En su odio contra los inmigrantes, su pesadilla, la justicia

Tras analizar la orden ejecutiva del presidente que prohíbe la entrada a EEUU de ciudadanos de seis países musulmanes, el estado de Hawaii decidió congelarla por considerar que es inconstitucional y fue emitida con el propósito de «desfavorecer a una religión en particular». El juez de distrito Derrick K. Watson emitió una orden en un tribunal de Hawaii que frena temporalmente el nuevo veto migratorio de Donald Trump, que iba a entrar en vigor a la medianoche de este miércoles. Watson optó por bloquear la revisada orden ejecutiva como respuesta a una demanda interpuesta por el fiscal general del estado de Hawaii, el demócrata Doug Chin, quien alegó que el nuevo veto es, como el primero, inconstitucional por tratarse de discriminación religiosa. «La orden ejecuvita fue emitida con un propósito de desfavorecer a una religión en particular», concluyó el magistrado Watson, que aunque no mencionó contra qué religión atenta la orden, se entiende que habla de los musulmanes, mayoría en los países afectados por el veto de Trump. Además de Hawaii, los estados de Washington y Maryland tenían audiencias judiciales para examinar la orden ejecutiva del presidente sobre inmigrantes y refugiados de seis países musulmanes con la que trató de cumplir su promesa de un veto musulmán después de que el primero fuera paralizado por las cortes. Pero Hawaii fue el primer estado en presentar un recurso contra el nuevo veto migratorio de Trump, que según el mandatario es una versión «debilitada» del primer decreto. Así se expresó el presidente al respecto este miércoles tras conocer el nuevo bloqueo de su orden ejecutiva. «Vamos a pelear este terrbile fallo, vamos a llevar nuestro caso tan lejos como haga falta, incluso hasta llegar a la Corte Suprema. Vamos a ganar, vamos a mantener a nuestros ciudadanos seguros pase lo que pase», advirtió Trump desde un mitin en Nashville, Tennessee. Esta segunda orden ejecutiva «más pulida» prohíbe la entrada por 90 días a Estados Unidos a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana, pero excluye a Irak, que estaba incluido en el primer decreto. Tampoco afecta a los residentes legales y no veta a los refugiados sirios de manera indefinida. Además, reduce el número de refugiados para este año en Estados Unidos de 110,000 a 50,000. Durante la mañana del miércoles se celebró una audiencia en un tribunal federal de Greenbelt, Maryland. El juez Theodore D. Chuang anunció que posiblemente hiciera pública su decisión durante el resto de la jornada, aunque no lo aseguró. La Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, en inglés) y los abogados de organizaciones de refugiados pidieron al juez que impidiera la entrada en vigor de la medida de Trump porque, afirmaron, en el fondo es un pretexto para discriminar a los musulmanes. «Si la intención es prohibir (la entrada de) musulmanes, una buena manera de hacerlo es prohibiendo a los refugiados», dijo Omar C. Jadwat, abogado de ACLU. Por su parte, los abogados del Departamento de Justicia aseguraron que este nuevo texto es «sustancialmente diferente» al primero y su único objetivo es proteger a los estadounidenses del terrorismo exterior. El objetivo, afirmaron, es ofrecer unos meses al Gobierno para poder revisar mejor las peticiones para visas y solicitudes de refugio de Libia, Siria, Irán, Sudán, Yemen y Somalia. «Creo que ya hemos estado aquí por un buen rato», dijo Chuang después de una audiencia de casi dos horas. «Agradezco a todo el mundo su trabajo. Intentaré anunciar una decisión por escrito hoy, pero puede que no necesariamente sea así», terminó el juez.

Más pruebas en los tribunales

En Washington, el juez James Robart (el mismo magistrado que frenó la primera orden ejecutiva del veto migratorio) solicitó a los abogados de Trump que entregaran más documentos sobre el decreto. El plazo de presentación se acababa a las 4:30 pm (hora local), pero hasta el momento no se han pronunciado al respecto. La intención de Robart es que el Gobierno responda a la demanda interpuesta esta semana por el fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, quien afirmó que el veto «daña» a los habitantes de su estado. «La respuesta de los demandados debe estar limitada a 13 páginas, que es la extensión de la moción de los demandantes», explicó el juez Robart. Si decide frenar el veto, será la segunda vez que Robart lo haga. De hecho, el propio Donald Trump lo atacó desde su cuenta de Twitter: «La opinión de este supuesto juez, que esencialmente arrebata a nuestro país la capacidad de aplicar la ley, es ridícula y será anulada». El fallo de Robart fue finalmente confirmado por la Corte de Apelaciones del noveno distrito, cuya sede se encuentra en San Francisco (California). Ante este panorama judicial y pese a que el presidente había prometido pelear por su veto en los tribunales, el gobierno de Trump decidió presentar otra orden ejecutiva que enmendaba la primera.

ICE comienza a arrestar indocumentados en las cortes como respuesta a las ciudades santuario

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirma que debido a la falta de colaboración de las policías locales ha tomado la medida de ir a buscar a indocumentados a los tribunales, algo que fiscales y abogados contemplan con preocupación. Agentes encubiertos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han comenzado a detener indocumentados en las cortes, sitios inusuales para los operativos de dicha agencia en administraciones pasadas, según ha confirmado la propia agencia federal y han denunciado con preocupación en las últimas semanas abogados, fiscales y organizaciones en California, Texas, Arizona, Colorado, Oregon y Nueva York. El temor es que la presencia habitual de ICE en las cortes gener miedo y desconfianza entre los indocumentados que tengan que acudir como testigos a una vista o que tienen causas pendientes, como puede ser una órden judicial, algún asunto relacionado con su estatus migratorio, o trámites menores como pagar una infracción de tránsito. Para los defensores de los inmigrantes, estos operativos en los juzgados obedecen a la postura más agresiva tomada por la dependencia tras la elección del presidente Donald Trump. El abogado Octavio Chairez relató a Univision Noticias que el pasado 21 de febrero elementos de ICE arrestaron a su cliente, cuya identidad no ha sido revelada, cuando ambos salían de una audiencia matutina en la Corte de Pasadena, en el sur de California. En los 15 años en que ha ejercido la abogacía jamás le habían “arrebatado” a un defendido en una corte, afirmó Chairez. “Le preguntaron si era el señor (fulano), él dijo que sí, le dijeron ‘somos de Inmigración’, mostraron una identificación y se lo llevaron”, relató el abogado. “Eso pasó al salir de la corte, en el pasillo del salón”, agregó. A principios de febrero, un operativo similar ocurrió en el décimo piso de un tribunal de la ciudad texana de El Paso. Ahí, agentes migratorios arrestaron a Irvin González, una mujer transgénero de origen mexicano que buscaba una orden de alejamiento de su novio por violencia de género. Hace dos semanas, elementos de ICE vestidos de civil detuvieron a Juan Corinilla Guerrero luego de que se presentó a una cita de rutina en una corte de Austin, Texas; y a Eric Tovar, después de que atendió una vista en un tribunal de Phoenix, Arizona.

ICE responde

Los arrestos en los juzgados, explicó ICE, a través de su vocera Virginia Kice, se deben en parte a la falta de colaboración de las policías locales con dicha agencia. “Ahora que muchas agencias policiacas no apoya a los elementos de ICE, estas personas, que a menudo tienen antecedentes criminales significativos, son liberadas en la calle, representando una amenaza potencial a la seguridad pública”, dijo la portavoz. En California, por ejemplo, las corporaciones policiacas se niegan a cumplir las solicitudes de ICE para detener a los detenidos por delitos menores en sus cárceles, por cumplimiento con la Ley de Confianza (Trust Act), que entró en vigor el 1 de enero de 2014. Aparte, numerosas ciudades, entre las que están San Francisco y Los Ángeles, han ordenado a sus agentes locales que solo cooperen con ICE en asuntos migratorios cuando haya una orden judicial por delante, por lo que los oficiales federales recurren a otros métodos para localizar a las personas que tienen en sus listas de deportación.  “Muchos de los objetivos de arresto que ICE ha buscado en o cerca de los tribunales son extranjeros que tienen condenas penales en Estados Unidos. En años anteriores, la mayoría de estas personas habrían sido entregadas a ICE por las autoridades locales cuando fueran liberadas de la cárcel”, agregó. La política de ICE pide a sus agentes evitar arrestos en “lugares sensibles”, incluyendo escuelas, iglesias y hospitales, siempre que sea posible, aunque no considera en esa lista a los juzgados. La agencia no precisó cuántos arrestos ha realizado en los tribunales, aunque los reportes indican que algunos de los detenidos habían sido condenados previamente por delitos sexuales, tráfico de drogas y por conducir ebrio. Según ICE, los miembros de su unidad de captura de fugitivos se presentan en los juzgados cuando han agotado otras opciones -acudir a un domicilio registrado o lugar de trabajo-, y celebra que estos sitios representan una ventaja táctica para los agentes, ya que sus objetivos de arresto han pasado por un detector de armas de fuego y otros objetos peligrosos al entrar a los tribunales. Hasta el momento, los arrestos se han producido en las zonas comunes de los edificios judiciales, o a la salida de los mismos, no dentro de las salas del tribunal.

‘Un mensaje horrible’

Pero los defensores de los inmigrantes creen que estas acciones abonan al clima de ansiedad que aún se respira tras los arrestos de cientos de indocumentados hace un mes y advierten que solo generarían más problemas, como desacatar audiencias, lo cual podría derivar en órdenes de arresto. “Es obvio que ahora personas en la situación de este joven ya no van a querer comparecer en sus cortes”, mencionó Felipe Martinet, abogado de Eric Tovar, el chico detenido en una corte de Phoenix. A decir de la fiscal del condado de El Paso, Jo Anne Bernal, la detención de la mexicana transgénero en una corte de dicha localidad envía un “mensaje horrible” para otras víctimas de violencia doméstica a la hora de acudir a la justicia. En estos casos, algo cotidiano es amenazar a la víctima con reportarla a las autoridades migratorias. A finales de febrero, miembros de la Liga Nacional de Abogados (NLG) notaron la “extraña” presencia de una camioneta identificado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en cuya responsabilidad recaen las acciones de ICE, y de al menos cuatro agentes federales en la Corte Migratoria en el centro de Los Ángeles, que es vigilada por guardias de una compañía privada. “Yo no había visto ese tipo de actividad”, afirmó la abogada Roxana Muro, quien señaló que en los últimos 12 años acude a ese tribunal con frecuencia. “Me llamó la atención que estuvieran ahí por los arrestos que han pasado. He hablado con otros abogados y estaríamos muy sorprendidos de que agentes de ICE lleguen a la corte de migración”, agregó. Sobre el caso del detenido afuera de la corte de Pasadena el 21 de febrero, ICE indicó que se trata de un mexicano que ha sido condenado por tráfico de drogas y que ese día comparecía en el tribunal por un caso relacionado “con una acusación excepcional por narcóticos”. “Los agentes de ICE trataron de arrestar al hombre en el juzgado después de que resultaron infructuosos los esfuerzos anteriores para localizarlo en una residencia o lugar de trabajo”, dijo la dependencia. Pero el abogado Chairez indicó que el proceso que señalaba a su cliente se resolvió hace un año. “No era un caso abierto, él estaba en libertad condicional, le dieron otra cita para que se presentara en agosto”.