Sentencia contra los sobrinos de Maduro agrava crisis
El gobierno venezolano suspendió los contactos con la oposición cuando su mayoría en el Parlamento decidió investigar la condena por tráfico de cocaína en Estados Unidos contra los sobrinos del Presidente. La sentencia por narcotráfico en Estados Unidos contra los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, conocidos como los ‘narcosobrinos’ perturba el ya frágil proceso de diálogo que llevan adelante el Gobierno chavista y la oposición reunida Mesa de la Unidad Democrática (MUD) desde el 30 de octubre pasado, para buscar soluciones a la aguda crisis política y económica del país. Los sobrinos de la primera dama de la República, Cilia Flores, fueron declarados culpables de conspirar para traficar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, el viernes 18 de noviembre. Este martes, la mayoría opositora en la Asamblea Nacional acordó investigar el escándalo. Desde entonces, el gobierno venezolano suspendió los contactos con la MUD y decidió abandonar la mesa en señal de protesta, según le fue informado a la oposición a través de los expresidentes que sirven de mediadores. No obstante, en la tarde, Maduro anunció que “la comisión del Gobierno bolivariano se mantiene en la mesa de diálogo con voceros de la derecha”. El Jefe de Estado ofreció esta información tras reunirse en el palacio de Miraflores con el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, frente a quien garantizó «el cumplimiento de los acuerdos firmados en la mesa de diálogo con factores oposicionistas». En un país asfixiado por una severa crisis económica y con un conflicto político que constantemente se asoma al abismo de la violencia fratricida, el oficialismo y la MUD instalaron formalmente una mesa de diálogo el domingo 30 de octubre con el acompañamiento del Vaticano, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y los expresidentes Zapatero, Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá). La oposición solicitó desde principios de año convocar un referendo revocatorio para que los venezolanos resolvieran con su voto el destino de Maduro. El chavismo rechazó esta propuesta y, valiéndose de su control sobre el Poder Judicial y el Consejo Nacional Electoral, liquidó la posibilidad de realizar el plebiscito. Ahora, la Unidad acude a la negociación con el objetivo principal de pactar la celebración de una consulta que allane el camino para el cambio de Gobierno antes de su término constitucional en 2019. Los negociadores del Gobierno y la MUD se vieron las caras por última vez el 12 de noviembre. La cita finalizó con la lectura de una declaración conjunta que planteaba una posible solución a la parálisis que sufre el Parlamento, bloqueado por el Ejecutivo chavista y los fallos del Tribunal Supremo de Justicia, y establecía el compromiso de designar un Poder Electoral “neutral”. Ninguno de estos temas ha registrado avances. La oposición también esperaba la liberación de un grupo significativo de presos políticos como un “gesto” del Gobierno de Maduro para promover la confianza; sin embargo, hasta la fecha solo han excarcelado a Rosmit Mantilla, diputado suplente que permaneció detenido desde mayo de 2014 y que este martes pudo asumir el cargo. La negativa del Ejecutivo a ceder en estas peticiones aumentó la presión sobre la MUD, blanco de críticas por su incapacidad de lograr en el corto plazo una salida electoral a la crisis. Sin resultados ni conquistas que presentar a sus simpatizantes, la oposición ha tenido que pagar el costo político de perder en credibilidad y hasta soportar los rumores de haberse “vendido” al oficialismo. “Si el Gobierno no cumple los compromisos adquiridos en la mesa de diálogo, la MUD revisará su participación en la misma”, había advertido el secretario ejecutivo de la alianza, Jesús Torrealba, aunque estaba previsto que las partes volvieran a encontrarse el 6 de diciembre para continuar las conversaciones. Pero el gobierno se ha levantado antes de la mesa. “¿Y los maulas ahora se pararon de la mesa con la excusa del tema del narcogobierno? ¡Otra gran mentira! ¡La razón es que no quieren cumplir con nada!”, alertó la mañana de este miércoles a través de Twitter el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, quien aseguró que en realidad el presidente Nicolás Maduro “se paró de la mesa del supuesto diálogo” porque jamás respetó los acuerdos. “Quedó en evidencia frente al mundo y hasta del Papa se burló”, fustigó el líder opositor. El Gobierno ha evitado entrar de lleno en la polémica de los ‘narcosobrinos’. Al momento de escribir esta nota, Maduro aún no ha fijado posición al respecto. Sin mencionar directamente a los involucrados, la canciller Delcy Rodríguez se limitó a negar en Twitter que los sobrinos de la primera dama hayan recibido pasaportes diplomáticos. “Es absolutamente falso que la Cancillería venezolana ha otorgado pasaporte diplomático a ciudadanos que no aplican conforme a las normas”, respondió a un ataque lanzado por Capriles Radonski. El coordinador de la bancada chavista en el Parlamento, Héctor Rodríguez, aseveró que el expediente abierto contra Campo Flores y Flores de Freitas es un “vil montaje”. “Si ese caso es real que muestren los pasaportes diplomáticos, las grabaciones, la droga. Ha pasado un año y es un vil montaje tratando de acusar a la familia presidencial”, sostuvo. La primera dama de la República ha optado por seguir en silencio la evolución de los hechos. Sin embargo, en enero, tras jurar como legisladora, accedió a contestar algunas inquietudes de los medios sobre el suceso que golpea a su familia. “La DEA cometió delitos de secuestro que, en todo caso, la defensa se encargará de probar. Tenemos elementos, tenemos las fotos de quiénes fueron los funcionarios de la DEA que incurrieron en delito aquí en Venezuela en este caso, que es de secuestro y de venganza”, declaró Flores, antigua jefa del Poder Legislativo y ex procuradora general. Grabaciones presentadas por la fiscalía norteamericana en el transcurso del juicio, dejan en evidencia que Campo Flores y Flores de Freitas se ufanaban de sus contactos familiares y políticos para controlar e incluso poder enviar cargamentos de droga desde la rampa presidencial del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. En uno de esos audios, Campo Flores admite que necesita el dinero de este negocio para financiar la campaña de su tía Cilia Flores, quien ganó un escaño como diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015. “Los acusados pensaron que estaban por encima de la ley (…) Ellos pensaron que podían operar con impunidad en Venezuela por ser quiénes eran, por estar relacionados con la familia presidencial”, argumentó el fiscal Brendan Quigley durante el litigio. Las imputaciones por narcotráfico llueven sobre el chavismo. El ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol Torres, enfrenta un proceso por tráfico de drogas en un tribunal federal de Nueva York. Asimismo, el diario The Wall Street Journal ha publicado que la justicia norteamericana adelanta investigaciones contra el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, y el gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, “bajo la sospecha de que han convertido el país en un centro global de tráfico de cocaína y lavado de dinero”. Entre los señalados por las autoridades de Estados Unidos también se encuentran los gobernadores Henry Rangel Silva y Ramón Rodríguez Chacín, quienes anteriormente se desempeñaron como ministro de la Defensa y titular de Relaciones Interiores, respectivamente, y el general Hugo Carvajal, ex jefe de inteligencia y actual diputado chavista, incluido en la denominada “Lista Clinton” desde 2008 por presuntamente haber vendido cientos de kilos de cocaína junto con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los principales voceros del chavismo, encabezados por Cabello y Jorge Rodríguez, han insistido en la tesis del “secuestro” al momento de referirse a la detención de Campo Flores y Flores de Freitas, ocurrida en Haití en noviembre de 2015. “Lo que ocurrió allí fue un secuestro, un vulgar secuestro en contra de dos personas”, expresó en julio el alcalde Rodríguez, portavoz de la delegación del Gobierno. Pese a todo, los intercambios jamás cesaron. La oposición tenía en agenda reunirse este miércoles con el subsecretario de Estado, Thomas Shannon, quien visita nuevamente Caracas para conversar con las partes. Además, tras conocer la posición adoptada por el chavismo, los representantes de la MUD discutieron sobre la crisis del proceso de diálogo con los facilitadores del Vaticano y Unasur. Por su parte, Maduro atendió a Zapatero en su despacho de Miraflores. “La verdad es que el Gobierno no cumplió los acuerdos, se burló del Vaticano”, apuntó el secretario general de Primero Justicia, Tomás Guanipa, quien estimó que “cuando un gobierno reconoce que un debate sobre narcotráfico es una ofensa a ellos, es porque algo esconden, algo quieren tapar”.