Guía con las nuevas reglas para la deportación masiva de indocumentados
Para entender de manera simple cuál es la reforma migratoria de Trump, elaboramos un índice de términos basado en las órdenes ejecutivas del presidente y los memorandos del secretario Kelly. Cada uno de ellos explica los conceptos de una política que, según ha dicho el mandatario, pondrá fin a la inmigración ilegal y en los que finalmente menciona que no serán prioritarios en las deportaciones los beneficiarios de DACA, conocidos como ‘dreamers’, jóvenes que fueron traídos de niños por sus padres indocumentados.
La reforma migratoria de Donald Trump no pasa por el Congreso, tampoco es integral como la que propuso Barack Obama en sus dos gobiernos. Su propuesta la está llevando a cabo a golpe de decretos, y se fundamenta en la interpretación literal de la Ley de Inmigración, sobre todo en cuanto a inspección, verificación y deportación.
Para conseguir los objetivos de campaña, que se resumen en la deportación (o verificación) de los 11 millones de indocumentados, Trump ha aprobado hasta ahora tres órdenes ejecutivas: una sobre las ciudades santuario, otra sobre el muro en la frontera con México y una tercera que suspende el programa de refugiados y veta la entrada al país de ciudadanos de siete países: Irak, Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen. Pero esta última orden fue detenida el 3 de febrero por una corte federal.
Los tres ejes de la política inmigratoria de Trump se fundamentan en el uso de la fuerza para ejecutar con severidad cada una de las secciones de la Ley de Inmigración. Y a diferencia del proyecto de ley de reforma migratoria bipartidista que aprobó el senado el 27 de junio de 2013, no hay camino a la legalización. Trump ordena detenciones, arrestos, encarcelamientos, y que sean los jueces de inmigración quienes decidan el futuro de cada indocumentado según sus propios méritos.
Tampoco hay respaldo del Congreso, no existen propuestas alternas ni enmiendas. Trump dibujó durante la campaña un escenario “terrible”, y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, general John Kelly, presentó el fin de semana –a través de memos filtrados a la prensa- los escenarios de una guerra anunciada.
«Estos memos proveen guías explícitas a los agentes de DHS sobre cómo implementar las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente el 25 de enero: una relacionada a la seguridad interna y la otra con la seguridad en la frontera», dijo el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, en su rueda de prensa diaria, confirmando la información contenida en los documentos. «El presidente está empoderando a DHS para que pueda hacer cumplir las actuales leyes migratorias», agregó.
Para entender de manera simple cuál es la reforma migratoria de Trump, elaboramos un índice de términos basado en las órdenes ejecutivas del presidente y los memorandos del secretario Kelly. Cada uno de ellos explica los conceptos de una política que, según ha dicho el mandatario, pondrá fin a la inmigración ilegal, algo que también prometió Obama pero a través de una reforma migratoria comprensiva e incluyente, sobre todo para aquellos que llevan años en el país, pagan impuestos y carecen de antecedentes criminales.
Búsqueda y captura
La propuesta de Trump cita la aplicación de la Sección 235 de la Ley de Inmigración (INA). Esto significa que los 11 millones de indocumentados que viven en el país deben ser inspeccionados, revisados y verificados. Para hacerlo, deberán ser ubicados, detenidos y encarcelados. Una vez fichados, será un juez de inmigración quien decidirá sus futuros en Estados Unidos, dependiendo de la revisión de cada caso individualmente.
Arresto
Una vez identificado y detenido un indocumentado, será arrestado y privado de libertad. La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), junto con las demás agencias que ejecutan la Ley de Inmigración, participarán en este proceso.
Expansión de la Sección 287(g)
La Sección 287(g) de la Ley de Inmigración (INA) le permite al secretario del DHS hacer acuerdos con las policías locales (estatal y municipal) para que actúen como agentes federales de inmigración y ayuden a ubicar, detener, arrestar y deportar indocumentados. Además de los agentes, algunos empleados estatales y municipales calificados también recibirán poderes extraordinarios para detener, arrestar, encarcelar y deportar a inmigrantes indocumentados. Se trata de una gigantesca fuerza nacional de deportaciones, como lo prometió durante la campaña.
El gobierno asegura que, desde enero de 2006 hasta septiembre de 2015 el Programa 287(g) identificó a más de 402,000 indocumentados criminales, principalmente a través de las bases de datos en centros carcelarios.
Cárceles para inmigrantes
Al 25 de enero ICE tenía una capacidad de 39,000 camas diarias. Después de esa fecha, la agencia ha ido aumentando los cupos en los centros de detención alrededor del país. El DHS “trabaja para expandir las capacidades de detención”, se lee en un memorando del 17 de febrero. “La detención de todas estas personas puede no ser posible de inmediato”, añade.
Centros de procesamiento
El DHS creará nuevos centros de procesamiento de inmigrantes detenidos en la frontera y en el resto del territorio para acelerar los procesos y hacer más expeditas las deportaciones.
Prioridad de arrestos
La prioridad de arrestos se enfoca en dos grupos:
- Ilegales capturados cuando intentan cruzar indocumentados las fronteras; o
- Ilegales que fueron hallados después en cualquier parte del territorio estadounidense.
Prioridades de deportación
Trump eliminó las prioridades de deportación establecidas por Obama el 20 de noviembre del 2014 y ahora puso en la mira del DHS a:
- Aquellos que han cometido crímenes graves.
- Los indocumentados que fueron deportados y regresaron sin autorización.
- Los indocumentados con orden de deportación final, aunque no hayan cometido delitos.
- Los indocumentados con orden de deportación final en ausencia o no aparecen en las cortes cuando son citados.
- Los procesamientos penales por delitos de inmigración cometidos en la frontera (cruce indocumentado, tráfico de personas, tráfico de drogas, etc.)
Catch and release
La práctica o política de capturar y liberar ( catch and release) a indocumentados para que se presenten ante las autoridades o tribunales de inmigración, ya no existe. Todo inmigrante que haya sido detenido a partir del 25 de enero permanecerá arrestado hasta que un juez o una autoridad del DHS decida su futuro en Estados Unidos.
Sección 235
La Sección 235 de la Ley de Inmigración exige que todos los extranjeros deben ser inspeccionados y revisados cuando entran al país, o de lo contrario podrán ser deportados.
Fichar a los 11 millones
El gobierno de Trump tiene como meta fichar a los 11 millones de indocumentados e ingresar sus nombres a una gigantesca base de datos. Una vez arrestados, fichados y presentados ante un juez, será ésta instancia la que, por los méritos de cada caso, permitirá quién se queda y quien es deportado. “Es el medio más eficaz para hacer cumplir las leyes de inmigración en nuestras fronteras”, se lee en un borrador de memorando del secretario Kelly.
Liberar a indocumentados detenidos
El DHS liberará a indocumentados sólo por razones humanitarias urgentes y tras una revisión a fondo del expediente de un indocumentado.
Contratación y despliegue de jueces
Los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Justicia (DOJ), aumentarán la cantidad de jueces en las cortes de inmigración y los enviarán a los lugares donde se encuentren detenidos los indocumentados para acelerar sus procesos de deportación. Actualmente en los tribunales de inmigración hay 540,000 casos acumulados y las primeras audiencias las están programando para mediados de 2020. Trump quiere acelerar los procesos y descongestionar las cortes.
Orden de alivio o protección contra la deportación
Se otorgarán cuando el DHS determine que el individuo detenido y arrestado se trate de un ciudadano estadounidense, un extranjero con residencia legal permanente, refugiado, asilado, Estatus de Protección Temporal (TPS), o cualquier otro tipo de estatus válido en Estados Unidos. Es decir, que al momento de ser detenido no llevaba consigo identificación.
También califican aquellos extranjeros que reciben libertad condicional por razones humanitarias o circunstancias extremas, tal como por ejemplo causas médicas, y las autoridades de inmigración determinen que la persona no representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
La lista la agregan aquellos extranjeros que, después de pedir asilo, establecen un “temor creíble” de persecución o tortura, y siempre que acepten las condiciones impuestas por ICE en cuanto a presentarse ante las autoridades o las cortes de inmigración.
Riesgo de fuga
Si un extranjero es detenido y arrestado, aunque haya solicitado asilo representa un riesgo de fuga, no será liberado. Esto es, por razones de seguridad pública.
Contratación de nuevos agentes
El DHS contratará nuevos agentes para:
- Aumentar la capacidad de detención.
- Aumentar la capacidad de procesar detenidos.
- Aumentar el número de efectivos en los centros de detención.
- Acelerar las deportaciones.
- Aumentar la vigilancia en las fronteras.
- Aumentar el número de agentes de asilo.
Fuerzas de ayuda
El presidente autorizó al secretario del DHS identificar y cuantificar todas las fuentes de ayuda o asistencia federal para identificar, detener, arrestar y procesar a los inmigrantes indocumentados. Incluye las labores de inteligencia.
Mejorar la seguridad fronteriza
El secretario del DHS en consulta con otras agencias encargadas de la seguridad de la frontera, identificarán las zonas vulnerables en la frontera e implementarán estrategias para corregir los problemas. Destinarán recursos adicionales y desarrollarán nuevas estrategias.
Ley del Muro de 2006
El gobierno de Trump utilizará la autorización contenida en la denominada Ley del Muro de 2006 (Secure Fence Act 2006) para expandir los trabajos de una valla física en la frontera con México, incluyendo tecnología, iluminación y vías de patrullaje.
Niños de la frontera
Detener y acelerar las deportaciones de menores indocumentados solos detenidos en la frontera, y también unidades familiares, que tengan orden de deportación. Sus casos no serán revisados y no tendrán nuevas audiencias en las cortes de inmigración. Los extranjeros considerados inadmisibles también serán deportados de manera expedita.
La única salvedad serán aquellos casos donde pidieron asilo y demostraron temor creíble de persecución tortura si son regresados a sus países, o aquellos que demuestren presencia física de al menos dos años en el país y sus casos se encuentren en proceso en las cortes de inmigración.
Amparos por la Ley para Víctimas de Tráfico
En cumplimiento con la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Tráfico William Wilberforce de 2008, los niños de la frontera no acompañados recibirán protecciones especiales para asegurar que sean procesados adecuadamente, y reciban el cuidado y la colaboración apropiadas cuando son encontrados por un agente de inmigración.
Menor no acompañado
El DHS define como menor no acompañado a un extranjero que no tiene estatus migratorio legal en Estados Unidos, no ha cumplido 18 años, no tiene padre o tutor legal en Estados Unidos, o no tiene ningún padre o tutor legal en Estados Unidos que esté disponible para proveer cuidado y custodia física. Solo los menores no acompañados recibirán protecciones especiales.
Nuevo reglamento de deportaciones aceleradas
El DHS publicará en el Registro Federal un nuevo aviso o reglamento que normará los procesos de deportaciones aceleradas.
Devueltos a México
Los extranjeros que sean detenidos en la frontera, cuando intenten ingresar indocumentados a Estados Unidos y no representen una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, serán deportados al territorio contiguo extranjero, es decir México o Canadá y no a su país de origen. La medida también aplicaría a los menores indocumentados siempre y cuando la deportación no contravenga leyes o obligaciones contraídas por Estados Unidos.
Audiencias de deportación por videoconferencia
Las cortes de inmigración establecerán un sistema de videoconferencia para acelerar los procesos de deportación.
Pedido de asilo
Cualquier extranjero que llegue a un puerto de entrada a Estados Unidos (aéreo, marítimo o terrestre) podrá pedir asilo, y será un agente de asilo quien determinará si existe temor creíble de persecución o tortura, y el extranjero demostrar “posibilidad significativa” de que puede establecer una causa de asilo.
El agente de asilo tomará una decisión solo después que haya considerado todas las pruebas pertinentes que entregue el extranjero.
Detección de fraude
El DHS, junto con la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) y demás agencias que participan en el proceso inmigratorio, entregaran en un plazo de 90 días un plan para prevenir el fraude en el proceso de asilo.
Claves para entender la política migratoria de Donald Trump /Univision
Libertad condicional
El secretario del DHS aconseja limitar el uso de la autoridad para conceder libertad condicional. Y conceder este beneficio con moderación solo por razones humanitarias después de una cuidadosa consideración, siempre y cuando no esté en juego la seguridad pública.
Reglamento de libertad condicional
El DHS y las agencias involucradas en el proceso inmigratorio redactarán un nuevo reglamento que aclare en qué casos puede ser otorgado este beneficio.
Listas de detenidos en la frontera
El gobierno publicará periódicamente listas de extranjeros ilegales detenidos en la frontera y cargos imputados.
Ciudades santuario
El gobierno quitará fondos federales a las ciudades o jurisdicciones que protejan a los indocumentados. Y publicará una lista semanal de los crímenes cometidos por estos inmigrantes y que no han sido detenidos por el DHS. Será el secretario del DHS quien defina qué es una jurisdicción santuario.
Ley de privacidad
Trump ordenó abrir el acceso a los datos de indocumentados guardados por las distintas agencias del país para que puedan ser compartidos con los agentes de deportación. Dispara las alertas en lo que respecta a los derechos de privacidad de inmigrantes no residentes, turistas o extranjeros con visado. Los unicos protegidos seríaín los ciudadanos estadounidenses.
Vía de legalización
A diferencia del proyecto de ley bipartidista S. 744 aprobado por el Senado el 27 de junio de 2013, el plan inmigratorio de Trump no incluye ninguna vía de legalización para los 11 millones de indocumentados que actualmente viven en Estados Unidos. Tampoco un camino a la ciudadanía para aquellos que llevan tiempo, pagan impuestos y carecen de antecedentes criminales.
Esta decisión hace parte de las nuevas medidas para el control migratorio en EE. UU. El gobierno de Donald Trump estableció este martes las nuevas directrices de control migratorio en EE. UU., entre estas acelerar el proceso de deportación de inmigrantes indocumentados y contratar a 15.000 nuevos agentes migratorios. Entre las directrices, firmadas por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, figura la contratación de 10.000 nuevos agentes para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y 5.000 más de la Oficina de Aduanas y Fronteras (CBP). «El auge de la inmigración ilegal en la frontera sur ha sobrepasado a las agencias y los recursos federales y ha creado una significativa vulnerabilidad en la seguridad nacional de EE. UU.», subrayan las directrices. En el documento del Departamento de Seguridad Nacional se especifica que los jóvenes indocumentados («dreamers» o «soñadores») que llegaron a Estados Unidos como menores de edad «no» se verán afectados por las nuevas órdenes de la agencia federal. Asimismo, se especifica un cambio en las políticas que precisa que no solo perseguirá a los inmigrantes indocumentados con cargos criminales violentos, sino también a aquellos que hayan «abusado» de los beneficios públicos o que, «a juicio de un agente de inmigración, puedan suponer un riesgo para la seguridad pública y seguridad nacional». El Departamento de Seguridad Nacional, agrega: «Ya no eximirá a clases o categorías» de extranjeros indocumentados de «una potencial aplicación de la ley», es decir, de una deportación. Esto supone un notable cambio respecto a las directrices marcadas durante el anterior gobierno de Barack Obama, que ordenaba no llevar a cabo estas deportaciones con base en violaciones menores de la ley, como conducir sin licencia o tener una luz rota del vehículo. Por otro lado, el Ejecutivo de Trump otorga mayor capacidad legal a los agentes migratorios federales y permitirá que agentes estatales o locales puedan sumarse a estas labores de control migratorio.
