malestar, y luego lo llevaron a Weslaco, no al hospital para ser tratado apropiadamente. Una hora antes de que lo hallaran muerto, Hernández Vásquez había sido monitoreado.

«Salió contento», dice el padre

Bartolomé Hernández, padre del joven, dijo a Univision Noticias este martes que su hijo salió de su casa en Cabulco, un pequeño pueblo del departamento de Baja Verapaz, en Guatemala, «contento» para buscar mejores oportunidades en Estados Unidos. Su madre, Gilberta Vásquez, aseguró que quiere justicia y que le expliquen a la brevedad cuáles fueron las causas de la muerte de su hijo. Piden además tanto a las autoridades estadounidenses como de Guatemala, que el cuerpo sea repatriado. Carlos Gregorio iba a cumplir 17 años el 27 de mayo. Sus padres dijeron a Univision Noticias que su hijo se encontraba en buen estado de salud cuando partió del país.

«CBP es responsable»

Con su muerte, son ya cinco los menores guatemaltecos fallecidos en solo cinco meses. Para las organizaciones como RAICES, estas muertes hacen a CBP «responsable». Aseguran que han conversado con inmigrantes en una estación de autobuses de El Paso —adonde son llevados una vez que los liberan para que viajen a casa de sus familiares en Estados Unidos— para conocer cómo fueron atendidos por la agencia federal. «Conocimos a un padre de Guatemala. Viajaba con su hijo de dos años, quien lloraba por horas cuando lo encontramos», cuentan en su cuenta de Twitter. «Su padre nos dijo que al bebé le habían dolido los ojos por semanas durante el tiempo que estuvo detenido por CBP y que ignoraron el llanto», agregan al explicar que ya no están en custodia, pero no tienen dinero para ir al médico. «Los niños con los que hablamos tienen una necesidad crítica de atención médica», señalan al asegurar que en la estación de autobuses en la que hallaron a estas familias hay niños con tos seca. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) también se pronunció. Antes de esta última muerte del lunes ya habían presentado un reclamo administrativo ante el Departamento de Seguridad Nacional por el «maltrato a los inmigrantes detenidos en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza en el sector del Valle del Río Grande». Denunciaron que, tras entrevistar a solicitantes de asilo detenidos en esos centros, habían identificado acoso y maltrato de parte de agentes federales a los inmigrantes, detenciones de varias noches en espacios al aire libre y «cuidados médicos inadecuados para los niños enfermos». «Estamos encendiendo la luz por las atrocidades cometidas por la Patrulla Fronteriza y exigimos acciones», dijo entonces Rochelle Garza, abogada de ACLU en Texas. «La forma en que son tratados los inmigrantes por los agentes viola no solo sus derechos civiles sino también sus derechos humanos básicos. Forzar a los niños a dormir al aire libre sobre rocas y sin protección contra el extremo clima, muestra que la agencia no está defendiendo nuestros valores estadounidenses». En contraposición, distintos voceros de CBP han asegurado que existe una crisis humanitaria sin precedentes en la frontera con la llegada en masa de centroamericanos que huyen de la violencia de las pandillas y la pobreza en sus países. Hablan de que cada vez detienen a grupos más grandes de 100, 200, 300 inmigrantes al mismo tiempo y para los que no hay espacio disponible. Han asegurado que las cifras de detenciones van en aumento y no se ve un descenso en los números a corto plazo. Con ese panorama, y al anunciar la muerte de este último adolescente, John Sanders, comisionado encargado de CBP, dijo el lunes que la agencia está «comprometida con la salud, seguridad y el trato humano de aquellos en custodia». No lo creen así las organizaciones no gubernamentales. Astrid Domínguez, directora del Centro de Derechos en la Frontera de ACLU, insistió el lunes en que CBP necesita una reforma y contratar a profesionales médicos que puedan velar por el bienestar de los indocumentados: «Necesitamos más que una investigación, los niños merecen ser protegidos». En la cuenta de Twitter del centro agregó: «Si no se toman acciones inmediatas y se hace responsable a CBP, se repetirán estas pérdidas lamentables».