Estos falsos abogados de inmigración dejaron a varios indocumentados esperando una ‘green card’

Falsificando licencias para ejercer como defensores legales o simplemente presentándose como tal, estos tres defraudadores obtuvieron miles de dólares engañando a inmigrantes en Los Ángeles. Una de ellos ya fue sentenciada y los otros dos enfrentan múltiples cargos por aprovecharse de un número de víctimas que aún sigue creciendo. Romina Aida Zadorian, Edgardo Guerrero y Jessica Godoy Ramos. Entre estos tres falsos abogados de inmigración suman más de 260 personas estafadas en el condado de Los Ángeles y este número sigue creciendo. Ahora, enfrentan a la justicia y sus casos son ejemplo de la vulnerabilidad de los indocumentados en una época en que no cesa la ansiedad por los operativos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). El primero de estos defraudadores en recibir una sentencia es Jessica Godoy Ramos, una mujer que robó la identidad de una abogada de Nueva York para presentar solicitudes de inmigración o fingir que lo hacía en nombre de 16 víctimas, aunque se cree que al menos 80 personas han sido afectadas. Catalogando sus delitos de «despreciables», la jueza federal Dolly M. Gee la condenó este miércoles a pasar 15 meses en una prisión y pagar casi 30,000 dólares a 16 personas que estafó. Al salir de la cárcel, ella deberá permanecer seis meses bajo detención domiciliaria. «Ramos aceptó decenas de miles de dólares de decenas de extranjeros que buscaron sus servicios en un intento de obtener un estatus legal en Estados Unidos», indica la Fiscalía federal en un comunicado. «Usando el nombre de un abogado genuino, Ramos presentó peticiones de inmigración en nombre de algunos extranjeros, pero en otros casos nunca realizó ningún servicio para sus clientes», agrega. Esta mujer de 36 años y residente de Lynwood confesó a las autoridades que falsificó en su computadora la licencia de una litigante con un nombre similar al de ella y que trabaja en Nueva York (Jessica Elena Ramos-Guifarro).

Según su relato, ella abandonó en 2010 la Escuela de Leyes de la Universidad del Sur de California (USC) y de junio de 2014 a marzo de 2016 laboró como asistente en la oficina del abogado Alfonso Morales en Lynwood. Este la habría presionado para que obtuviera su licencia en la Barra de Abogados, pero la mujer optó por lo más fácil: la falsificó. Cinco de sus clientes, todos inmigrantes del sur de California, han sido citados en la acusación contra Ramos. Ellos se le acercaron con la esperanza de regularizar su estatus migratorio o el de sus parientes y le pagaron hasta 2,000 dólares. Incluso acudieron a citas en la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), pero allí se enteraron que su «defensora legal» los había engañado. Los fiscales alegan que Ramos también creó documentos de libertad condicional apócrifos para que pareciera que había representado con éxito a sus clientes. En otros casos sabía que los procesos de quienes solicitaban sus servicios no prosperarían, pero los mantuvo para seguir cobrando. Una de sus víctimas, María Bejar-Mejía, le pagó 2,000 dólares confiada en que le tramitaría un permiso especial para viajar a México ( advance parole), pero en enero de 2015 recibió uno falso. La mujer lo usó sin saber y sorpresivamente pudo ingresar a EEUU. Dos años después supo que se trataba de una farsa, cuando Ramos la dejó sola en una cita con USCIS en un proceso de legalización que jamás realizó. «Estafó a muchos de los miembros más vulnerables de nuestra sociedad que ganan dinero con dificultad, al afirmar falsamente que era abogada y que podría ayudarlos con sus asuntos migratorios», expresaron los fiscales en documentos de sentencia archivados en la corte.

Romina ya estuvo en la cárcel

La sentencia de Ramos se presenta durante la misma semana en que la Fiscalía del condado de Los Ángeles anunció que Romina Aida Zadorian, de 48 años, enfrenta 112 cargos por felonía, incluyendo 91 cargos de hurto mayor de un valor superior a los 950 dólares y una acusación por tomar una propiedad valuada en más de 500,000 dólares.

Desde que se informó sobre su arresto en octubre pasado, 49 víctimas más se presentaron ante las autoridades, sumando más de 80 defraudados, informó la Fiscalía. Zadorian atendía a sus clientes en su casa en Montebello, prometiéndoles agilizar sus procesos de visas, tarjetas de residente permanente y peticiones de ciudadanía para las víctimas y sus familias. Ella operó este esquema entre el 7 de septiembre de 2014 y el 25 de octubre de 2017. «Al parecer, la acusada dijo a las víctimas que trabajaba para el gobierno y que tenía conexiones especiales. Ella también supuestamente dijo a algunas de las víctimas que era abogada», señaló la procuraduría del condado, indicando que la mujer fingió presentar formularios ante USCIS para cobrar, “pero no brindó los servicios prometidos». Además, está acusada por el uso de documentos de gobierno falsos, amenazas criminales, extorsión y disuadir a un testigo. Zadorian, quien se ha declarado no culpable de todos los cargos, se enfrenta a una condena de hasta 60 años en una prisión estatal. Ella está detenida desde octubre y se le impuso una fianza de 1.2 millones de dólares. De 32 afectados ella recibió más de 223,000 dólares. La acusada ha sido descrita como una mujer con un «don de conversación», el cual usó para convencer a sus víctimas, incluso llorando al escuchar sus historias siendo indocumentados. «Yo pasé por ahí», les decía con lágrimas. Su estilo de vida ha sido la estafa. Un juez la condenó a 10 años en una cárcel por proporcionar falsos servicios de inmigración a 106 personas. Sus víctimas fueron inmigrantes latinos, armenios, asiáticos y de Oriente Medio, a quienes les pidió entre 6,000 y 30,000 dólares.

Surgen más víctimas de Guerrero

La mexicana María de la Luz Castillo llora al reconocer que cayó en la trampa de Edgardo Guerrero, un hombre que durante tres décadas operó una oficina de servicios migratorios en Inglewood. La mujer asegura que su proceso para obtener una residencia permanente se hizo a través de un matrimonio que jamás existió y una «hijastra» que nunca conoció. Así lo planteó Guerrero al USCIS. «Este es el acta de nacimiento con la persona que él me casó», contó Castillo, en una entrevista con Univision 34, mostrando el falso documento matrimonial. «La petición venía de una hijastra; yo nunca la conocí», relató ella y aseguró que le pagó 5,000 dólares a Guerrero. Según cuenta, su proceso migratorio no pasó a mayores por discreción de un oficial de USCIS, que le dijo: «Yo no quiero perjudicarla, lo único que voy a hacer es cerrar su caso y aquí terminó todo». No han dejado de surgir presuntas víctimas de Guerrero desde su detención el 22 de marzo. La Fiscalía general de California le formuló múltiples cargos, incluido hurto mayor, práctica ilegal de la abogacía y ofrecer servicios de asesoría de inmigración sin tener un seguro. Henry A. Aguilera, como muchos, pensaba que este era un abogado legítimo que podía ayudarlo a legalizarse. «Me dijo que en un lapso de siete meses yo podía obtener mi residencia», aseguró a Univision 34. En el caso de Guerrero, un salvadoreño de 68 años, se desconoce una cifra exacta de afectados. Aunque encontraron cientos de expedientes en su negocio, que ahora se encuentra cerrado.

No caiga en la trampa

Estos son algunos consejos que ofrecen las autoridades para no caer en las garras de los defraudadores:

 

• No contrate a un ‘notario’ o consultor de inmigración si busca ayuda sobre su situación migratoria. Ellos no son abogados ni expertos en inmigración. De hecho, la ley no exige que sepan nada sobre derecho migratorio porque solo tienen permitido ayudarle con tareas no legales, como traducir información.
• No vaya con un abogado de inmigración sin antes confirmar que la persona está autorizada para ejercer la profesión. Para ello consulte la página de internet de la Barra de Abogados de California. También se puede buscar en la base de datos de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).
• No pague por formularios de inmigración. Puede solicitar estos documentos sin costo alguno llamando a USCIS al teléfono (800) 870-3676 o visitando su sitio web.
• Obtenga información sobre inmigración de páginas legítimas del gobierno (su enlace siempre termina con gov).
• No entregue dinero por servicios de inmigración hasta haber solicitado y leído una copia de su contrato. Si no habla inglés, usted tiene derecho a revisar una copia traducida al español, que debe indicar los servicios que se prestarán y el costo. Cada vez que le pague a un abogado o consultor pida un recibo.