No es fácil hacer la paz con un enemigo como las FARC

Un proceso de paz describe los esfuerzos de las partes interesadas en lograr una solución duradera a largos conflictos, como el proceso de paz de Irlanda del Norte, Acuerdo de Belfast, del País Vasco o el actual Proceso de paz de Colombia con las FARC. El uso del término «proceso de paz» a menudo es criticado por ser usado en un contexto impropio a las situaciones dadas. Los críticos de izquierda como Nom Chomch argumentan que la historia de participación estadounidense en Medio Oriente desacredita la idea de que pueda ocurrir un auténtico «proceso de paz». Osama bin Laden se ha referido al proceso israelí-palestino de paz como «un proceso de capitulación». Términos similares usa Francisco José Alcaraz, ex presidente de la AVT, para referirse a las supuestas conversaciones del PSOE con ETA. En este sentido la izquierda abertzale prefiere hablar de «proceso democrático», ya que, según su visión, el conflicto es únicamente de índole político. Los diálogos/negociaciones de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), también conocidos como proceso de paz en Colombia, son las conversaciones que se llevan a cabo entre el Gobierno de Colombia (en representación del Estado) y la guerrilla de las FARC. Estos diálogos tienen lugar en Oslo y en La Habana. El objetivo, según el gobierno, es la terminación del conflicto con el grupo insurgente; y según las FARC, «buscar la paz con justicia social por medio del diálogo», según palabras de Iván Márquez, uno de los miembros del equipo negociador de las FARC. El proceso fue suspendido tras el secuestro de un general del ejército,⁴ luego de su liberación, se reanudaron los diálogos el 10 de diciembre de 2015. Se había trazado como fecha límite para la culminación de los diálogos de paz entre las partes el 23 de marzo de 2016, pero por «diferencias de fondo» en puntos claves de la negociación, no se cumplió en el tiempo previsto, extendiéndose por varios meses más. Siendo los años de la Política de Seguridad Democrática, el entonces comisionado de Paz, Frank Pearl, en representación del gobierno de Álvaro Uribe buscó negociar clandestinamente con las FARC (entre otros funcionarios del gobierno) y bajo condiciones similares a las actuales: sin cese al fuego e incluso desmilitarizando territorio colombiano (lo que se conoce como zonas de distensión). No obstante, a causa de la entrega del cadáver de Julián Ernesto Guevara, quien falleció en retención por la guerrilla, los acercamientos de ese gobierno con la insurgencia quedaron estancados hasta la llegada de Santos a la presidencia; aunque siendo presidente electo, Juan Manuel Santos recibió un «informe de empalme» de Pearl, por medio del cual éste le enteraba del estado en que habían quedado los fallidos acercamientos.  Una vez establecidos los parámetros por medio de los cuales se llevarían a cabo los próximos encuentros, Santos incluyó en su delegación a Frank Pearl, quien ejercía como ministro de ambiente, a su asesor de seguridad nacional Sergio Jaramillo, al exvicepresidente Humberto de la Calle y por último a su hermano Enrique Santos, exdirector del periódico El Tiempo. Según la revista Semana, la inclusión de Enrique generó credibilidad en el proceso, primero por tratarse de un familiar cercano y segundo por la «posibilidad de conversar con uno de los pocos colombianos que los conoce personalmente».Como respuesta, las FARC delegaron a Mauricio Jaramillo, comandante del Bloque «José María Córdoba», a Marcos Calarcá, conocido por su experiencia en temas de negociaciones bilaterales, Rodrigo Granda denominado como canciller de las FARC, y por último a Andrés París; todos, miembros del Secretariado del Estado Mayor Central.  Ya designadas sus respectivas delegaciones, como parte del proceso, el gobierno y las FARC designaron a Cuba y Noruega como países garantes, a Cuba, por haber sido la sede de los primeros encuentros y a Noruega por ser un país con tradición en temas de resolución de conflictos, también porque varios políticos y diplomáticos poseen un amplio conocimiento en temas relacionados con el conflicto armado en Colombia. Posteriormente, las partes discutieron la necesidad de nombrar a más facilitadores y es entonces cuando la guerrilla escoge a Venezuela y el gobierno a Chile.  En febrero de 2012, tanto los países participantes como los facilitadores, procedieron a encontrarse en un sitio estratégico para continuar con los debates. Con la intención de preservar la confidencialidad del proceso, las delegaciones no departieron entre sí, tampoco dialogaron con civiles cubanos. Para el mes de agosto se desarrollaron diez sesiones preparatorias: cada una constaba de cuatro a ocho días, en total, se contabilizaron sesenta y cinco sesiones. Durante esos meses, el equipo negociador del gobierno mantuvo constantes viajes hacia Cuba y viceversa, con la excepción de Frank Pearl quien permaneció todo el tiempo en Cuba. La agenda estuvo integrada por cinco puntos, algunos de los cuales coincidian con proyectos que el gobierno de Santos previamente había impulsado, como un proyecto de ley del ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo, la Ley de Víctimas y la Comisión de la Verdad. El total de integrantes por cada delegación estaba limitado a un número de treinta (30) personas, diez de las cuales son las que podían participar de la mesa por ocasión. Cada comisión disponía de un jefe, no obstante todos los miembros eran negociadores y tenían acceso a la divulgación de comunicados conjuntos y unilaterales. La delegación que designó el gobierno de Santos estuvo liderada por el ex-vicepresidente Humberto de la Calle (como Jefe Negociador) y Sergio Jaramillo Caro (entonces Comisionado de Paz), además de la participación en la mesa de Frank Pearl (ex-comisionado de paz), Luis Carlos Villegas (empresario colombiano), Enrique Santos (hermano del presidente), Alejandro Éder (consejero presidencial), el general en retiro de la Policía Óscar Naranjo y el también retirado general del Ejército Jorge Enrique Mora, entre otros. En tanto que la delegación de las FARC estuvo integrada por alias Iván Márquez (como Jefe Negociador), «Jesús Santrich«, «Rodrigo Granda«, «Simón Trinidad» (recluido en una cárcel de Estados Unidos), «Andrés París«, «Marcos Calarcá«, «Pablo Catatumbo» (quien ingresó al equipo, meses después del inicio del proceso), Tanja Nijmeijer (insurgente de origen holandés), «Sargento Pascuas», «Mauricio Jaramillo«, entre otros.  La delegación de la insurgencia estaba liderada por el comandante del Bloque Caribe Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, comandante del Bloque Occidental y quien ingresara a la delegación meses después de iniciadas las conversaciones; Rodrigo Granda, quien estuvo preso y cuya captura derivó en una crisis diplomática entre el gobierno colombiano de Uribe con el venezolano del fallecido Hugo Chávez. Andrés París, alto mando del Bloque Oriental y negociador del fallido proceso del Caguán; Luis Alberto Albán Burbano, alias «Marcos Calarcá«, miembro de la Comisión Internacional de las FARC; Seusis Pausivas Hernández, alias «Jesús Santrich«, jefe del Bloque Caribe; Alias «Rubén Zamora«, comandante del Frente 33; todos ellos con excepción de Zamora, miembros del Secretariado del Estado Mayor Central. Asimismo, la delegación estuvo también integrada por alias Yuri Camargo, Victoria Sandino Palmera, la guerrillera holandesa Tanja Nijmeijer, alias «Alexandra Nariño», entre otros. Las FARC han enfocado su propuesta agraria en la creación de lo que estas llaman Territorios Campesinos, que serían territorios de propiedad de la colectividad y manejados por los personajes que la comunidad eligiese para tal fin. Estarían conformados por las actuales Zonas de Reserva Campesina que estarían conformados por 8 millones de hectáreas y por lo que las FARC denominan Zonas de producción campesina de alimentos con 6 millones de hectáreas. Las FARC, han pactado unas zonas afectadas por el conflicto y el abandono donde el Gobierno Nacional se compromete a crear en estas zonas un total de X Circunscripciones Transitorias  La dejación de las armas por parte de las FARC (hecho que, aseguran, debiera estar acompañado de una reestructuración de las fuerzas militares) para su reintegro o ingreso a la vida civil por efectos del marco legal para la paz, proyecto que define la suspensión de proceso judiciales a subversivos. No obstante, la discusión de este punto podría verse dificultada por causa del Estatuto de Roma (suscrito por Colombia) que prohíbe que condenados por delitos de lesa humanidad tengan vida jurídica. El cultivo, la producción y tráfico de drogas ilícitas, ha influido en el conflicto armado y la financiación de guerrillas y paramilitares desde hace tres décadas. Las FARC, plantearon priorizar la erradicación manual como principal método de erradicación de drogas en concertación con los cultivadores y productores de drogas ilícitas, se acordó que los cultivos de las plantas que correspondan a usos ancestrales no se pueden erradicar. Uno de los puntos a discutir es determinar quiénes son víctimas del conflicto armado (según reiterados comunicados de las FARC, ellos también son víctimas y el Estado ha sido un victimario). Las FARC propusieron la conformación de una comisión de la verdad, que se encargue de lo anterior, comisión también prevista en la Ley del Marco Jurídico de la Paz. En el desarrollo de la discusión del punto Víctimas, las delegaciones de la Mesa recibieron 60 delegaciones de víctimas del conflicto que compartieron con las partes sus visiones sobre el fin del conflicto y los ítems en discusión. Las FARC han insistido en que el método de refrendación de los acuerdos sea una Asamblea Nacional Constituyente que tenga 141 integrantes, tanto elegidos como surgidos de cuotas de participación asignadas, «la Asamblea estará compuesta por representantes de las fuerzas guerrilleras (…) en número que será definido como parte de un eventual Acuerdo final». Por su parte, el gobierno insiste en un plebiscito que avale los acuerdos, el cual fue aprobado por el Congreso de la República a finales de 2015 mediante proyecto de ley, y que pasó a revisión por parte de la Corte Constitucional, quedando avalado a mediados de 2016, dando un lapso de 30 días para realizar la consulta popular después del acuerdo final que se firmará en Colombia en fecha aún no definida. El gobierno y las FARC acordaron el 23 de Junio de 2016 la refrendación a través del plebiscito según el fallo de la Corte, cuya fecha de realización será el 2 de octubre de  2016.