Cancelar el TPS llenará las pandillas con jóvenes de EEUU y traerá más migración ilegal: la opinión de Tillerson que Trump ignoró
En octubre de 2017, el Departamento de Estado advirtió al Departamento de Seguridad Nacional que los hijos de centenares de miles de hondureños y salvadoreños que se quedan sin TPS podrían pasar a engrosar las filas de la MS-13 y atraer más migración ilegal. El Departamento de Estado le advirtió a Donald Trump que cancelar el TPS que ampara a hondureños y salvadoreños podría exacerbar dos de los grandes problemas que su gobierno dice querer combatir: el crecimiento de las pandillas como la MS-13 en El Salvador y en Honduras, y el aumento de la inmigración ilegal en Estados Unidos de quienes buscan oportunidades económicas.
Pero el presidente ignoró esta opinión, que coincide con la de organizaciones no gubernamentales y expertos que han criticado su decisión de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que hasta ahora había permitido que miles de ciudadanos de Honduras, El Salvador, Haití y Nicaragua permanecieran por décadas en Estados Unidos. En octubre de 2017, el entonces secretario de Estado, Rex Tillerson, envió una carta a la secretaria encargada del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Elaine Duke, en la que le explicaba que la deportación de cientos de miles de salvadoreños y hondureños junto a sus familias, a países violentos y sin oportunidades económicas, como consecuencia de la cancelación del TPS, no haría más que sumar jóvenes soldados estadounidenses a las pandillas como la Mara Salvatrucha. “Muchos de los deportados se irán acompañados de sus hijos nacidos en Estados Unidos, la mayoría de los cuales serán vulnerables al reclutamiento de las pandillas”, advierte el informe con recomendaciones del Departamento de Estado que acompaña la carta de Tillerson. “Es probable que la falta de oportunidades legítimas de empleo empujen a los exbeneficiarios del TPS repatriados o a sus hijos a las pandillas u otros empleos ilícitos. Además, el retorno inmediato de un población de ciudadanos salvadoreños de tal magnitud como la que ahora reside en Estados Unidos, que El Salvador es incapaz de absober adecuadamente o emplear en este momento, puede intensificar los factores que provocan la inmigración ilegal”, continúa el documento. Pese a esta y otras advertencias enumeradas por el secretario de Estado con base en opiniones de expertos, el gobierno de Donald Trump decidió seguir adelante con su decisión de no renovar los estatutos de protección, que fueron otorgados décadas atrás en el contexto de desastres naturales que en su momento afectaron a los cuatro países. El Departamento de Seguridad Nacional informó el 8 de enero la cancelación del TPS para 263,282 salvadoreños y el 4 de mayo, la cancelación del TPS para 86,163 hondureños. Todos ellos deberán regresar a sus países de origen, junto a las familias que formaron en Estados Unidos, o conseguir un nuevo estatus legal que les permita quedarse, en un plazo de 18 meses contados a partir del anuncio. En el caso de los salvadoreños, el plazo vence el 9 de septiembre de 2019 y en el hondureños, el 5 de enero de 2020.
En ambos casos, sus gobiernos no están preparados para recibirles, la economía nacional es precaria y las pandillas y otras organizaciones criminales dominan buena parte de su territorio. “Tomando en cuenta que la mayoría de los hondureños migran por razones económicas, sumar decenas de miles de retornados a una economía que no está preparada para integrarlos solo exacerbará la que es la primera causa de la inmigración ilegal”, añade el informe. En ese contexto, el Departamento de Estado advirtió también al DHS que las deportaciones masivas acabarían por traer más problemas de seguridad a Estados Unidos, y de gobernabilidad de Honduras y El Salvador. Además, echarían por tierra los esfuerzos económicos y diplomáticos que hasta ahora había hecho Washington para ayudar a fortalecer la economía y las instituciones de los dos países. Un juez federal en San Francisco rechazó el lunes la petición de desechar una demanda interpuesta contra la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de cancelar el Estatus de Protección Temporal o TPS a cuatro países, entre ellos El Salvador y Nicaragua. El juez Edward Chen determinó en un fallo que los tribunales tienen la autoridad para revisar la demanda relacionada con el TPS. Con el recurso presentado en marzo se pretende restablecer el TPS a las personas procedentes de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán. El Estatus de Protección Temporal es concedido a inmigrantes de países devastados por desastres naturales o guerras, y les permite permanecer en Estados Unidos hasta que la situación mejore en sus naciones. El gobierno de Trump había solicitado que se desechara la demanda con el argumento de que las cortes no pueden revisar sus decisiones para poner fin al TPS.
Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer declaraciones.
Jueza admite demanda por cancelación de TPS
Una jueza federal rechazó el lunes la moción del gobierno de Donald Trump para desechar una demanda que alega que su decisión de poner fin a las protecciones especiales que impedían la deportación de inmigrantes haitianos, salvadoreños y hondureños fue motivada por racismo. El fallo de la jueza de distrito Denise Casper significa que el caso que pretende evitar que el gobierno suspenda el estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para miles de inmigrantes de esos tres países puede seguir adelante. Rechazó también la solicitud del gobierno de retirar al presidente republicano como acusado. “Esto representa un desenlace extremadamente favorable para los inmigrantes hondureños, haitianos y salvadoreños que se han sentido completamente sorprendidos por la negativa del gobierno federal de conservar este programa de protección humanitaria y que están firmemente convencidos de que el racismo y la discriminación fueron el origen de la decisión de poner fin al TPS”, dijo Iván Espinoza Madrigal, director ejecutivo del Comité de Abogados por los Derechos Civiles y la Justicia Económica, un organismo sin fines de lucro que interpuso la demanda en febrero. Casper rechazó una de las solicitudes de desagravio que hizo el grupo, pero permitió que las demás acusaciones sigan su curso, y afirmó que los inmigrantes habían presentado alegatos constitucionales verosímiles. Esta corte halla que la combinación de un impacto dispar sobre grupos raciales en particular, declaraciones de aversión por parte de personas de las que se alega convincentemente que estuvieron involucradas en el proceso de toma de decisiones, y un cambio presuntamente injustificado en las políticas, es suficiente para argumentar creíblemente que un propósito discriminatorio fue un factor motivante en una decisión”, escribió Casper. El Departamento de Justicia no ha respondido por el momento un correo electrónico enviado para solicitar sus comentarios. El mes pasado, un juez federal en San Francisco se negó a sobreseer una demanda similar que impugnaba la decisión del gobierno de poner fin a las protecciones para inmigrantes de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán. El estatus de protección temporal proporciona refugio a personas provenientes de países que experimentan conflictos armados, desastres naturales y otros problemas. El programa ha sido prorrogado continuamente para los haitianos desde un terremoto que asoló el país caribeño en 2010. Por su parte, los salvadoreños han gozado de la protección desde que el país fue devastado por terremotos en 2001. Para los hondureños, el TPS ha estado vigente desde 1999 después de que el huracán Mitch causó graves daños en la nación centroamericana el año previo. El gobierno de Trump argumenta que la situación en esos países ha mejorado y que el programa no fue diseñado para que las protecciones fueran prorrogadas continuamente.
