Gobierno de Trump pone fin al TPS de Nicaragua y anuncia nueva prórroga para Honduras
El programa temporal, que amparaba de la deportación y concedía permisos de trabajo a unos 2,500 nicaragüenses, será eliminado por el Departamento de Seguridad Nacional. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este lunes el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) de Nicaragua y una prórroga automática por otros seis meses para Honduras, sobre la cual aún no han tomado una decisión definitiva. Con respecto a Nicaragua, una vez se termine la última extensión el próximo 5 de enero de 2018, habrá un período adicional de 12 meses, hasta el 5 de enero de 2019, para permitir un regreso ordenado al país centroamericano de los cerca de 2,500 inmigrantes indocumentados beneficiados, o para que durante ese tiempo puedan regularizar su permanencia por cualquier vía legal. El DHS informó que las condiciones que motivaron el TPS en 1999 en Nicaragua ya mejoraron lo suficiente como para cancelar el programa humanitario. La cancelación del TPS, si finalmente aplicara también a Honduras tras la nueva prórroga, colocaría a unos 60,000 inmigrantes sin papeles al borde de la expulsión de Estados Unidos, puesto que muchos beneficiarios cuando recibieron el amparo tenían órdenes finales de deportación. Abogados consultados por Univision Noticias advirtieron que cuando finalice la protección, todas esas órdenes de deportación congeladas podrían ser activadas. La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), a su vez, advirtió este lunes que la información recopilada de los miles de beneficiarios del TPS es compartida con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), “en apoyo de sus acciones de cumplimiento de inmigración según sea apropiado y legalmente permitido”. El TPS fue otorgado la primera vez el 5 de enero de 1999 por el presidente Bill Clinton como parte de una respuesta humanitaria de Washington tras el paso del huracán Mitch por Centroamérica, a finales de octubre del año anterior. Desde entonces había sido renovado más de una docena de veces. Según un comunicado publicado por el DHS, la decisión para poner fin al TPS para Nicaragua fue hecha tras una revisión de las condiciones en el país a 18 años de que fuera otorgado originalmente. La secretaria en funciones del DHS, Elaine Duke, cree que la situación de vulnerabilidad en que quedó Nicaragua tras el huracán Mitch «ya no existe», por lo que el TPS debe terminar. Además de frenar temporalmente las deportaciones, el TPS otorgaba a los nicaragüenses una autorización de empleo que expira este 5 de enero. Al permitir un plazo de 12 meses para los nicaragüenses, el DHS explica que esto les permitirá «buscar alternativas para obtener un estatus migratorio legal en Estados Unidos, si son elegibles, o para preparar su partida». Sobre Honduras, plantearon la posibilidad de que con la información que posee Duke se pueda anunciar el fin del TPS para este país al final de la extensión automática de seis meses y con un retraso apropiado. Aún queda la posibilidad de que el Congreso legisle sobre el tema y busque una solución permanente para los afectados por la decisión del DHS. Según datos de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) solicitados por Univision Noticias, el programa beneficia a 86,163 inmigrantes hondureños y 5,349 nicaragüenses. La cancillería de Tegucigalpa, en cambio, habla de unos 57,000 beneficiarios, mientras que la cancillería de Managua cita a unos 2,500. Ambos ministerios centroamericanos señalan que los datos del DHS corresponden a la cifra original del programa cuando fue activado en enero de 1999, y que la diferencia obedece a que muchos receptores del TPS han abandonado el beneficio, entre otras razones porque consiguieron un estatus permanente bajo otra vía legal (como el asilo) o no reunieron los requisitos para renovarlo en alguna de las ocasiones anteriores. El 24 de mayo el entonces secretario del DHS, John Kelly, anunció la última prórroga del TPS de Haití, que ampara de la deportación a unos 57,000 indocumentados de ese país caribeño que viven en Estados Unidos. Kelly dijo en esa oportunidad que, en el caso de Haití, el plazo otorgado era suficiente para que los haitianos protegidos por el programa humanitario se prepararan para volver a su país. El TPS de Haití fue activado en respuesta al terremoto del 12 de enero de 2010, que destruyó miles de casas y dejó más de dos millones de damnificados.
Planes a corto plazo
Para Francisco Portillo, director de la Organización Hondureña Francisco Morazán en Miami, Florida, la nueva prórroga para los hondureños, “si bien se trata de un período de tiempo menor que los anteriores, es suficiente para pedirle a la Cámara de Representantes y al Senado una vía de legalización para los ‘tepecianos’”, o beneficiarios del TPS. El dirigente dijo que la comunidad hondureña beneficiada durante casi dos décadas por el TPS “agradece el tiempo concedido para que la gente se prepare, pero consideramos que el gobierno y el Congreso debió hace mucho tiempo darnos la oportunidad de un estatus legal permanente”. Por tratarse de una nueva extensión y no de una cancelación, Portillo subraya que “60 días antes del vencimiento, el 5 de mayo, el gobierno tendrá que tomar la decisión de si lo cancela o nos concede una nueva extensión. No está dicha todavía la última palabra”. “Hay tiempo para que nuestra gente busque alguna alternativa para quedarse legalmente en Estados Unidos”, agregó. Tras la última extensión del TPS para Haití, la USCIS explicó que en el tiempo adicional autorizado los beneficiarios del programa “deben prepararse para regresar en caso de que no se extienda nuevamente la designación de Haití, lo que incluye que soliciten los documentos de viaje actualizados por el gobierno” de ese país. La agencia agrega que 60 días antes del vencimiento del plazo de la última prórroga, el secretario del DHS “reevaluará la designación de Haití y determinará si se justifica otra extensión, una redesignación o la cancelación en cumplimiento con la ley de inmigración”.
Historia del TPS de Honduras y Nicaragua
La última prórroga del TPS de Honduras y Nicaragua fue concedida en mayo de 2016 por el entonces secretario del DHS, Jeh Johnson. La extensión quedó efectiva entre el 6 de julio de 2016 hasta el 5 de enero de 2018. El período de inscripción permaneció abierto durante 60 días. Las renovaciones del amparo permiten a los beneficiarios del programa solicitar un nuevo permiso de trabajo (autorización de empleo, EAD), que vence el mismo día de la última prórroga. El documento permite, además, tramitar una licencia de manejar válida por la misma fecha del amparo de la deportación. La reinscripción al programa se lleva a cabo por medio del formulario I-821 (Solicitud de Estadios de Protección Temporal) junto con el formulario I-765 (Solicitud de Autorización de Empleo, EAD). Una vez la USCIS recibe los documentos en el plazo establecido, cita al beneficiario para tomarle las huellas digitales biométricas y llevar a cabo una verificación de antecedentes. Si el inmigrante tiene un récord criminal limpio y carece de motivos de inadmisibilidad en Estados Unidos, recibe por correo el nuevo permiso de trabajo.
La USCIS no ha explicado, en caso de que el gobierno cancele el programa, si compartirá la base de datos con los nombres de los beneficiarios del TPS con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), agencia del DHS encargada de las deportaciones. Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos estiman que unos 300,000 niños estadounidenses tienen uno o dos padres indocumentados centroamericanos o caribeños protergidos por el TPS.