El director interino de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía, Ken Cuccinelli, anunció en conferencia de prensa esta nueva medida, la más dura hasta ahora contra la inmigración legal.

El gobierno de Donald Trump se prepara para aplicar una nueva regla que afectará a los inmigrantes en situación regular que usen fondos públicos o sean susceptibles de convertirse en una carga pública. Se trata de una de las medidas más fuertes que intenta poner en vigencia el gobierno de EEUU para controlar también la inmigración legal (*).

La norma fue incluida en la regla final de Carga Pública que fue anunciada en octubre en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) y entrará en vigor a los 60 días de ser publicada contados a partir del 14 de agosto.

La regla final incluye un requisito de que los extranjeros que buscan una extensión de estadía o el cambio de estatus (por ejemplo, residencia permanente) demuestren que no han solicitado la asistencia pública al gobierno desde que obtuvieron el estado migratorio de no inmigrante que buscan extender o cambiar, y tampoco recibieron beneficios públicos.

La nueva medida denegará a los solicitantes de residencia legal permanente ( green card) y otros beneficios de inmigración, como visas, si usan asistencia alimentaria tales como los cupones de vivienda u otras formas de bienestar público.

La nueva regla no afecta a personas que ya son ciudadanos por naturalizació o que ya tienen residencia permanente, ya que no tiene caracter retroactivo.

Los expertos en reglas migratorias dicen que el cambio en la noción de lo que es carga pública podría reducir drásticamente la inmigración legal basada lazos familiares, particularmente desde México y Centroamérica, países que por estar en vías de desarrollo, poseen ingresos mucho más bajos que aquellos desarrollados o con economías más sólidas.

Según reseña la agencia de noticias The Associated Press, los inmigrantes representan un porcentaje muy bajo de los beneficiarios de la ayuda del estado. De hecho, muchos no pueden solicitarla por su status inmigratorio irregular.

Sin embargo, indica que muchos activistas defensores de los derechos del inmigrante temen que las reglas lleven a los inmigrantes a dejar de pedir ayuda. También consideran que se da demasiado margen a las autoridades para decidir si alguien podría verse obligado a pedir ayuda en el futuro.

«Un promedio de 544,000 personas solicitan la residencia anualmente y unas 382,000 caerían dentro de alguna de las categorías que pueden generar dudas», indica AP citando datos del gobierno federal estadounidense.

Las pautas que se siguen desde 1999 consideran una “carga pública” a las personas que dependerán mayormente de ayuda económica, subsidios o asistencia para hospitalización a largo plazo.

La noticia se conoce a primera hora de este lunes, poco antes de que el director interino de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) , Ken Cuccinelli, diera una conferencia de prensa para anunciar la nueva regla.

«A través de la regla de carga pública, el gobierno del presidente Trump está reforzando los ideales de autosuficiencia y responsabilidad personal, asegurando que los inmigrantes puedan mantenerse a sí mismos y tener éxito aquí en Estados Unidos», dijo Cuccinelli.

En mayo Univision Noticias había reportado que el gobierno de Trump planeaba crear las bases para poder denegar permanencia en el país o deportar fácilmente a inmigrantes legales permanentes, un nuevo esfuerzo enmarcado dentro de la política de ‘tolerancia cero’.

La semana pasada POLITICO reportó que los nuevos planes del gobierno no solo apuntaban a castigar a los residentes legales, sino también a permitir que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) «prohíba» a los inmigrantes legales obtener la green card en esos casos.

Carga pública

La regla de carga pública propuesta por el DHS en octubre, y cuya versión final se encontraba en suspenso, establece que los agentes de la USCIS tomarán decisiones sobre la base de los méritos de cada caso en particular, y a cada requisito asignarán una puntuación que solo concederá dos opciones: negativo o positivo. Es decir, si por ejemplo un ciudadano pide la residencia legal permanente de un padre, el gobierno analizará toda una gama de factores entre ellos: edad, estudios, profesión, estado de salud, si tiene o no seguro médico, situación financiera del hijo ciudadano que lo pide, evaluación de familiares inmediatos, establecerá si existe una amenaza de que en el futuro cercano se convierta en carga pública temporal o permanente, ingresos, enfermedades y/o estado físico, entre otros factores.

La suma de los valores positivos y negativos será lo que determinará si el agente autorizará el beneficio migratorio solicitado o lo rechazará por no apegarse al reglamento.

Bajo el actual reglamento, el gobierno prohíbe beneficios a los inmigrantes que han solicitado ayudas públicas si la USCIS determina que, probablemente, dependerían de la
asistencia pública en efectivo o que necesitarían atención médica a largo plazo a cargo del gobierno.

Clima de incertidumbre

El anuncio de la publicación de la regla final genera incertidumbre en la comunidad inmigrante, sobre todo por las consecuencias que tendrá en la inmigración legal. “Lo feo de todo esto es que no sabemos por ahora si, cuando haya una determinación de que un inmigrante puede convertirse en carga pública y le nieguen el trámite de la green card, si habrá opciones para apelar la decisión”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.

“Necesitamos conocer cuáles serán, si es que las hay, las opciones, como por ejemplo devolver la totalidad de la ayuda solicitada legalmente e intentar cancelar la determinación”, agregó.Gálvez dice además que “tampoco está claro si cuando se revierta una determinación el gobierno volverá a aceptar una petición y aprobarla, o si cuando la niega la primera vez se trata de una decisión final”.

El abogado también expresó “preocupación” por aquellos casos donde el inmigrante solicita una ayuda estatal y no federal. “Hay estados santuario que otorgan asistencia a los inmigrantes legales debido a que el gobierno federal niega cualquier tipo de beneficio público a los inmigrantes”.