Empate en la Corte perjudica a inmigrantes
Unos cinco millones de inmigrantes indocumentados que llevan tiempo viviendo en Estados Unidos y carecen de antecedentes criminales no podrán pedir el amparo de sus deportaciones tras el fallo 4-4 este jueves de la Corte Suprema de Justicia sobre la Acción Ejecutiva migratoria.
La decisión del Tribunal Supremo regresó el caso a la Corte de Apelaciones del 5to Circuito de Nueva Orleans, que ratificó el dictamen de una corte de Texas que frenó la entrada en vigor de DAPA y DACA mientras el tribunal resuelve la demanda en su totalidad entablada por 26 estados en diciembre de 2014.
La Acción Ejecutiva bloqueada protegía de ser deportados a cerca de 5 millones que calificaban para DAPA y DACAampliado. Con este resultado, este grupo de indocumentados no podrá pedir el amparo de sus deportaciones, por ahora, ni un permiso de trabajo.
Según Ezequiel Hernández, abogado de inmigración, si el próximo presidente estuviera a favor de DACA y DAPA, podría volver a impulsar estos programas. Sin embargo, si el próximo mandatario estuviera en contra, daría por terminado el proceso.
El fallo de este jueves supone para Barack Obama un importante fracaso en su política de reforma migratoria, quien lo calificó como «desafortunado». Obama consideró que la resolución «nos aleja del país al que aspiramos ser».
Con esta decisión del Supremo, los programas migratorios DAPA y DACA podrían quedar suspendidos durante el resto de su gobierno. Desde este momento, el caso Texas vs EEUU inicia un proceso judicial a través de diferentes tribunales hasta que se establezca una resolución definitiva.
Ahora que DACA y DAPA han quedado en el aire, grupos proinmigrantes pueden formar una nueva coalición de diferentes estados para lanzar una nueva iniciativa legal en otros tribunales para que entren en vigor.
Reacciones
Hillary Clinton reaccionó y calificó el fallo como «inaceptable» y recalcó «la importancia de esta elección». Según la virtual candidata demócrata, «la decisión de hoy de la Corte Suprema es puramente procesal y no deja ninguna duda del hecho que DAPA y DACA están totalmente bajo la autoridad legal del presidente». Bernie Sanders, rival de Clinton para la nominación de su partido, señaló que esto «significa que más de cuatro millones de personas que aspiran a ser estadounidenses quedarán en espera de respuestas necesarias en un sistema migratorio roto».
Donald Trump, el virtual nominado por el lado republicano, advirtió de que «Clinton ha prometido expandir la amnistía ejecutiva de Obama, dañando a los pobres trabajadores afroestadounidenses e hispanos regalando sus trabajos y recursos federales a mano de obra inmigrante ilegal, al mismo tiempo que nos hace a todos menos seguros».
El grupo proinmigrante Latino Victory Project manifestó su decepción pero, en un comunicado, anunció que seguirá luchando: «Continuaremos explorando todas las opciones disponibles para asegurarnos del bienestar de nuestras familias».
La decisión de la Corte llega solo cinco meses antes de las elecciones presidenciales. El voto latino se ha convertido en crucial en algunos estados considerados clave para poder llegar a la Casa Blanca, como Florida, Nevada y Colorado.
Antes de conocer la decisión del Supremo, Francisco Moreno, director ejecutivo del Consejo de Federaciones Mexicanas, afirmo que, en caso de que el dictamen fuera negativo, seguirían adelante con el Plan B de la Acción Ejecutiva: elegir a un presidente que mantenga las intenciones de reforma migratoria del presidente Obama.
En vísperas del fallo, Stephen Yale-Loehr, profesor de la escuela de leyes de la Universidad Cornell de Nueva York, había anticipado que la disputa legal entre los 26 estados y el gobierno de Obama iba a resolverse sobre la base de si estos estados tenían o no base legal (standing) para demandar al gobierno federal. «No hubo necesidad entonces de revisar si el presidente tiene o no autoridad legal para tomar Acción Ejecutiva y crear DAPA sin la aprobación del Congreso», dijo.
El anuncio del 2014
Obama anunció la Acción Ejecutiva el 20 de noviembre de 2014 en respuesta a la inacción del Congreso con el tema de la reforma migratoria.
La Acción Ejecutiva protege a:
Padres indocumentados de ciudadanos y residentes legales permanentes (DAPA, por su sigla en inglés); y,
Extiende la cobertura de la Acción Diferida de 2012 (DACA, por su sigla en inglés) para jóvenes que entraron indocumentados al país antes de cumplir los 16 años y que se conocen como dreamers.
Para pedir el amparo de sus deportaciones ambos grupos deben demostrar que:
Están en el país desde antes del 1 de enero de 2010; y Carecen de antecedentes criminales.
El litigio
La Acción Ejecutiva fue demandada el 3 de diciembre de 2014 por Texas y otros 25 estados. El 16 de febrero de 2015 el juez Andrew S. Hanen, que preside la Corte de Distrito de Brownsville, Texas, impidió la entrada en vigor de DACA y DAPA mientras la totalidad de la demanda seguía en curso.
Los demandantes argumentaron que Obama se extralimitó en sus poderes ejecutivos al cambiar la ley de inmigración sin haberle consultado al Congreso, y que las medidas, en caso de ser implementadas, obligarán a los estados a incurrir en gastos. También adujeron que los beneficios para los indocumentados violaban la Constitución.
Día de los argumentos
El 18 de abril los ocho magistrados de la Corte Suprema (el 9o integrante, Antonin Scalia, falleció el 13 de febrero en Texas a causa de un ataque al corazón) escucharon los argumentos orales de defensores y detractores de la Acción Ejecutiva.
Los jueces Sonia Sotomayor y Stephen Breyer evidenciaron con sus preguntas estar más a favor de la idea que existen límites en torno a cuán lejos pueden llegar los estados a la hora de desafiar legalmente al gobierno federal. Ambos fueron especialmente críticos en torno a la idea esgrimida respecto a que los estados demandantes tendrán que excederse en sus presupuestos si tenían que atender a los inmigrantes indocumentados a la hora de prestarles nuevos servicios, como la otorgarles licencias de conducir.
El abogado Scott Keller, que representa a Texas, insistió en que el Congreso era el único cuerpo legal que debe autorizar al presidente Obama a la hora de diferir cualquier deportación, por lo que reiteró que la Acción Ejecutiva no tenía base legal.
Ese día los magistrados trataron de responder preguntas claves, entre ellas si los estados tenían derecho a demandar y si el Ejecutivo debió haber consultado a los estados y tomar en cuenta sus opiniones antes de anunciar la medida.
Postura conservadora
El magistrado Samuel Alito, visto como el magistrado más favorable a los argumentos de los demandantes, señaló durante la audiencia que el argumento del costo de las licencias de conducir era el más sólido.
El juez Kennedy cuestionó el poder de Obama para detener deportaciones. La postura sembró algunas dudas en torno al futuro de los planes de Obama porque se trata, a juicio de analistas, del voto decisivo en juicios clave ya que la corte se encuentra, tras la muerte de Scalía, virtualmente empatada 4 a 4.
