Imposible que los indocumentados regresen con el plan de Trump

En caso de que se ejecute el plan migratorio del candidato republicano y que los indocumentados salgan del país en busca de una visa, el retorno demorará como mínimo 10 años, en el mejor de los casos. Un grupo de inmigrantes indocumentados guatemaltecos deportados de EEUU llegan al aeropuerto La Aurora de Ciudad de Guatemala. Getty Images  La inmigrante guatemalteca Francisca Ajtú es una de los 11.3 millones de indocumentados que aguardan una oportunidad para legalizar su permanencia en Estados Unidos. Es madre de tres ciudadanos estadounidenses. “El mayor ya tiene 9, el otro 5 y la más pequeña casi 2”, cuenta. “A mi esposo lo deportaron en octubre del 2014 y no ha podido regresar. Y tengo mucho miedo de lo que vaya a pasar, porque ahora quieren que nos vayamos. ¿Y cómo vamos a regresar?”, pregunta. No hay respuesta. El miedo de Ajtú se incrementó el miércoles de la semana pasada tras conocer el plan migratorio del candidato republicano a la Casa Blanca Donald Trump. “El dice que nos va a deportar. O que nos tenemos que ir. ¿Y con quién dejamos a nuestros hijos?”, vuelve a preguntar. Tampoco hay respuesta. El plan migratorio esbozado por Trump tiene 10 partes. Las nueve primeras se basan en redadas, deportaciones masivas, construcción de un muro a todo lo largo de la frontera (que pagará México), cancelación de acciones ejecutivas, aumento de los castigos para los indocumentados que han cometido crímenes o regresen después de haber sido deportados, verificaciones y seguimiento de extranjeros y la creación de una fuerza de deportaciones a nivel nacional, entre otros. El décimo, sin embargo, menciona un escueto plan de legalización. Indica, sin ahondar en detalles, que los indocumentados que no sean deportados (5 millones) deberán salir del país y gestionar una visa para poder entrar, esta vez, legalmente. Trump advirtió que los otros (2 millones con antecedentes criminales y 4 millones que entraron con visas de no inmigrante y se quedaron después que sus permisos vencieran) serán buscados, arrestados y expulsados. “Queremos que la gente venga a nuestro país pero tienen que venir en forma legal y apropiadamente examinados”, dijo. “Y de una manera que sirva al interés nacional”. E insistió en que “no habrá amnistía”. Los Ajtú llegaron a Estados Unidos en el 2004 huyendo de la violencia y la pobreza en Guatemala. “No pensé que vivir sin papeles iba a ser tan difícil”, dice Francisca. “Pero ha valido la pena aunque ahora no tengo a mi esposo. A él lo deportaron en octubre del 2014, unas semanas antes del anuncio”. El anuncio al que se refiere fue la Acción Ejecutiva que el presidente Barack Obama tomó el 20 de noviembre de ese año. El plan incluía, entre otros beneficios, dos programas que amparaban la deportación de 5 millones de indocumentados: padres de ciudadanos y residentes permanentes (DAPA) y ampliaba los beneficios de la Acción Diferida de 2012 (DACA). Ambos favorecían a inmigrantes sin papeles que están en Estados Unidos desde antes del 1 de enero de 2014 y carecen de antecedentes criminales. Los Ajtú eran uno de ellos.  DAPA y DACA iban a entrar en vigor el 18 de febrero de 2015. Cuando miles alistaban los papeles para solicitar la protección, una corte de distrito en Texas emitió un fallo cautelar y las detuvo. Nueve meses más tarde, en noviembre, la Corte de Apelaciones del 5to Circuito confirmó el dictamen. El pasado 20 de junio la Corte Suprema, al no llegar a un acuerdo (votación 4 a 4; el noveno miembro del tribunal que reemplazará al fallecido magistrado Antonin Scalia no ha sido ratificado por el Senado), mantuvo vigente el dictamen de Texas y los programas permanecen frenados. “No pude tener papeles”, dice Francisca. “Y ahora esto, que a lo mejor tengo que salir. ¿Y tendré nuevamente que cruzar el desierto?”, pregunta por tercera vez. “Es muy difícil, la gente ahí se muere”. Uno de los planes de Trump para poner fin a la inmigración indocumentada –simultáneamente con las deportaciones masivas-, es hacer que aquellos extranjeros ilegales que no tengan antecedentes criminales salgan del país. No se sabe si deberán hacerlo a partir del día en que asuma –si gana la elección de noviembre- o a partir de la fecha que estipule el reglamento que escribirá el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Ahora bien. ¿Todos los indocumentados que no tengan antecedentes criminales serán tratados de la misma manera? ¿Los van a separar por país? ¿Habrá preferencias? ¿Una esposa será tratada de la misma manera que un hermano? ¿Cómo harán para subirse a un avión si no tienen licencia de manejar para identificarse porque son indocumentados? ¿Los hijos ciudadanos deberán irse con ellos? ¿Qué sucederá con sus bienes y pertenencias? La lista de preguntas crece con el paso de los días.  “Hay muchísimas situaciones en las que una respuesta no puede abarcar todas las dudas”, dice Ezequiel Hernández, un abogado que ejerce la ley de inmigración en Phoenix, Arizona, y colaborador permanente del Noticiero Univision. “Es por eso que estas propuestas (contenidas en el plan migratorio de Trump) no son posibles”, agrega. Para transportar 5 millones de indocumentados a sus países de origen y gestionar una visa, harían falta 26,455 aviones Boeing 725 cada uno con una capacidad máxima de 189 pasajeros. Tanto la salida como el regreso de los 5 millones de ‘ilegales’ sin antecedentes será “problemático”, advierte Hernández. “Si una persona entró indocumentada al país y nunca salió, ha permanecido más de 365 días sin autorización y viaja al exterior, tiene un castigo de 10 años para poder recibir un beneficio migratorio”, explica. La también denominada ‘Ley de los 10 años’ agrega que si la permanencia indocumentada supera los 180 días, el castigo es de tres años fuera. “A menos que sea elegible para un perdón”, apunta Hernández. “Ese perdón es el 601-A pero que solo pueden pedir familiares inmediatos tales como cónyuges o hijos menores de edad solteros, y que demuestren que el residente o ciudadano que los pidió tendrá sufrimiento extremo si no regresan”.  “Pero para ganar el perdón hay que demostrarlo y no existe ningún tipo de garantía que se lo darán”, advierte. “Y una vez se lo den, tiene que pasar el proceso consular, es decir, una entrevista, demostrar que es elegible para la visa de inmigrante, y después viajar a Estados Unidos y que lo dejen entrar nuevamente”. A todas estas exigencias se agrega una, la más importante de todas: antes de solicitar el Perdón 601-A, el familiar inmediato indocumentado tiene que haber sido pedido previamente por el cónyuge o padre ciudadano o residente, y tener un cupo de visa disponible confirmado por el servicio de inmigración. Algunas veces la espera por un visado demora entre 8 y 10 años. “Y una más”, ataja Hernández. “Si las personas han salido anteriormente de Estados Unidos, entonces no califican para el Perdón 601-A. Y bajo la Ley de Inmigración si salieron o fueron deportados y regresaron, no pueden pedir un beneficio migratorio, nunca”. El resto de indocumentados que no califica para tramitar el Perdón 601-A tendrá que ingeniárselas para hacer citas en los consulados estadounidenses y solicitar una visa para volver. El plan migratorio de Trump no menciona si habrá una visa especial para los indocumentados que salgan y después regresen. “Para los que están hoy aquí ilegales y que buscan estatus legal, tendrán solo una vía: volver a su casa y solicitar el reingreso bajo las reglas del nuevo sistema de inmigración legal que he descrito”, dijo el empresario neoyorquino. Entre las exigencias citó que las visas se otorgarán solo a aquellos que califiquen dentro de un nuevo reglamento que será escrito y pasen, por ejemplo, entrevistas donde serán evaluados por lo que piensan y el amor que tengan hacia Estados Unidos. Y por su honorabilidad, sus creencias y conocimientos, entre otros requisitos. Los detalles del plan Trump no son abundantes. Pero con lo poco que se conoce se pueden elaborar algunas conclusiones preliminares. “En primer lugar, no hay ninguna visa disponible para la mayoría de las personas indocumentadas que viven en EEUU”, previene Bárbara Hines, senior fellow del Emerson Collective y profesora adjunta retirada de la clínica legal de la Universidad de Texas. “La retórica de ponerse a la cola para una visa simplemente no existe. Y si se trata de una visa de trabajo temporal, quien tiene que solicitarla no es el indocumentado sino el empleador a través del Departamento de Trabajo, después la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) y finalmente el consulado en el país de origen del trabajador”. Hines dijo que además de cumplir con los requisitos actuales, las visas temporales de trabajo como por ejemplo las tipo H2, se otorgan por cuota (66,000 por año) y sólo son temporales. “Por esto la solución se encuentra en un programa de legalización. Es la única manera razonable y coherente” de arreglar el problema, precisó. “Hace falta una reforma migratoria”.