Fiscalía de Nueva York busca disolver la Asociación Nacional del Rifle

Autoridades presentaron una demanda por el desvío de dinero para dirigentes de esa organización. La Fiscalía de Nueva York anunció ayer que presentó una acción judicial contra la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés) y su líder Wayne LaPierre por fraude financiero y conducta inapropiada, con el objetivo de disolver el grupo de lobby conservador.  “La influencia de la NRA ha sido tan poderosa que la organización no fue controlada durante décadas mientras los altos ejecutivos desviaban millones a sus propios bolsillos”, dijo la fiscal general del estado, Letitia James. “La NRA está plagada de fraudes y abusos, por lo que buscamos disolver la NRA, porque ninguna organización está por encima de la ley”, agregó.
Según la fiscal, LaPierre, que dirigió la NRA por casi tres décadas, y otros tres altos funcionarios de esa organización, fundada en 1871, usaron fondos y donaciones de miembros como su “alcancía personal”. Y gastaron decenas de millones de dólares en sí mismos y en cómplices violando las leyes que rigen a las organizaciones sin fines de lucro, indicó la funcionaria. Los cuatro “básicamente saquearon sus activos”, dijo James, y dejaron prácticamente insolvente al grupo otrora rico que inyectó millones en campañas republicanas. La NRA está plagada de fraudes y abusos, por lo que buscamos disolver la NRA, porque ninguna organización está por encima de la ley

En un comunicado, la NRA acusó a James de realizar una demanda para “sumar puntos políticos” en vistas a los comicios en tres meses. “Este fue un ataque infundado y premeditado a nuestra organización y a las libertades de la Segunda Enmienda que lucha por defender”, dijo la presidenta de la NRA, Carolyn Meadows.
Además, agregó que la NRA presentó una contrademanda ayer acusando a James.
Durante décadas, la NRA ha representado a millones de propietarios y defensores de armas en todo EE. UU., luchando con un éxito sustancial para debilitar y eliminar leyes que impusieran controles, basándose en la Segunda Enmienda de la Constitución. En la política, la NRA respaldó a los candidatos que se alinearon con sus puntos de vista y golpeó a quienes apoyaron la regulación de las armas. LaPierre se volvió uno de los principales hombres de poder en relación al tema en Washington y tuvo un papel importante en las elecciones de 2016 de Donald Trump , cuyos hijos, Eric y Donald Jr, son miembros y participan en eventos de la NRA. Consultado sobre la demanda, Trump dijo en la Casa Blanca que era “algo terrible”. Y añadió: “Creo que la NRA debería mudarse a Texas y llevar una vida muy buena y hermosa”. James dijo que LaPierre usó ilícitamente fondos de la NRA para pagar aviones privados para llevar a su familia a lujosas vacaciones en las Bahamas, y transportar a otros parientes por el país. Además, cargó a la NRA safaris por África y hasta su membresía personal de golf, algo que no estaba previsto oficialmente. También mantuvo con fondos de la asociación su propio consultor de viajes por 26.500 dólares al mes en Los Ángeles, aunque la NRA tiene su propio agente de viajes. Según James, LaPierre aceptó además regalos de lujo y viajes en yates por parte de proveedores de la NRA, y se otorgó un paquete de retiro de US $ 17 millones sin la aprobación de la junta de la asociación. La presentación judicial indica que muchos de esos abusos eran avalados por los otros tres acusados, todos reclutados por LaPierre. Entre ellos, el extesorero de la NRA Wilson Phillips, a quien se acusa de contratarse a sí mismo como consultor de la organización por 1,8 US $ millones, y de ocultar decenas de millones en gastos para ejecutivos de la NRA, como los pagos al contratista de relaciones públicas, Ackerman Queen. “Creo que la NRA debería mudarse a Texas y llevar una vida muy buena y hermosa También fueron acusados el consejero general John Frazer, y el exjefe de personal, Joshua Powell. La fiscal negó que actuara por motivación política. Pero dijo que el estado solo ha obligado a cerrar otras dos ONGs en los últimos años, una de ellas, la Fundación Trump. La acusación de James se produce cuando se esperaba que la NRA, aunque económicamente debilitada, inyectara grandes sumas en las elecciones generales de noviembre. A priori, dado que al poder de la NRA, se cree que la batalla legal podría se podría prolongar durante años.
El Violence Policy Center, institución con sede en Washington, afirmó que confía en que la demanda haga “por fin” que la NRA rinda cuentas tras años centrada en “defender los intereses de los fabricantes de armamento y enriquecer a sus líderes”.