Acuerdo y cierre de las negociaciones en la Habana

El documento será presentado en la mañana de este jueves ante el Congreso de la República. Tal como había anunciado en la noche del pasado miércoles, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, hizo público en la mañana de este jueves el texto «completo y definitivo» de los acuerdos de la negociación entre el Gobierno y las Farc. El acuerdo final de paz entre el Gobierno y las Farc, luego de 3 años y 9 meses de intensas negociaciones, ya está disponible para todos los colombianos. El documento consta de 297 y será presentado en la mañana de este jueves al Congreso. Con esto, el Gobierno cumple con el plazo mínimo de 30 días que tenía para difundir los acuerdos con las Farc antes del plebiscito, de tal manera que el país los conozca y sepa qué votará en las urnas. La votación del plebiscito será el próximo domingo 2 de octubre, según anunció el mandatario tras decirle al país: “El día ha llegado. Hoy podemos decir, por fin, que todo está acordado”. Desde los años 90 se pueden comenzar a contar las gestiones del mandatario en aras de la paz, no sólo con las guerrillas sino también con los grupos paramilitares. Una apuesta que ya puede dar por ganada. La desaprobación de su gestión, según la más reciente encuesta de Invamer, llega al 65,1 %. Por eso, bien se puede decir que el presidente Juan Manuel Santos paga hoy con creces el costo de buscar la paz con las Farc. Una cruzada que se inició en firme pocos meses después de llegar al poder en 2010, cuando se dieron los primeros contactos con esa guerrilla, pero que se remonta a la década de los 90, cuando el país vivía tiempos de turbulencia por cuenta del escándalo del Proceso 8.000 y se conoció de su propuesta de una constituyente para facilitar una salida política a la crisis que afrontaba el entonces presidente Ernesto Samper. Fue precisamente el exministro conservador Álvaro Leyva, uno de los asesores de la mesa de negociaciones de La Habana, el que reveló que la idea había sido ventilada por el mismo Santos ante las Farc y ante los grupos paramilitares. El gobierno Samper habló de “conspiración”, entre ellos uno de sus hoy aliados en la paz, Horacio Serpa, entonces ministro de Gobierno. En mayo de 2007, en un escrito para la revista Semana titulado “Historia de mi conspiración”, él mismo reconoció encuentros con Raúl Reyes y Olga Marín, voceros internacionales de las Farc, en Costa Rica; diálogos en la cárcel de Itagüí con Felipe Torres y Francisco Galán, voceros del Eln, y dos reuniones con Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas, en Córdoba. La idea, dijo, era construir una propuesta para superar la crisis institucional que padecía Colombia y, de paso, avanzar en la búsqueda de la paz. “La propuesta debía cumplir con unas condiciones básicas: el mantenimiento del orden constitucional, un cese al fuego de las hostilidades, respaldo internacional, la convocatoria de una constituyente y el establecimiento de una zona de despeje con garantías para entablar los diálogos. Pero lo que era más importante e histórico, se trataba de un proyecto de paz integral que consultaba a ‘calzón quitao’, los intereses de todos los actores del conflicto: la guerrilla, los paramilitares, el Gobierno y la sociedad civil”. De hecho, quedó como constancia una carta a Samper en 1997, en la que le habla de la zona de distensión para los grupos guerrilleros, lo cual retomó en 1998 Andrés Pastrana, en cuyo gobierno Santos se convirtió en ministro de Hacienda en julio de 2000, en pleno fervor de las negociaciones del Caguán. De hecho, fue en dicha cartera donde tuvo un duro choque con Álvaro Uribe, entonces senador, quien lo acusó de pretender revivir los auxilios parlamentarios. Y hay que decir que cuando Uribe cambió el “articulito” en la Constitución para su reelección en 2006, Santos se convirtió en uno de los más acérrimos críticos de la continuidad en el poder. Pero como la política es dinámica y, como bien lo dijo en un debate el hoy jefe de Estado, “sólo los imbéciles no cambian de opinión”, al poco tiempo cambió de parecer, propuso una disidencia liberal para apoyar a Uribe, pues consideró que oponerse a alguien que tenía el 90 % de popularidad en las encuestas era un “suicidio político” y luego, junto con Óscar Iván Zuluaga y Luis Guillermo Vélez, participó en la creación del Partido de la U, arrastrando a varios líderes liberales. En marzo de 2006 llegó el premio: Santos fue nombrado ministro de Defensa. La seguridad democrática estaba en todo su apogeo y las Farc comenzaron a sufrir los golpes más contundentes de su historia: vieron caer a su segundo comandante, Raúl Reyes, en la llamada operación Fénix, y al Negro Acacio y Martín Caballero en los Montes de María, entre otros. Además se incrementaron las desmovilizaciones voluntarias y el entonces comandante de las Fuerzas Armadas, Freddy Padilla, habló del “fin del fin de las Farc”. Hábilmente, Santos fue construyendo su candidatura presidencial de 2010. En mayo de 2009 renunció al Ministerio y, cuando la Corte Constitucional declaró inexequible el referendo que buscaba abrir la puerta a un tercer mandato de Uribe, destapó sus cartas mostrándose dispuesto a continuar el legado de la política de seguridad democrática. Palabras que hoy le cobra el uribismo, que no lo rebaja de “traidor”, todo por cuenta de su apuesta por la paz con las Farc como salida al conflicto armado que padece Colombia desde hace más de 50 años. Desde un comienzo se mostró convencido de que las negociaciones de paz eran una oportunidad porque Colombia y el mundo han cambiado. “Será un camino difícil, pero un camino que debe ser aprovechado por cualquier gobernante responsable, porque cientos de colombianos tienen un familiar que ha sido víctima de la violencia”. Y el camino, al menos en la etapa de negociaciones, ha llegado a su fin. Ahora comienza el posacuerdo o el posconflicto, y aunque, como él mismo ha dicho, la firma del acuerdo es sólo el primer paso para la construcción de la paz, más allá de los cuestionamientos, esta apuesta ya la ganó. Después de cuatro años de negociación, Gobierno y Farc quedaron listos para firmar la paz. Esta vez la persistencia pudo más que los inamovibles. Las próximas tareas: Décima Conferencia de la guerrilla y plebiscito  Justo cuatro años después de que los delegados del Gobierno y las Farc finalizaran la fase secreta de los diálogos, que dio como resultado el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, la mesa de La Habana alcanzó un acuerdo final de paz. Aunque los textos completos los firmaron este miércoles protocolariamente los plenipotenciarios de las partes, la ceremonia del fin del conflicto se realizará en unas semanas, cuando las Farc hayan refrendado los acuerdos en su Décima Conferencia y la ciudadanía haya hecho lo propio en el plebiscito. Las fechas no están claras, pero la visita del presidente Juan Manuel Santos a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 21 de septiembre, pone en evidencia un componente básico del proceso de paz que este miércoles llegó al cierre de las negociaciones: la participación de la comunidad internacional, clave para su éxito. Inicialmente, gracias al rol cumplido por Venezuela y su fallecido presidente Hugo Chávez, como país impulsor de los encuentros que dieron paso a la llamada fase exploratoria cumplida entre febrero y agosto de 2012. Si Chávez sembró las bases de la confianza y ayudó a convencer a las Farc de sentarse a la mesa de diálogos, su sucesor, Nicolás Maduro, refrendó el compromiso del líder de la Revolución bolivariana: ver a Colombia en paz. En esta labor de acompañamiento permanente también ha sido fundamental la gestión desarrollada por el excanciller y exembajador de Venezuela en Colombia Roy Chaderton, actual delegado del gobierno del vecino país en la mesa de negociaciones de La Habana. Un propósito continental que pronto compartió el gobierno de Cuba, presidido por Raúl Castro, que no sólo facilitó su territorio como sede de los diálogos de paz, sino que ha sido determinante para rescatar el proceso en momentos de crisis. El secuestro del general Rubén Darío Alzate, la escalada de la guerra en julio de 2015, los desencuentros por las labores de pedagogía para la paz o la búsqueda de caminos de justicia: en estos y otros momentos de tensión interna a lo largo de cuatro años de negociaciones, Cuba ha sido un aliado determinante sin mucho protagonismo.  Lo mismo que el gobierno de Noruega, otro de los garantes del proceso y proveedor de importante apoyo logístico. No sólo para el traslado de jefes guerrilleros entre Colombia y Cuba, sino para gestionar el acompañamiento de diversos países de la Unión Europea, o a través del asesoramiento técnico para acuerdos como el de justicia. En estas tareas, Dag Nylander, relacionado con Colombia desde los tiempos del proceso de paz del Caguán en los años 90, ha sido el enviado de su gobierno a la mesa de La Habana, y sus aportes han sido cruciales. A este componente internacional es preciso añadir el papel cumplido por el gobierno de Estados Unidos, a través de su enviado especial, Bernard Aronson. Sus aportes en el ámbito de la mediación o los anuncios de apoyo económico para un posconflicto que costará miles de millones de dólares, tienen un importante significado a la hora del primer balance general. Lo mismo que la Organización de Naciones Unidas, que además de la asistencia permanente será el componente clave de la verificación de la implementación de los acuerdos. El Comité Internacional de la Cruz Roja, el gobierno de Chile, el expresidente de Uruguay José Mujica y hasta el papa Francisco merecen ser mencionados en estas horas de dar parte de misión cumplida, porque ayudaron a persistir en instantes coyunturales. Al fin y al cabo, se trata de ponerle fin al último conflicto armado interno del hemisferio occidental y también al último capítulo de la Guerra Fría que desde los años 40 hizo proliferar en el mundo movimientos alzados en armas empecinados en la toma del poder y ejércitos dispuestos a impedirlo. Hoy se avizora el final de la guerra colombiana y también el comienzo de un componente de la paz continental. Un proceso avalado por el mundo, con un ingrediente esencial para garantizar su estabilidad: se construye enmarcado en la preservación de los derechos de quienes han sido las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Las víctimas que no fueron actores pasivos del debate sino protagonistas y que hacia el futuro serán parte determinante para la construcción de paz. El mismo rol que están llamadas a cumplir las Fuerzas Armadas. En anteriores procesos de paz, su intervención fue mínima. En esta ocasión, de manera creativa, sin afectar la institucionalidad, retirados o activos, sus miembros entraron a la mesa de negociación con voz propia. Ahora tendrán compromisos claros en la construcción de paz. No sólo como garantes de la protección en zonas de desmovilización o labores de desminado, sino como protagonistas del cambio en el escenario estratégico de la seguridad y sus distintos desafíos. En síntesis, al cierre de las negociaciones de La Habana entre el gobierno Santos y las Farc es preciso hacer muchos reconocimientos. Antes que nada a la sociedad colombiana, esperanzada en una salida definitiva al destino de la guerra, a las instituciones vinculadas al trabajo de allanar ese camino y, por supuesto, también a las Farc, que no tiraron la toalla a pesar de que también tuvieron razones de peso para hacerlo. Como la muerte de su máximo comandante, Alfonso Cano, cuando apenas se construían las bases de la confianza. En los años 80 no fue posible porque a la tregua le faltó verificación y la Unión Patriótica fue arrasada. En los 90 se atravesó el secuestro como pretexto para no negociar. En el Caguán pudieron más la soberbia de las Farc o el Plan Colombia del Gobierno. En los tiempos de Uribe prevaleció la confrontación. Ahora pudo más el clamor de todos. Por eso, la búsqueda de la paz superó la crisis de once soldados muertos en Suárez (Cauca) o la muerte del delegado de paz de las Farc  Jairo Martínez, cuando realizaba tareas de pedagogía en Colombia. No ha sido un proceso exento de críticas. El expresidente Álvaro Uribe y sus seguidores, o el exmandatario Andrés Pastrana en solitario, han sido permanentes opositores. Lo mismo que el procurador, Alejandro Ordóñez. Pero, a pesar de los vaivenes políticos, algunas veces con amagos de dar al traste con lo andado, por fin se ha cerrado una negociación que deja una serie de acuerdos básicos y medidas de confianza por implementar. Ahora el proceso de paz se traslada a Colombia, donde se iniciará una etapa crucial del proceso: la refrendación de todo lo pactado. Una fase que por ahora tendrá dos componente fundamentales: la Décima Conferencia de las Farc, la última como movimiento alzado en armas para que la guerrilla les dé la bendición a los acuerdos y trace sus principios de movimiento político. Y el plebiscito por la paz, a través del cual los colombianos tomarán la decisión de respaldar o negar en las urnas lo que ha sido acordado en La Habana. Si el sí se impone, empezará entonces la tarea del posconflicto y, de paso, el reto para las próximas generaciones de Colombia: convertir lo pactado en la ruta de navegación de una sociedad reconciliada.