La Corte Suprema decidirá si el gobierno puede incluir una pregunta sobre ciudadanía en el censo de 2020

La máxima institución judicial anunció que estudiará de forma expedita si la administración viola la Constitución al incluir una pregunta sobre el estado legal en el censo. Los cr´íticos sostienen que la medida hará que residentes legales e indocumentados no rellenen el formulario y los datos no sean exactos a la hora de repartir fondos federales.
La Corte Suprema anunció este viernes que estudiará de manera expedita si el gobierno del presidente Donald Trump puede incluir o no una pregunta sobre ciudadanía en el próximo censo del año 2020.
Los críticos de esta medida sostienen que la medida hará que los inmigrantes, ya sean residentes legales o indocumentados, no respondan al cuestinoario y, por tanto, la exactitud de los datos del censo se vea comprometida.
El pasado mes de marzo, el Departamento de Comercio, dirigido por Wilbur Ross, anunció que se había «determinado reinstalar la pregunta sobre la ciudadanía en el censo del 2020 porque es necesario para dar datos completos y precisos», lo que permitiría establecer el número de personas con derecho al voto.

Un juez federal le prohibió al gobierno de Trump preguntar por la ciudadanía en …
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Un juez federal le prohibió al gobierno de Trump preguntar por la ciudadanía en el próximo censo
Los defensores de los inmigrantes sostienen que la inclusión de esta pregunta llevará a los indocumentados o residentes legales permanentes con lazos con personas sin documentos a no cumplimentar el censo, lo que falseará los datos.
A mediados de enero, un juez bloqueó la pregunta. Su decisión llegó tras un juicio de dos semanas en Nueva York celebrado a raíz de una demanda presentada por varios fiscales generales y alcaldes estadounidenses.
Según el juez, la decisión de Ross violó los límites de su autoridad y la Ley de Procedimientos Administrativos, por lo que debe ser invalidada.
«Cientos de miles de personas, incluso millones, no serán contados en el censo si la pregunta sobre ciudadanía se incluye», señaló Furman en su opinión
Ross tomó la decisión de incluir esa cuestión en contra de las recomendaciones de la Oficina del Censo y la ha defendido subrayando que es necesario conocer el estatus legal de los ciudadanos para una mejor comprensión de la población del país e insistiendo en que todas las respuestas son confidenciales.
Las consecuencias
El censo, que se realiza cada 10 años, es la base para la distribución de 675,000 millones de dólares de fondos federales para diversas áreas, como escuelas, centros hospitalarios, infraestructuras, entre otras áreas.
Además, los resultados podrían tener un efecto en el rediseño de la Cámara de Representantes y de las legislaturas locales en la próxima década.
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El conteo de población puede tener consecuencias clave en cómo se asignan los escaños para el Congreso con simples variaciones de entre 10,000 personas o menos.
En 2001 el estado de Utah demandó al gobierno federal después de que el estado no recibió un escaño adicional para el Congreso por una diferencia de 856 personas durante el Censo del 2000.
Utah argumentó sin éxito que el censo no contó debidamente más de 11,000 misioneros mormones que prestaban servicios fuera del país.
Trump ha expresado en múltiples ocasiones su convencimiento de que en el país el sistema permite un «fraude masivo de votos», aunque nunca ha presentado pruebas. De hecho, montó una comisión para estudiar dichos votos ilegales, pero la cerró sin ningún resultado ni datos que avalaran su teoría.
La polémica podría empeorar el problema del censo de 2010, en el que analistas estiman que unos 775,000 latinos no fueron contabilizados.