Miami no quiere ser santuario para indocumentados

Algunas ciudades se han puesto a la vanguardia en la defensa de los inmigrantes ante la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. En Miami, donde más del 66% de la población es de origen hispano, algunos lamentan el poco compromiso de las autoridades locales con los indocumentados.Leah Cayasso ya ha escrito su carta a Santa Claus este año pero, por encima de juguetes o muñecas, el mayor deseo de esta niña de 11 años es que su familia se mantenga unida. No quiere que deporten a sus papás que hace más de una década llegaron indocumentados de Nicaragua a Estados Unidos para empezar una nueva vida en Miami. Como Leah, una veintena de niños y adolescentes, muchos de ellos hijos de indocumentados o dreamers, se presentaron este miércoles en la oficina del alcalde del condado de Miami, Carlos Giménez, para entregarle cartas con sus deseos de Navidad.»Este año es importantísimo ya que se aproxima una Presidencia que ha prometido deportar a cientos de familias», afirmó a las puertas de la oficina del alcalde Lis Marie Alvarado, una de las promotoras de la iniciativa «Un deseo para las fiestas» de la organización We Belong Together. «Entonces los niños, niñas y jóvenes están escribiendo cartas a sus líderes locales como el alcalde o el gobernador para pedirle que sus deseos para estas fiestas es que sus familias permanezcan juntas y también sus comunidades, ya que ellos y ellas tienen el poder para protegernos. Creemos que no solamente simbólicamente lo digan pero que también los gobiernos locales se comprometan a que no colaboren con la Migra», añadió. Dentro de la oficina, el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, recibió a los pequeños, los escuchó, recogió las cartas y los deseó que, como todos los niños, puedan estar con sus familias. Pero más allá de los buenos deseos, las autoridades de la ciudad y el condado no parecen estar dispuestas a ponerse a la vanguardia de la defensa de los indocumentados como lo han hecho Los Ángeles, Chicago o Nueva York. El propio Giménez afirmó rotundamente ante los medios y después de recibir a los niños, que Miami no se sumará a las denominadas «ciudades santuarios», un término amplio para hablar de los territorios que se niegan a cooperar con las autoridades federales para aplicar las leyes de inmigración y a las que el presidente electo Donald Trump declaró la guerra durante la campaña. «Nosotros no somos una ciudad santuario, nosotros cumplimos con las leyes federales y siempre vamos a cumplir con las leyes federales», sostuvo el alcalde del condado de Miami. Pero apuntó que, si tiene la posibilidad de hablar con Trump, al que conoce personalmente, abogará por una reforma migratoria integral, pero también por la protección de la frontera. «No hay manera de que vayan a deportar a 11 millones de personas que han estado aquí muchos años ni a niños de esas personas que nacieron aquí y que también se tienen que tomar en cuenta y se deben quedar con su familia», afirmó Giménez. El alcalde del municipio de Miami, Tomás Regalado, también ha negado que la suya sea una ciudad santuario: «Oficialmente no protegemos a los inmigrantes ni los entregamos (a las autoridades federales)», le dijo a Politifact Florida. Pese a que las autoridades niegan que la ciudad y el condado vayan a ser un santuario para los indocumentados, un documento del inspector general del Departamento de Justicia incluye a Miami-Dade en la lista de territorios que “limitan o restringen la cooperación con ICE”. Eso se debe principalmente a una resolución aprobada por el condado de Miami a finales de 2013 que obligaba al gobierno nacional a reembolsar al condado de Miami-Dade el dinero correspondiente a las detenciones como condición para que las autoridades locales respeten las órdenes de detención federales. No obstante, para algunos, las autoridades no hacen lo suficiente para defender a los indocumentados en un condado receptor de inmigrantes y donde, según el censo, más del 66% de la población es hispana y más del 72% de sus habitantes aseguran hablar un idioma distinto al inglés en sus casas. Una de las que ha levantado su voz públicamente contra la falta de acciones por parte de los líderes políticos locales es la reconocida columnista de origen cubano del Miami Herald Fabiola Santiago.  En un reciente editorial lamentó «el vergonzoso silencio» de las autoridades locales después de que ningún político de Miami ni de Florida hubiera firmado la carta que alcaldes de 14 ciudades le enviaron a Donald Trump para pedirle que mantenga el programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA) que protege a los dreamers. «En esta metrópolis de inmigrantes –donde los cubanoamericanos dominan la política– el liderazgo debe estar preparado para unir fuerzas en defensa de algunas de las personas más vulnerables en nuestra comunidad», afirma Santiago en referencia a los jóvenes a los que les trajeron al país indocumentados siendo niños. «En el sur de la Florida vivimos sin preocuparnos por los demás, seguros en la comodidad del estatus especial de cubanos, disponible a la llegada por la playa, por la frontera mexicana o con visa de turista», añade la columnista en relación a la ley de ajuste. Esa norma, que ofrece beneficios migratorios a los cubanos que toquen suelo estadounidense, los permite trabajar legalmente después de 3 meses en el país y solicitar la residencia legal al cumplir un año. El profesor de la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés), Eduardo Gamarra, destaca que, pese a que los grupos de migrantes que viven en la ciudad son muchos, quienes se mantienen en el poder son los cubanoamericanos. «Son por lo general cubanos mayores de 45 años muy identificados con el partido republicano», apunta. En efecto, tanto Regalado como Gimenez son políticos de origen cubano que, pese a no haber apoyado a Donald Trump en los comicios de noviembre, son fieles al partido republicano. A juicio de Gamarra, la prioridad tanto de los alcaldes de la ciudad y el condado como de los congresistas cubanoamericanos de Florida como Marco Rubio, Mario Díaz Balart, Carlos Curbelo o Ileana Ros-Lehtinen es que Trump revierta las políticas de Obama con Cuba, una de las promesas que el presidente electo hizo durante la campaña en Florida. Y pese a que destaca los esfuerzos de Díaz Balart y Ros-Lehtinen en la defensa de los inmigrantes a nivel federal, cree que ninguno de los congresistas haría nada que vaya en contra de las políticas del presidente electo: «Ellos no van a hacer nada para alterar la buena relación que tienen ahora con Trump», sostiene. «No van a sacrificar eso por la promesa de protección de otros grupos de centroamericanos o sudamericanos».

Las ciudades santuario son tan viejas como la ordenanza de San Francisco de 1989, que impide que la policía de la ciudad haga cumplir la ley de inmigración. El número de ciudades bajo este concepto aumentó en la administración de Obama, que se ganó el adjetivo de «jefe deportador” por parte de los grupos pro inmigrantes. En Estados Unidos es trabajo del Gobierno Federal investigar violaciones de la ley de inmigración. Hay una agencia específica para esto, la Agencia de Inmigración y Aduanas, conocida como ICE. Sólo ellos tienen autoridad para hacer arrestos y comenzar procesos de deportación. Sin embargo, la ICE a menudo pide a la policía local que informe sobre sospechosos de ser inmigrantes indocumentados o que los detengan para que la ICE los interrogue. En otras palabras, se espera que la policía local sirva como los ojos y oídos del Gobierno Federal. No hay una definición legal del término, pero Kemi Bello, portavoz del Centro Nacional de Inmigración, dijo a DW que «para nuestros propósitos, vemos a las ciudades santuario como lugares que limitan la participación de su agencia policial local para ayudar a la ICE a llevar a cabo deportaciones en conjunto”. En Chicago, por ejemplo, la «Ordenanza de Ciudad de Acogida” prohíbe a la policía hacer cumplir la ley de inmigración. Si arrestan a una persona por robo no se le permite a la policía investigar si es o no un ciudadano estadounidense. Si esta misma persona detenida por robo estuviera a punto de ser liberada de la cárcel, y la ICE quisiera interrogarla sobre su situación migratoria, la policía de Chicago no gastaría su tiempo en responder a estas investigaciones, siguiendo la ordenanza ciudadana. Cuando el departamento policial de una ciudad santuario se niega a aceptar una solicitud de la ICE para que retenga a un prisionero, no están violando la ley federal. Las solicitudes no son vinculantes, lo que significa que son eso, solicitudes y no órdenes.