Expresidente de El Salvador condenado por enriquecimiento ilícito

Mauricio Funes, el expresidente que prometió combatir la corrupción en El Salvador, es condenado por enriquecimiento ilícito La sentencia indica que el expresidente salvadoreño tuvo un enriquecimiento no justificado de 206,000 dólares; mientras que uno de sus hijos acumuló 212,000 dólares. Ambos deben devolver al Estado 419,000 dólares. El expresidente salvadoreño Carlos Mauricio Funes Cartagena (2009-2014) prometió que el combate a la corrupción sería una de las “cosas sagradas” de su gobierno. Ocho años después de lanzar aquella promesa, la justicia salvadoreña lo condenó por enriquecimiento ilícito y lo inhabilitó para postular a cualquier cargo público durante los próximos diez años. Dos juezas que integran la Cámara Segunda de lo Civil consideraron que el expresidente salvadoreño tuvo un enriquecimiento no justificado de 206,000 dólares; mientras que uno de sus hijos, Diego Roberto Funes Cañas, de 212,000 dólares. Funes Cartagena y su hijo deben devolver al Estado 419,000 dólares. Funes Cartagena fue procesado por una ley contra el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos en vigor desde hace 58 años, pero que nunca se había aplicado contra algún mandatario. “La condena del señor expresidente de la República, Mauricio Funes, es un hecho histórico, sin precedentes en el combate a la corrupción”, reaccionó el fiscal general de la República, Douglas Meléndez.

Transparencia y combate a la corrupción

Electo presidente en el año 2009, bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la antigua guerrilla, Funes Cartagena centró su campaña electoral en recriminar prácticas de corrupción y clientelismo político contra Alianza Republicana Nacionalista (Arena), un partido de derecha que gobernó el país durante 20 años. “Transparecia, combate a la corrupción y a todas las formas de despilfarro y desvío del dinero público serán cosas sagradas en nuestro gobierno”, dijo el día de su juramentación como presidente, el primero de junio de 2009. El primer presidente de izquierda, sin embargo, terminó como el primer presidente sancionado por la ley contra el enriquecimiento ilícito. Un peritaje de la Superintendencia del Sistema Financiero determinó que el expresidente tuvo ingresos por 1.2 millones de dólares, gastos por 815,000 dólares, y un superávit de 463,000 dólares del cual no pudo demostrar su origen lícito, según la sentencia. “Rechazo la condena injusta y arbitraria que acaba de dictar la Cámara Segunda de lo Civil. No se puede condenar a imputados que no sustrajeron dineros del Estado y que su patrimonio es lícito solo porque existe una presión de la derecha para hacerlo. Apelaremos esta sentencia”, escribió el expresidente en su cuenta de Twitter. El expresidente anunció que pedirá a la Corte Suprema de Justicia que anule la sentencia en su contra. Actualmente, Funes vive en Nicaragua, país al que solicitó asilo político en septiembre del año pasado. El asilo político le fue concedido el seis de septiembre de 2016, apenas diez días después que la Fiscalía salvadoreña allanó sus propiedades y la de uno de sus financistas de campaña, Miguel Menéndez, Mecafé, por otra investigación por lavado de dinero que aún no ha concluido. Los abogados intentaron justificar que el incremento patrimonial del expresidente obedece a préstamos que recibió de algunas empresas. En 2013, por ejemplo, una compañía llamada Agrosuministros le prestó 250,000 dólares. Sin embargo, la investigación judicial determinó que esa empresa no tenía capacidad económica. “No se pudo determinar la capacidad financiera de la empresa. Según las declaraciones de impuestos, los ingresos eran apenas de seis mil dólares”, concluyó el peritaje. La Fiscalía también acusaba de enriquecimiento ilícito a la exprimera dama de la República, la brasileña Vanda Guiomar Pignato, relacionada con el Partido de los Trabajadores de Brasil, implicado en una trama de corrupción. Las juezas salvadoreñas absolvieron a Pignato porque fue su esposo quien le dio los 145,000 dólares que le cuestionaba la Fiscalía.