El gobierno no cumple con el plazo y más de 700 niños inmigrantes permanecen separados de sus padres

Solo pudo reunificar a 1,442 menores con sus padres y otros 378 fueron liberados en «circunstancias apropiadas». El resto permanece en custodia de las autoridades federales sin poder ser entregados. Se cierra a medias un capítulo de la política de ‘tolerancia cero’ que ha sido calificada por activistas y un fallo judicial como inhumana e inconstitucional.

Al cumplir el plazo de la medianoche de este jueves, el gobierno de Donald Trump solo pudo reunificar a unos 1,442 niños migrantes de 5 años o más con sus padres, así como liberar a otros 378 menores bajo lo que describió como «circunstancias apropiadas», entre los que incluye a menores que fueron entregados a otros familiares o amigos o los que ya cumplieron 18 años. Esto significa que más de 700 niños todavía están bajo custodia de las autoridades federales, sin posibilidad de que sean entregados a sus padres en el corto plazo porque estos ya fueron deportados o es muy complicado ubicarlos debido a que fueron liberados pero no saben su ubicación exacta aunque muchos tienen grilletes electrónicos. El gobierno debía reunificar a 2,551 menores separados de sus padres en la frontera. El plazo fue fijado el 26 de junio por el juez federal Dana Sabraw, de la corte federal del sur de California, en San Diego. El tribunal dictaminó 14 días para devolver a los menores de 5 años y 30 para los mayores de 5 años. Las autoridades no han dado detalles de qué hará con los 700 menores que siguen en custodia del gobierno o cómo hará para reunir a los niños con los padres que ya han sido deportados. Entre ellos, están 120 niños cuyos padres declinaron reunirse con ellos, 21 menores a cuyos padres tenían antecedentes de algún tipo y otros 46, cuyos padres tenían otro tipo de problemas en su historial, según informaron los abogados del gobierno en un informe remitido en la corte de San Diego. Además, hay 431 menores cuyos padres no están en Estados Unidos, siendo la causa más probable que hayan sido deportados. El martes, dos días antes del vencimiento del plazo impuesto por el juez, ACLU había confirmado que 463 padres habían sido deportados sin sus hijos y que los menores “se quedaron en Estados Unidos”. Finalmente, el gobierno habló de 94 casos en los que todavía se estaba tratando de determinar la localización de los padres.

La batalla legal

En la primera reunificación el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solo devolvió 58 de 103 niños, desatándose una oleada de criticas dentro y fuera de Estados Unidos. En la víspera del cierre del segundo plazo los temores y las dudas fueron mayores. “Estamos muy decepcionados con el gobierno. Sabíamos que en la fecha límite que el juez estableció, el gobierno no iba a cumplir con los números”, dijo Lorella Praeli, directora de política migratoria de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), “Y tampoco nos ha proporcionado datos para que podamos comprobar que las reunificaciones corresponden con los números que dice el gobierno”, agrega. La ACLU demandó en junio al gobierno para poner fin a las separaciones de familias en la frontera basado en el caso de la inmigrante identificada con la inicial L, una mujer que abandonó la República Democrática del Congo con su hija perqueña, y llegó hasta la frontera entre México y California en noviembre de 2017.

Preguntas sin respuestas

Praeli dice que “a medida que se fue acercando la fecha para la reunificación de familias, fue aumentando la cifra de padres deportados sin sus hijos. Tampoco tenemos toda la información de estos casos”. Agrega que “ACLU tampoco conoce el número exacto de padres que el gobierno argumenta que son inelegibles para ser reunificados, no existen explicaciones detalladas”. ACLU también revela la existencia de serias discrepancias con el gobierno de Trump “porque ellos quieren deportar expeditamente a las familias donde existe una orden final de deportación, pero nosotros nos oponemos a ello”, dice Praeli. “Hay muchas personas que tienen una orden final de deportación porque desconocen el sistema, manipularon sus derechos, tomaron decisiones son saber lo que estaban firmando, no entendían el lenguaje”, explica la directora.

 

Fallo clave

Praeli indicó que, en respuesta a estos problemas, ACLU sometió la semana pasada al tribunal un recurso de emergencia para que las familias reunificadas tuvieran al menos siete días de plazo para hallar argumentos legales y luchar por sus permanencias a ntes de ser deportados. “Estimamos que durante ese tiempo podrán contactar abogados para preparar sus casos y luchar por sus permanencias en Estados Unidos”, precisó. Entre las opciones se encuentra el asilo, pese a que el gobierno de Trump ha restringido las opciones en los últimos meses. “Ellos (el gobierno) quieren expulsar a estas personas inmediatamente reunificadas, pero nosotros le estamos pidiendo a la corte que nos de 7 días para que esas personas puedan ejercer sus derechos de permanencia”, precisó. Al mediodía del jueves ACLU tenía información proporcionada por la corte, que a su vez fue enviada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), de 1,551 reunificaciones. “Pero, como hemos dicho, no podemos confiar en esos datos porque no han sido verificados”, concluyó Praeli.

 

La orden del tribunal

Pero el juez Sabraw ordenó que en un plazo de 14 días el gobierno debía reunificar a los niños menores de 5 años, y 30 días para reunificar a los mayores de 5 años. El número total de menores reconocidos por el DHS es de 2,551. De ellos, 103 tienen menos de 5 años y el 10 de julio, cuando venció el primer plazo, el gobierno solo reunificó 58. El martes los abogados del gobierno dijeron que habían reunificado unas 1,600 familias, pero la ACLU advirtió que la cifra “no ha sido verificada”, según dijo a Univision Noticias Esmeralda Flores, directora del programa de defensa de los derechos de inmigrantes y asuntos binacionales de la ACLU en San Diego.

Qué pasa si el gobierno no cumple ¿Y si este jueves el gobierno de Trump no cumple con el segundo plazo fijado por Sabraw? El profesor Stephen Yale-Loehr, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell, Nueva York, analiza este escenario.

«Reportes de prensa indican que es poco probable que el gobierno cumpla con ese plazo”, dijo. “De hecho, 48 horas antes de la audiencia, el gobierno aún necesitaba reunir a más de 1,500 familias”, apuntó.

Yale-Loehr agregó que “el tribunal federal tiene varias opciones” si el gobierno no cumple con la fecha límite ordenada el 26 de junio.

 

• El juez Sabraw podría declarar al gobierno en desacato. Sin embargo, eso no necesariamente aceleraría el proceso de reunificación.
• El tribunal podría creer en la respuesta del gobierno, de que está trabajando rápidamente y de buena fe y le dará más tiempo para reunir a las familias.
• El tribunal podría continuar con su orden temporal que prohíbe al gobierno deportar a las familias tan pronto como se reúnan.

A la pregunta de si el gobierno decide mantener retenidas a las familias que reunifique, Yale-Loehr indicó que “en este momento no hay suficientes camas en los centros de detención familiar para tenerlos a todos. Y los médicos han escrito declaraciones juradas que explican que la detención de familias puede causar un posible daño psicológico permanente”, sobre todo a los menores. “En conclusión”, apuntó, “no hay respuestas simples o buenas. El gobierno creó esta crisis separando a niños y padres sin pensar en las posibles consecuencias. Tomará a los abogados y los tribunales mucho tiempo para deshacer el daño provocado», concluyó.

Cabe destacar que, hasta el martes, 463 padres de menores separados han sido deportados solos a sus países de origen. Los niños permanecen en Estados Unidos.