Gobierno afirma que pocos migrantes piden asilo y que 42% de solicitudes han sido aprobadas

«Por ley los inmigrantes tienen derecho de ser representados pero sin costo para el gobierno”, dice Departamento de Justicia  Un bajo número de indocumentados centroamericanos detenidos en la frontera con México -y cuyos casos fueron enviados a una corte de inmigración- pidió asilo en Estados Unidos, aseguró este miércoles a Univision Noticias el Departamento de Justicia (DOJ).  “Es importante resaltar que sólo un pequeño número de aquellos a quien se le ordenó la deportación le indicó al juzgado de inmigración que estaba peticionando asilo”, dijo Lauren Elder Reid, consejera ejecutiva de la oficina de relaciones públicas del DOJ. “Desde el 18 de julio 2014 hasta el 29 de diciembre 2015, los jueces de inmigración han otorgado 42% de las solicitudes de asilo presentadas en la clasificación AWC/D”, agregó. La clasificación AWC/D corresponde a migrantes adultos con menores detenidos por agentes federales cuando intentaban ingresar indocumentados a Estados Unidos por un tramo de la frontera entre Texas y México. Durante el año fiscal 2014 la Patrulla Fronteriza detuvo a 68,541 niños migrantes. En el 2015 la cifra bajó en un 42% pero en el primer trimestre del año fiscal 2016 (octubre, noviembre y diciembre del 2015) las autoridades federales arrestaron a 17,370 personas, cifra que puso a la Casa Blanca con los nervios de punta. Elder explicó que la clasificación AWC/D “se le asigna a los comparecientes que son parte de una unidad familiar y a quienes detiene el Departamento de Seguridad Nacional” (DHS, por su sigla en inglés). Agregó que si una persona es liberada de la custodia del DHS “permanece codificado AWC/D”, y que “en esos casos los jueces de inmigración han ordenado la expulsión de 788 personas”.

Informe del TRAC

El dato no concuerda con el informe emitido la semana pasada por el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de Syracurse University, quien reveló que las cortes de inmigración han emitido más de 18,607 órdenes de deportación a niños y mujeres migrantes centroamericanos en los últimos 18 meses. Y que el 86% de los casos no tuvo representación legal. Elder reiteró que “es importante resaltar que sólo un pequeño número de aquellos a quien se le ordenó la expulsión (orden de deportación) le indicó al juzgado de inmigración que estaba peticionando asilo”. Dijo además que entre el 18 de julio 2014 y el 29 de diciembre de 2015, “los jueces de inmigración otorgaron algún tipo de recurso para evitar la expulsión, incluyendo asilo al 13% de todos los casos que se completaron bajo la clasificación AWC/D”.

Sin cambios

El informe del TRAC se conoció dos días después de que la Administración Obama confirmara a Univision que no detendrá su política de deportaciones. La directora de política interna de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, dijo la primera semana de enero al programa Despierta América que el DHS seguirá deportando a quienes han entrado al país después del 1 de enero de 2014 y recibieron una orden de expulsión. Muñoz también reconoció que el 41.1% de los 235,413 deportados durante el año fiscal 2015 no tenía antecedentes criminales, pero subrayó que tanto criminales como migrantes con orden de expulsión se encuentran en la lista de prioridades de deportación que el jefe de la seguridad nacional, Jeh Johnson, anunció el 20 de noviembre del 2014.

Redadas de inmigrantes

El 24 de diciembre la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) dijo a Univision Noticias, por medio de un comunicado, que no confirmaba la existencia de un plan de redadas que el día antes reportó el diario The Washington Post. La agencia indicó que tampoco comentaba operaciones en curso pero advirtió que sus agentes daban prioridad a la deportación de individuos con antecedentes criminales, y migrantes recientes sin causa de asilo y que tenían una orden final de deportación. El primer fin de semana de enero la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) llevó a cabo redadas en los estados de Carolina del Norte, Georgia y Texas arrestando a 121 migrantes –entre niños y mujeres-, 22 de ellos se origen salvadoreño. El TRAC dijo que ICE no ha dado a conocer cifras sobre el número de familias que podrían ser blanco de redadas futuras, y que los datos contenidos en el reporte fueron obtenidos a través del proceso de Libertad de Información (FOIA, por su sigla en inglés). La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por su sigla en inglés) dijo que “no hacía comentarios sobre la interpretación de terceros” de sus estadísticas.

Apuntan al gobierno

Las números reportadas por el TRAC elevaron las preocupaciones entre los miembros de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por su sigla en inglés). “Definitivamente las cifras son preocupantes”, dijo a Univision Noticias Víctor Nieblas, presidente de AILA. “Pero desafortunadamente no sorprende lo que está pasando”. Nieblas, junto a otros miembros de la asociación, ha brindado asistencia pro bono a migrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza y enviados a centros familiares de detención de ICE en San Antonio, Texas. “El sistema que se está construyendo va en contra de los niños”, dijo. “Está edificado para la deportación. La ayuda legal y el buen consejo son definitivos. Todas las estadísticas indican que los migrantes tienen más oportunidad de ganar sus casos si tienen representación de un abogado. Pero no es el caso que estamos viento. El TRAC dice que el 86% de los casos no contaba con este recurso”.  “La administración Obama sigue empujando este sistema para que nada más trabaje en contra de los niños y ganar más deportaciones”, apuntó.

Cuesta arriba

De la complejidad de los casos de asilo, Nieblas dijo que “son difíciles de demostrar los daños. Sobre todo después de abril de 2005 cuando el Congreso aprobó la Ley del Real ID. El testimonio de un migrante no es suficiente para que un juez otorgue asilo. Ellos quieren ver documentos que certifiquen los casos, que prueben la existencia del miedo”. AILA también responsabiliza a la Administración por la rapidez con que las cortes de inmigración están manejando los casos de detenidos en la frontera. Y reitera que la mayoría de ellos no cuenta con acceso a representación legal. “Nosotros, desde un principio le hemos indicado al gobierno que debe dar abogados para estos niños, sin costo. La Administración debe brindar un sistema que pueda proteger a estos niños y garantizarles asesoría legal. Pero el gobierno no ha escuchado nuestra petición y está más preocupado por enviar un mensaje a Centroamérica, de que la frontera no está abierta”. El DOJ respondió que “por ley, los comparecientes en trámites de inmigración tienen derecho de ser representados pero sin costo para el gobierno”. “El EOIR reconoce, sin embargo, que la representación puede aumentar la eficiencia de los tribunales de inmigración y sigue tomando numerosas medidas para apoyar y alentar a abogados pro bono y representantes autorizados que no son abogados, para que provean representación” a los migrantes, dijo Elder. El DOJ también aseguró que se encuentra colaborando con el DHS para mejorar los “controles de calidad” y asegurar la “precisión y transparencia” de sus programas y procedimientos.