Un juez bloquea la decisión del gobierno de Trump de cancelar el TPS a miles de indocumentados La medida de protección temporal beneficiaba a ciudadanos de países afectados por catástrofes naturales o guerras y que habían emigrado a Estados Unidos. Esta decisión ampara a más de 300,000 indocumentados que no podrán ser deportados. Un juez bloqueó este miércoles la decisión del gobierno de Donald Trump de acabar con el Estatus de Protección Temporal (TPS), que permite que miles de inmigrantes vivan y trabajen legalmente en Estados Unidos. Asegura que podría causar «un daño irreparable y grandes adversidades» a los beneficiarios. El fallo emitido la tarde de este miércoles por el juez de distrito Edward Chen, en San Francisco, libera de la deportación a más de 300,000 inmigrantes originarios de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán. La medida no incluye a Honduras, por ahora. La decisión plantea que el gobierno de Trump falló al demostrar qué daño pueden causar los nacionales de estos países que incluso han permanecido en Estados Unidos por más de 20 años. El dictamen es el resultado de una demanda colectiva presentada en marzo por nueve inmigrantes de los esos países y cinco niños estadounidenses. En ella argumentaban que el presidente Donald Trump hizo declaraciones con prejuicios raciales que pudieron llevar a la cancelación del TPS, siendo esto algo que prohíbe la Constitución. «Hay evidencia circunstancial de que la raza fue un elemento motivador» para acabar el TPS, argumenta el juez en su fallo al citar ejemplos dados por los demandantes, como cuando en enero de 2018 durante una reunión con legisladores bipartidistas Trump se refirió a ciertos países —El Salvador y Haití específicamente— como «huecos de mierda». Los demandantes le pidieron además al juez desechar la decisión de la Casa Blanca argumentado que el Congreso prohibió a los tribunales revisar las decisiones de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para otorgar o cancelar el TPS.

El 26 de junio, el juez federal Edward Chen determinó en un fallo preliminar que los tribunales tenían la autoridad para revisar la demanda con la que se pide restablecer el TPS, y señaló entonces que podría haber motivaciones de índole racista detrás de la decisión de cancelar el programa. El TPS otorga un amparo temporal de la deportación y concede una autorización de empleo renovable con cada extensión del programa.

La caída

El año pasado, el gobierno de Trump comenzó a cancelar el permiso, uno a uno, a los países beneficiarios. El argumento: que las condiciones por las que había sido concedido habían cesado o mejorado para esas naciones. Comenzó el 6 de noviembre de 2017. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la eliminación del beneficio para los nicaragüenses. Lo había otorgado en 1999 tras el paso del huracán Mitch por las costas centroamericanas. El programa favoreció desde entonces a unos 6,000 de sus ciudadanos. Dos décadas después quedan poco más de 2,500. La medida se amplió el 22 de noviembre, cuando el gobierno de Trump informó sobre el fin de la protección para cerca de 60,000 haitianos.

Dos meses después, el 8 de enero, le tocó a El Salvador: casi 200,000 inmigrantes indocumentados que llevaban casi dos décadas en Estados Unidos —muchos desde marzo de 2001, cuando fue implementado— quedaron desamparados. Pasaron los meses y el 4 de mayo siguiente, el DHS puso fin al TPS de Honduras, que protegía a unos 56,000 hondureños. El Congreso creó el TPS en 1990 como parte de los cambios a la ley de inmigración de aquel año. El programa concede estatus legal temporal a los ciudadanos extranjeros que no pueden regresar a sus países de origen debido a un conflicto armado, una guerra civil, huracanes, terremotos u otros desastres naturales. Por ley, el DHS tiene la discreción exclusiva de determinar cuándo los ciudadanos de otros países son elegibles para TPS. Una vez que eso ocurre, estos individuos pueden recibir una prórroga del permiso para residir y trabajar en el país de forma temporal.

“Una gran noticia para nuestros hermanos”

Para la comunidad hondureña del sur de Florida, el fallo de la corte de San Francisco es “una gran noticia para nuestros hermanos. Y pensamos que tarde o temprano nos van a agregar a la lista. Esto alivia un poco el miedo de las deportaciones”, dijo a Univision Noticias Orlando López, un activista hondureño que lleva casi 20 años en Estados Unidos. “Es una noticia buena en medio de tantas cosas malas que le han ocurrido a nuestra comunidad con las deportaciones”, agregó López. “La verdad es que estamos muy preocupados, pero ahora regresa un poquito la esperanza. Ahora seguiremos pidiendo para que a nosotros también nos incluyan cuanto antes». En octubre del año pasado, poco antes de la cancelación del TPS de Honduras, López dijo que las advertencias que venía lanzando el gobierno de Trump estaban “truncando miles de sueños de familias que llevan casi dos décadas contribuyendo con el engrandecimiento de Estados Unidos”. “Nuestras vidas están hechas aquí, tenemos estabilidad. Y (el TPS) era temporal, entonces ¿por qué tardaron tanto tiempo para tomar acción y despachar a la gente de regreso?”, se preguntó en aquella ocasión. “La verdad es que somos personas trabajadoras y mantenemos un récord limpio y con esperanza de que nos den una residencia. No somos criminales. Ojalá esta noticia se mantenga, nos llamen a nosotros los hondureños y que escuche el Congreso, para que atiendan nuestros ruegos por una residencia permanente”, precisó.