Los condados de San Francisco y Santa Clara, en California, presentaron una demanda al considerar que los cambios impulsados por el gobierno de Trump empeorarán la salud y el bienestar de sus residentes, aumentarán los riesgos de salud pública y tendrá un impacto financiero. Además, consideran que “facilita ir de manera injusta contra inmigrantes que son trabajadores y que cumplen con la ley».

Los condados de San Francisco y Santa Clara, en California, presentaron el martes una demandacontra las nuevas reglas de “carga pública” del gobierno del presidente Donald Trump para restringir la inmigración y que busca negar la residencia a los migrantes legales que usen beneficios públicos.

La querella es la primera acción legal luego de que el Departamento de Seguridad Nacional anunció el lunes que negaría la green card a los migrantes que hagan uso del programa de asistencia médica Medicaid, reciban cupones de alimentos y otras prestaciones sociales.

Los condados de Santa Clara y San Francisco alegaron ante la corte que las nuevas directrices empeorarán la salud y el bienestar de sus residentes, aumentarán los riesgos de salud pública y afectarán financieramente a los condados. Las normas, argumentaron los condados, provocarán un “efecto aterrador” en el que los migrantes renunciarán o se darán de baja de los programas federales de asistencia pública para reducir el riesgo de un rechazo en su solicitud de residencia. Eso significaría que el precio de los servicios pasaría de las manos del gobierno federal a las de los estatales.

Los condados también señalaron que la regla socava el sistema más amplio de leyes de inmigración del Congreso que dan prioridad a la reunificación de familias y que el gobierno federal no ofreció las razones suficientes para explicar los supuestos beneficios de las reglas o justificar sus costos.

Esta regla “facilita ir de manera injusta contra inmigrantes que son trabajadores y que cumplen con la ley mientras siembra miedo y confusión en nuestras comunidades”, dijo Dennis Herrera, fiscal de la ciudad de San Francisco, en un comunicado. “Esta regla obliga a la gente a tomar una decisión imposible: su salud o un futuro mejor con su familia. Todos asumiremos el precio de esta política equivocada”.

Las leyes federales actuales requieren que aquellas personas que busquen ser residentes permanentes o recibir un estatus legal comprueben que no representarán una carga para Estados Unidos, una “carga pública” en términos gubernamentales, pero las nuevas reglas agregan varios programas que serían elementos descalificatorios.

Bajo las nuevas normas, el Departamento de Seguridad Nacional ha redefinido la carga pública como alguien cuya probabilidad de recibir prestaciones sociales por más de 12 meses dentro un periodo de 36 es más alta que la probabilidad de no recibirlas. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés) sopesará si los solicitantes han recibido ayuda pública junto con otros factores como la educación, salario y salud, para determinar si les otorga un estatus legal.

Las demandas del martes no serán las últimas. Al menos así se espera luego de que el Centro Nacional de Leyes Migratorias, con sede en Los Ángeles, prometió interponer una querella sobre lo que describió como un intento para redefinir el sistema de inmigración legal “para privar de derechos a las comunidades de color y favorecer a las acaudaladas”. Los fiscales de California y Nueva York dijeron que también están preparados para tomar medidas.