Lo hizo al firmar un decreto previamente aprobado por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. Con él, asegura que la extensión es automática y sin que el interesado deba hacer trámites adicionales. Washington aceptó la medida para aquellos que decidan viajar al país, pero aclara que tener visa es un requisito indispensable para ser admisible.

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, sostiene su pasaporte durante una manifestación en Caracas el pasado mes de marzo.

Renovar un pasaporte venezolano o solicitar una extensión del mismo es casi una tarea imposible. Si se está en el exterior, la coyuntura política del país mantiene sin actividad a los consulados; si se está en el país, conseguir una cita puede llevar mucho tiempo. Por esa razón, la Asamblea Nacional de mayoría opositora aprobó —y Guaidó como presidente interino del país firmó la medida convirtiéndola en decreto— una extensión en la validez de los pasaportes vencidos dándoles cinco años más de vigencia a partir de la fecha de expiración. Lo hace al reactivar los servicios consulares para que los venezolanos en el exterior puedan contar con un documento válido para movilizarse o poder hacer trámites. «Se extiende automáticamente y de pleno derecho la vigencia de todos los pasaportes emitidos a la fecha por cinco años contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, sin que sea necesario cumplir ningún trámite adicional», se lee en el documento firmado por Guaidó. Y la extensión incluye a aquellos que se hayan vencido incluso antes de esta decisión. Estados Unidos reconoció la medida este viernes: «Los venezolanos a quienes se les haya dado una extensión tendrán un periodo de validez del documento extendido por cinco años en sus pasaportes y serán válidos para ingresar en Estados Unidos, mientras que el viajero sea admisible», explica el Departamento de Estado en un comunicado. «Los venezolanos en los Estados Unidos que tengan esta extensión por el decreto podrían usar esos pasaportes, que serán considerados como válidos de acuerdo con el decreo, para cualquier propósito consular», agregan al asegurar que para poder ingresar a Estados Unidos es indispensable tener una visa americana. El embajador de Venezuela ante EEUU designado por Guaidó, Carlos Vecchio, explicó en su cuenta de Twitter que había activado una web para que los venezolanos pudieran realizar su registro único consular para poder informar de sus trámites pendientes:

México investiga a 25 empresas y personas por lavado de dinero a través de un programa gubernamental en Venezuela

El jefe de la unidad de delitos financieros de México presentó evidencia de lavado de dinero contra un total de 25 empresas y personas presuntamente involucradas en el envío de alimentos a un programa de ayuda gubernamental en Venezuela, conocido como CLAP Las denuncias contra las empresas y personas se presentaron ante la oficina del fiscal general de México, dijo a la agencia Bloomberg Santiago Nieto, jefe de la unidad de inteligencia financiera del Ministerio de Finanzas de México. «Presenté tres acusaciones», aseguró. Los CLAP venden alimentos subsidiados solo a los venezolanos que poseen el llamado ‘carnet de la patria’, un documento emitido por el gobierno de Maduro. México ha acusado a las compañías de usar sus puertos para enviar productos de baja calidad a Venezuela a través de CLAP, que luego impone un sobrecargo en el precio de más 100% sobre el valor original antes de sean vendidos en el país petrolero. Nieto se negó a identificar a las compañías o personas que podrían ser enjuiciadas. Bloomberg asegura que en octubre les impusieron una multa de tres millones de dólares a las entidades que estaban operando bajo ese esquema. Desde abril, los alimentos que se venden a través de los CLAP han estado saliendo desde Veracruz, México, hacia la ciudad portuaria de La Guaira, a poco más de media hora de Caracas, reportó Bloomberg. Las compañías han ganado unos 700 millones de dólares en contratos gubernamentales de alimentos desde fines de 2016, en gran parte por alimentos adquiridos a una red de proveedores relacionados en México, denunció Luisa Ortega, ex fiscal general del gobierno chavista y quien huyó a Colombia a fines de 2017 después de criticar públicamente al gobierno de Maduro.