Jueza bloquea cuatro ejecuciones federales alegando extralimitación del fiscal general

La jueza de distrito Tanya S. Chutkan, sentenció que llevar a cabo las ejecuciones empleando un único tipo de inyección letal, como lo propuso el fiscal general William Barr en julio, contradice la Ley Federal de Pena de Muerte.
Una jueza suspendió a última hora del miércoles cuatro ejecuciones federales programadas, al encontrar que una propuesta formulada en julio por el fiscal general William Barr con la que buscaba reanudar la pena de muerte después de una pausa de 16 años, parece contrariar una ley federal.La jueza de distrito de Columbia, Tanya S. Chutkan, dictaminó que era probable que cuatro reclusos condenados tuvieran éxito en su demanda contra la propuesta de Barr de llevar a cabo las ejecuciones empleando un único tipo de inyección letal, al considerar que la posición del fiscal contradice la Ley Federal de Pena de Muerte. Los cuatro hombres debían ser ejecutados en diciembre y enero de 2020 en Indiana, dice el diario The Washington Post. La ejecución de un quinto hombre ya había sido detenida en una sentencia judicial separada el mes pasado. «Los demandantes han demostrado claramente que, en ausencia de medidas cautelares, sufrirán el daño irreparable de ser ejecutados bajo un procedimiento potencialmente ilegal antes de que sus reclamos puedan ser resueltos en su totalidad», escribió Chutkan en su fallo. A principios de este año el fiscal Barr levantó la moratoria sobre ejecuciones federales, vigente desde 2003, que se basa en varias sentencias judiciales contra el método común de ejecución, que incluía un cóctel de tres drogas diferentes en las inyecciones letales. Barr propuso entonces un método simplificado de inyección letal usando un solo medicamento, el pentobarbital, en lugar de usar el compuesto de tres fármacos. La jueza Chutkan señaló en su decisión que esa política parece contradecir el requisito de la Ley Federal de Pena de Muerte de que los reclusos condenados a pena capital sean ejecutados «de la manera prescrita por la condena» y no mediante un método federal uniforme, porque es «muy probable» que vaya más allá de la autoridad del fiscal general.


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