Giammattei toma las riendas de Guatemala bajo amenaza de las pandillas
Un presidente conservador y explosivo gobernará el país centroamericano que más migrantes envía a Estados Unidos. La corrupción, la violencia y la pobreza serán los principales retos de su mandato que comienza este martes.
Alejandro Giammattei dijo en una conferencia el lunes que las pandillas habían puesto precio a su cabeza.
Alejandro Giammattei asume este martes la Presidencia de Guatemala tras cuatro intentos y media vida en política. Vencedor en segunda vuelta gracias al voto urbano, el médico de 63 años tendrá que convencer con su gestión a la mitad del país que no le votó y que asiste a su toma de posesión entre la desesperanza y el temor.
El candidato que prometió disolver la seguridad presidencial (SAAS) reconoció el lunes que ha tenido que “extremar” las medidas de protección por amenazas de las pandillas desde un lugar que ya marcó en 2006 su carrera política: la cárcel. «Llamadas adentro de una prisión pusieron una luz verde, como le llaman unos pandilleros, sobre mi cabeza para el día de mañana», dijo en una rueda de prensa que ofreció 24 horas antes de jurar el cargo sin especificar desde que cárcel se produjeron las llamadas que, aseguró, interceptaron los servicios de inteligencia. Cuando Giammattei era director del sistema penitenciario del país, las fuerzas de seguridad efectuaron una operación de toma de control de la cárcel Granja Penal de Pavón, en la capital, que acabó con la muerte de siete reos y una investigación por ejecuciones extrajudiciales en la que quedó absuelto tras diez meses en prisión.Ahora el nuevo presidente guatemalteco cree que la situación en las prisiones y la violencia «está peor» que en su tiempo, pero apuesta por la misma receta: mano dura. «Verán acciones en los primeros días, vamos a perseguir a los delincuentes para poder vivir en paz», ha prometido.La tensión con las pandillas no será su único reto: la corrupción, la impunidad, la pobreza y la inseguridad asolan a una Guatemala estancada en los mismos problemas desde hace veinte años. Una de las decisiones más delicadas que deberá tomar el nuevo presidente es mantener o revocar el acuerdo que firmó su antecesor, Jimmy Morales, con Donald Trump, para que Guatemala sea un “tercer país seguro” y acoja a solicitantes de asilo salvadoreños y hondureños enviados por Estados Unidos. «No creo en los muros físicos ni de armas»: presidente electo de Guatemala sobre acuerdo migratorio con EEUU Pese a que el acuerdo ya ha comenzado a implementarse, Giammattei ha amenazado con poner fin al programa. Además, este lunes volvió a quejarse del “secretismo” con el que el Gobierno de Morales ha manejado este asunto y aseguró que a horas del inicio de su mandato aún no ha recibido “ninguna información al respecto”. “Una de las primeras cosas que pediremos a la Cancillería y a Gobernación es el acuerdo, y sus anexos”, subrayó. Al desconcierto por la falta de información oficial se han sumado en los últimos días reportes de prensa que han hecho saltar las alarmas. Según publicó The Washington Post, Estados Unidos está enviando a salvadoreños y hondureños sin indicarles que van a Guatemala y, además, contempla incluir también a los mexicanos. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya ha expresado su rechazo a esta medida, mientras que Morales niega que forme parte de su acuerdo.
Corrupción e impunidad: el después de la CICIG
El Jimmy Morales que llegó al poder como un outsider de la política con el lema “ni corrupto ni ladrón” se va cuatro años después señalado por la justicia y con el legado de haber sido el presidente que expulsó del país a la comisión contra la corrupción de Naciones Unidas (CICIG). Organizaciones sociales van a tratar de impedir que jure como diputado en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), que ha adelantado esa sesión a este martes solo horas después de que entregue el poder y, por tanto, pierda su inmunidad. Estos grupos urgen a las fiscalías competentes a que, en ese lapso de tiempo entre un cargo y otro, emitan una órden de captura en su contra por financiamiento electoral ilícito y por su gestión de la tragedia del centro juvenil Hogar Seguro de 2017, en la que murieron 41 niñas y adolescentes. Crítico con la CICIG desde su detención en 2010, Giammattei ya ha dejado claro que no retomará esa iniciativa. Como alternativas, ha llegado a proponer una comisión nacional, pedir asistencia al FBI estadounidense para las investigaciones criminales y solicitar ayuda a Israel para mejorar los sistemas de inteligencia.
Un 60 por ciento de pobreza
El nuevo Gobierno recibe un país donde seis de cada diez personas viven en la pobreza y el 23 por ciento batalla por sobrevivir en condiciones de pobreza extrema, unos porcentajes que son aún mayores entre la población indígena. ‘El corredor seco’, la zona de Guatemala con más extrema pobreza y desnutrición infantil El uno por ciento de los habitantes del país, las 160,000 personas más ricas, suman en conjunto el mismo ingreso que el 40 por ciento, 6.4 millones de personas, la mayoría indígenas, según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). Pese a la estabilidad macroeconómica de Guatemala, su crecimiento es insuficiente para paliar estos índices de pobreza y desigualdad. En este contexto, las remesas que envían los guatemaltecos desde Estados Unidos y otras partes del mundo registraron un máximo histórico en 2019, con cerca de 11,000 millones de dólares, equivalente al aporte que hacen a la economía de la nación las exportaciones.
Entre 4,000 y 5,000 homicidios al año
Guatemala se mantiene como uno de los países más violentos de América Latina, con cifras de entre 4,000 y 5,000 homicidios al año en los últimos balances. Giammattei proclama que combatirá “con testosterona” la inseguridad, el narcotráfico, el crimen organizado y las pandillas. Su “mano dura” con los criminales se traduce en medidas como resucitar la pena de muerte, que está en suspenso desde el 2000 por un vacío legal. También quiere impulsar una ley que considere a las pandillas como terroristas y aboga por recurrir a los militares para reforzar la seguridad ciudadana. El país está polarizado sobre estas propuestas. Como le ocurrió con la operación en la Granja Penal de Pavón, una parte de la población aplaude este tipo de rotundidad con los delincuentes, pero otro sector teme que por ese camino se vulneren o restrinjan derechos y libertades.