Demandan a ICE por retención prolongada de inmigrantes

Los casos de tres mexicanos son nombrados en la demanda colectiva que representaría a unos 1,500 detenidos que en promedio diario están bajo custodia de ICE y CBP en la frontera de México con California. Una demanda en contra de varias entidades del gobierno federal fue interpuesta en una corte de San Diego, California, por supuestamente retener a inmigrantes por meses antes de que sean presentados ante un juez. La demanda fue presentada el jueves por la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) en contra del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), de su agencia policíaca, el Servicio para el Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Los acusa de retención indefinida de personas a lo largo de la frontera de California con México, específicamente quienes son ingresados a los centros de detención en Otay e Imperial, donde a diario permanecen un promedio de 1,500 bajo custodia de ICE y CBP. La gran mayoría de ellos, indica la demanda, pasan detenidos más de las 48 horas reglamentarias para ver a un juez, por lo general entre uno y tres meses.  “Esta demanda desafía a los demandados por la política y la práctica de detener individuos por períodos prolongados sin inmediatamente presentarlos para una audiencia inicial ante un juez de inmigración”, señala la ACLU.Como resultado de esa práctica, indica la demanda colectiva, muchos pasan hasta tres meses detenidos antes de ir a una corte de inmigración, incluyendo quienes tienen derecho a la ciudadanía estadounidense, residentes permanentes, personas que han estado en los EEUU desde la infancia y solicitantes de asilo.La ACLU destaca que esa retención es anticonstitucional al violar el debido proceso judicial, no permitirles escuchar los cargos en su contra, recibir consejo legal o pedir al gobierno evidencia en su contra. La demanda fue presentada a nombre de tres mexicanos detenidos en San Diego, identificados como José Orlando Cancino Castellar, quien es elegible para DACA, Ana María Hernández Aguas, quien tiene dos hijos estadounidenses, y Michael González, quien reclama tener ambas nacionalidades. Entre los demandados también se incluye al Departamento de Justicia (DOJ) y a la Oficina Ejecutiva para Revisión de Inmigración (EOIR) que opera el sistema de cortes de inmigración.

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