Las redadas masivas en varias plantas de alimentos de Mississippi de este miércoles dejaron un saldo de 680 trabajadores detenidos. La Fiscalía no quiso revelar si presentó cargos contra los empresarios por contratar indocumentados, pero los datos muestran que, en estos casos, son pocos los que acaban siendo procesados.

asiva redada realizada en diferentes plantas de alimentos de Mississippi en la que 680 trabajadores fueron detenidos, el fiscal del distrito sur de ese estado, Mike Hurst, no quiso aclarar si alguno de los empresarios de las fábricas donde se desarrolló el operativo serían procesados.

Hurst dijo que no podía entrar en esos detalles porque se trataba de una «operación criminal en curso». Pero por lo general, es raro que estos empresarios acaben respondiendo a la justicia. Así lo muestra un informe del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, que revela que durante abril de 2018 a marzo de 2019, solo 11 personas (y ninguna empresa) fueron procesadas en solo 7 casos.

Cuando en julio de 2018 la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) comunicó los resultados de una auditoría a miles de empresas en busca de trabajadores indocumentados, muchos pensaron que el operativo sancionaría a un número importante de empleadores.

La agencia federal indicó que la operación se llevó a cabo en dos fases, y que en ellas se entregaron avisos de auditorías I-9 a más de 5,200 empresas en distintos puntos del país.

Los avisos de inspección (NOI, por sus siglas en inglés) indican a los propietarios de empresas que ICE llevará a cabo una auditoría de sus registros de contratación para determinar si están cumpliendo con la ley vigente o no.

Según el reporte, en la primera etapa el HSI entregó 2,738 avisos NOI y llevó a cabo 32 arrestos. Durante la segunda etapa, se despacharon 2,540 NOI y efectuaron 61 arrestos.

“Los trabajadores no autorizados frecuentemente utilizan identidades robadas de trabajadores estadounidenses legales, lo cual puede impactar significativamente el crédito, los expedientes médicos y otros aspectos de la vida diaria de la víctima del robo de identidad”, dijo en ese entonces Derek Benner, director ejecutivo adjunto del HSI.

La estrategia de controles migratorios en lugares de trabajo de se focaliza en el enjuiciamiento penal de empleadores que violan la ley a sabiendas, además del uso de auditorías I-9 y multas civiles para fomentar el cumplimiento de la ley, advierte ICE. Y añade que los investigadores de controles migratorios en lugares de trabajo “ayudan a combatir la explotación de trabajadores, los sueldos ilegales, el trabajo infantil y otras prácticas ilícitas”.

Pero un reciente informe del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad Syracuse, en Nueva York, reveló que “el enjuiciamiento real de empleadores por emplear inmigrantes sin la documentación adecuada ha sido relativamente raro”.

Por ejemplo, agrega, “los últimos datos disponibles muestran que durante los últimos doce meses (abril de 2018 a marzo de 2019) solo 11 personas (y ninguna empresa) fueron procesadas en solo 7 casos”. Y añade que “no hubo procesamientos en ninguno de los últimos dos meses.

Uno cada 13,758

El TRAC también halló que en el mismo período (abril de 2018 a marzo de 2019) los 11 enjuiciamientos de empleadores se comparan con 85,727 indocumentados procesados por ingreso ilegal al país, 34,617 procesados por reingreso ilegal y 4,733 procesados por traer ilegalmente o albergar inmigrantes.

El Centro advierte además que, “dados los millones de inmigrantes indocumentados que ahora viven y trabajan en el país, las probabilidades de ser procesados penalmente por emplear trabajadores indocumentados parecen ser extremadamente remotas”.

Cabe destacar que, desde que el Congreso promulgó sanciones penales para los empleadores por primera vez en 1986 “pocos han sido procesados bajo estas disposiciones”.

“Los procesos judiciales rara vez han superado los 15 por año y nunca han superado las 20 personas al año, excepto durante breves períodos durante el año 2005 bajo el mandato del presidente George W. Bush (2001-2009) y en el primer año del gobierno de Barack Obama (2009-2017).

 

Qué dice la ley

El Código de Estados Unidos Sección 1324a establece que la contratación a sabiendas de extranjeros no autorizados “es ilegal”, así como “continúe empleando al extranjero sabiendo que es (o se ha convertido) en un extranjero no autorizado”.

También indica que la contratación, subcontratación o intercambio celebrado, renegociado o extendido después del 6 de noviembre de 1986, para obtener el trabajo de un extranjero en Estados Unidos sabiendo que el extranjero no está autorizado con respecto a la realización de dicho trabajo, se considerará que ha contratado al extranjero para el empleo en violación” de lo estipulado en la ley.

El TRAC dijo que los resultados del estudio se obtuvieron en base al análisis de documentos obtenidos del Departamento de Justicia “como resultado de los litigios presentados en virtud de la Ley de Libertad de Información (FOIA)”.

El reporte concluye que “no solo se procesa a pocos empleadores, sino a menos condenados que reciben sentencias que equivalen a más que un castigo simbólico”. Y que las penas de prisión “son raras”.

“Por ejemplo, de las 11 personas que el Departamento de Justicia informó como condenadas durante el período de 12 meses más reciente para el que se dispone de datos (abril de 2018 a marzo de 2019), solo 3 fueron condenadas a cumplir una pena de cárcel.

¿Sabías que una orden de deportación puede ser impugnada?

Indocumentados que nunca recibieron una Notificación de Comparecencia o el gobierno la envió a una dirección equivocada, pueden reclamar y solicitar la reapertura de sus casos y seguir los mecanismos legales para intentar permanecer en EEUU.

La reciente redada de ICE en Mississippi tuvo como blanco indocumentados que usan papeles falsos y con orden de deportación final. El operativivo forma parte de las detenciones masivas anuncuadas por el presidente Donald Trump en junio, cuando dijo que se iban a arrestar a miles de extranjeros para deportarlos de Estados Unidos.

Si bien el blanco de estas operaciones son unos 2,000 extranjeros que en febrero recibieron las órdenes de expulsión, ya sea porque perdieron sus casos o no se presentaron a sus citas en los tribunales, abogados advierten que en algunos casos las órdenes finales de deportación “pueden ser impugnadas”.

En los últimos dos años, ICE ha deportado un promedio de 660 indocumentados diarios, cifra que “muy probablemente aumentará”, dijo a Univision Noticias una fuente federal conocedora de los arrestos.

Razones legítimas

“Si bien el gobierno ciertamente tiene el derecho de deportar a personas con órdenes legítimas de deportación final, muchas de esas órdenes pueden estar sujetas a impugnación”, dice Stephen Yale-Loehr, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell, en Nueva York. » Los inmigrtantes tienen derechos«, agregó.

Por ejemplo, explica, “dadas las ineficiencias en el sistema de tribunales de inmigración, muchas personas pudieron haber recibido una orden de deportación ilegalmente porque ICE no tenía su dirección correcta para notificarles sobre su fecha en el tribunal de inmigración”.

Yale-Loehr indica que, “en estos casos, las personas afectadas pueden tener el derecho de reabrir su caso de inmigración. Busque un abogado ahora”.

Seis meses de plazo

“Las personas que tienen orden final de deportación en ausencia y nunca se enteraron de que debían presentarse a la corte de inmigración, tienen un plazo de seis (6) meses para reabrir su caso y explicar por qué no se presentaron y el juez emitió entonces una orden de expulsión de Estados Unidos”, explica Lilia Velásquez, una abogada de inmigración y profesora adjunta de la Facultad de Leyes de la Universidad de California, en San Diego.

“Pueden explicar y demostrarle al tribunal por qué no se presentaron, por ejemplo, que el gobierno emitió la orden de comparecencia con una dirección equivocada, o sin un lugar físico donde acudir ni una hora específica. Y que por esa razón no fueron y la corte decidió expulsarlos en ausencia”, agregó.

Pero en general, “cuando el juez emite una orden de deportación final no hay vuelta de página”, previene Velásquez. “Las personas que tienen estas órdenes y no tienen argumento para impugnarlas, tienen que saber que van a ser deportados. Y si los arrestan no tienen derecho a comparecer nuevamente ante

Los daños colaterales

Yale-Loehr, también se refirió a los daños colaterales provocados por los agentes dxe ICE durante los operativos de captura de indocumentados con orden de deportación.

“Pueden recoger a otros inmigrantes que no estén sujetos a las órdenes finales de deportación porque están en la misma área que alguien que la agencia está buscando. Y las familias incluso pueden ser separadas por estas redadas”, indicó.

En este caso, precisó que “los inmigrantes, incluso si están indocumentados en Estados Unidos, tienen ciertos derechos constitucionales” que pueden ejercer durante y después de ser detenidos en un operativo o redada.

“A los agentes de inmigración no se les permite legalmente ingresar a una casa por la fuerza. Los inmigrantes pueden negarse a abrir la puerta cuando se acerca un agente, a menos que los agentes tengan una orden de registro válida” firmada por un juez competente, apuntó.

Fallo clave

Abogados y activistas consultados por Univision Noticias también recordaron que en junio del año pasado la Corte Suprema de Justicia anuló miles de Notificaciones de Comparecencia (NTA) emitidas incorrectamente por el gobierno a inmigrantes para que se presenten en las cortes de inmigración, y que al no acudir por fallos en la información proporcionada recibieron órdenes de deportación en ausencia.

La decisión constituyó una victoria para miles de inmigrantes que luchan contra sus deportaciones y no pueden demostrar un mínimo de tiempo de 10 años ininterrumpidos en Estados Unidos, explicaron los abogados.

La corte señaló que, al no detenerse el reloj al momento de la presentación de cargos, los inmigrantes “podrán cumplir con el requisito de tiempo de permanencia para evitar ser deportados”.

“Generalmente cuando se inicia el proceso de deportación, una persona recibe cargos formales de deportación y en ese momento se congela el tiempo de permanencia”, explicó Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Angeles, California. “Muchas personas necesitan tiempo físico ininterrumpido de vivir en Estadios Unidos para poder calificar a beneficios que les permiten quedarse y recibir la residencia legal permanente (green card) y con ello evitar la expulsión”, agregó.

Conozca sus derechos

Yale-Loehr también recordó que “los inmigrantes preocupados por ser detenidos o deportados, sobre todo aquellos que tienen una orden final de deportación, deben conoce sus derechos”-.

“También deben consultar con un abogado respecto a su caso para ver si puede impugnar una orden de deportación definitiva o reabrir su caso”, apuntó.

A su vez, recomendó que “deben prepararse para una posible detención o deportación hablando con sus hijos y vecinos” y que un Plan B es necesario para proteger a la familia y sus bienes.

En cuanto a la prontitud con que el gobierno ejecutará las deportaciones de aquellos inmigrantes con orden de deportación final que ICE detenga en los operativos, Velásquez dijo que “a los inmigrantes mexicanos los subirán a la patrulla y podrán ser deportados el mismo día. Los no mexicanos si no tienen documento de identidad y nacionalidad, el gobierno se comunicará con los consulados para que emitan documentos de viaje y entonces proceder a embarcarlos en un avión y enviarlos a sus países de origen”, apuntó.