Trump le tuerce el brazo a México para que el vecino del sur detenga a los miles de migrantes centroamericanos que huyen en busca de asilo y a quienes el presidente de Estados Unidos tilda de criminales, violadores y traficantes de drogas.

La amenaza lanzada por Donald Trump de imponer aranceles a todos los productos mexicanos que entran a Estados Unidos a partir del 10 de junio logró desmontarse este viernes al cabo de tres diás de negociaciones entre la delegación mexicana y la estadounidense en Washington. Ambos gobiernos lograron un acuerdo de cuatro puntos con el que tratarán de regular el flujo de migrantes centroamericanos que atraviesan México para buscar asilo en EEUU y que ha generado en la frontera lo que el gobierno de Trump ha calificado de emergencia humanitaria y de seguridad. Sin embargo, el acuerdo amenaza con ser una nueva zancadilla a la política de asilo, quizás el último recurso legal vigente que asiste a toda persona que huye para salvar su vida y la de sus familias. “Se les puede otorgar estatus de refugiados o asilo a las personas que han sufrido persecución o que temen que se les persiga por razones de raza, religión, nacionalidad, y/o por pertenecer a un cierto grupo social u opinión política”, se lee en uno de los documentos de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) publicados en su página digital. La agencia federal agrega que “el estatus de refugiado es una forma de protección que puede otorgárseles a las personas que satisfacen la definición de refugiados y que constituyen una inquietud humanitaria especial para Estados Unidos”.
´  Y señala además que, “generalmente los refugiados son personas que están fuera de sus países que no pueden o no están dispuestos a volver allí porque temen daños personales graves”. Para el gobierno de Trump estas definiciones, que regularon en asilo durante casi 40 años y que fueron aprobadas por el Congreso, ya no tienen la misma validez que al principio. “El Muro está en construcción y avanzando rápidamente a pesar de todas las demandas radicales de los demócratas liberales. ¿Qué piensan ellos cuando nuestro país está invadido por tanta gente (ilegales) y cosas (Drogas) que no queremos? ¡Haz que América sea grande otra vez!”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter el 2 de junio Trump ha utilizado la crisis de la frontera para defender su política migratoria de ‘tolerancia cero’. Y este viernes se apuntó una nueva victoria. México cedió a las presiones de Washington y se comprometió a aceptar a “aquellos que crucen la frontera sur de Estados Unidos para solicitar asilo, quienes serán retornados sin demora a México, donde podrían esperar la resolución de sus solicitudes de asilo”. Pero la pregunta sigue siendo la misma que prevalecía antes de la guerra de los aranceles. ¿Quiénes son los migrantes que huyen de sus países y llegan a la frontera sur de Estados Unidos en busca de asilo? ¿Criminales? ¿Traficantes de drogas? ¿Delincuentes?

Te explicamos qué esconde la estrategia lanzada por el presidente de Estados Unidos a México y por qué.

Quiénes son los migrantes que buscan asilo, según Trump?

Un documento documento del 30 de mayo y publicado por la Casa Blanca en su página web, explica que los migrantes que buscan asilo son “miembros de pandillas, traficantes, traficantes de personas y drogas ilegales y narcóticos de todo tipo”, quienes “están llegando a la frontera sur y directamente a nuestras comunidades”.

¿Qué dicen abogados, activistas y políticos que defienden los derechos de los migrantes?

Aseguran que se trata de personas que huyen de sus países de origen a causa de la violencia del crimen organizado, del narcotráfico, la pobreza y la falta de oportunidades. Y buscan el Estados Unidos una oportunidad para trabajar y sacar adelante a sus familias.

 

¿Tienen derecho a pedir asilo?

Trump dice que Estados Unidos está siendo “invadido por cientos de miles de personas que vienen a través de México y entran ilegalmente”. Agrega que “esta afluencia sostenida de extranjeros ilegales tiene profundas consecuencias en cada aspecto de nuestra vida nacional: abruma nuestras escuelas, atesta nuestros hospitales, agota nuestro sistema de bienestar social y causa innumerables crímenes”. Lo que no dice Trump es que el 19 de noviembre del año pasado un juez de California dictaminó que el gobierno no puede negar el derecho a pedir asilo a los migrantes que ingresan al país fuera de un puerto de entrada, y que si lo hace “entra en conflicto irreconciliable con la ley de inmigración y la intención expresa del Congreso». Tampoco explica que las personas que ingresan al país, si bien lo hacen sin visa, una vez que cruzan a territorio estadounidense se entregan a las autoridades federales para pedir un beneficio legal disponible como es el asilo. Por tanto, no se trata de criminales, sino de personas que huyen y buscan protección por medio de un recurso legal disponible.

Y no señala la vigencia de un programa que permite a ciertas personas presentarse en un puerto de entrada, pedir asilo y esperar en territorio mexicano que su caso sea resuelto por un juez de inmigración.  Además, la USCIS reitera que el estatus de asilo “es una forma de protección disponible para las personas que:

• Satisfacen la definición de refugiado,
• Están ya en los Estados Unidos,
• Piden admisión en un puerto de entrada.

Todo esto desvirtúa el concepto de invasión.

 

¿Por qué el gobierno de Trump insiste en la existencia de “vacíos legales” que están siendo utilizados por los traficantes de personas en la frontera?

El 3 de abril el presidente dijo en su cuenta de Twitter llo siguiente: “¡El Congreso debe reunirse e inmediatamente eliminar los vacíos legales en la frontera! Si no hay acción, la Frontera o secciones grandes de la Frontera se cerrarán. ¡Esto es una emergencia nacional!” El argumento se mantiene. Ambas cámaras del legislativo -incluso en los dos primeros años del gobierno de Trump, cuando el Congreso estaba controlado por los republicanos- no han atendido la exigencia y argumentan que los vacíos legales mencionados por el mandatario corresponden a “protecciones” vigentes para garantizar los derechos de migrantes menores de edad y protegerlos del tráfico ilegal de personas.

¿Cuáles son los “vacíos legales” que incomodan al presidente?

• Acuerdo judicial Flores de 1997. Prohíbe al gobierno federal privar de libertad a menores de edad en prisiones federales. Pero el gobierno de Trump considera que la vigencia de este beneficio entorpece sus planes de deportar al mayor número de indocumentados en el menor tiempo posible.
• Ley TVPRAde 2008 sobre la prevención del tráfico humano. Prohíbe la deportación inmediata de menores indocumentados que no sean de países fronterizos (Canadá o México) y exige que sus futuros sean decididos por un juez de inmigración.
• Acuerdo Zadvydas de 1997.ICE no tiene derecho a mantener a un no ciudadano bajo custodia al que no ha podido deportar por más de seis meses a menos de que presenten claras señales de ser un riesgo para la seguridad nacional.

 

¿Peligra la política de asilo?

“Todo este discurso antiinmigrante mostrado por Trump tiene que ver con la destrucción del proceso de asilo, porque el gobierno no está proponiendo una nueva política que realmente solucione los problemas en Centroamérica que causan la huida de miles de personas en busca de asilo en Estados Unidos”, dice Bárbara Hines, abogada y exprofesora de la Clínica Legal de la Facultad de Leyes de la Universidad de Texas en Austin. “El problema de Centroamérica y la militarización de la frontera sur de México no arreglan el origen del problema. No está Trump pensando en una solución a largo plazo en materia de inmigración, y tampoco en solucionar los problemas políticos y sociales en los países centroamericanos”, agrega.

¿Por qué entonces insistir en un discurso antiinmigrante y no en dar soluciones reales?

“Trump vive de la retórica del día a día. No tiene un plan de mediano a largo plazo (en materia migratoria). Desde muchos aspectos, esa táctica le ha sido bastante beneficiosa especialmente en tiempos de campaña”, dice Roberto Izuieta, director de los programas de América Latina y Campañas Políticas de la Universidad George Washington.

“Ahora son tiempos un poco más difíciles, aunque le va bien con la economía. Su base se mantiene, pero pierde votantes indecisos”, agrega. A la pregunta respecto a cómo convencerá esta vez a su base si sabe que no habrá nada de inmigración en el Congreso, Izurieta respondió: “echándole la culpa a los demócratas” y manteniendo intacto el discurso antiinmigrante con el que lanzó su campaña a la presidencia en 2015, cuando tildó a los mexicanos de “asesinos, violadores y traficantes de drogas”.

 

Si Trump no puede legalmente impedir que un migrante pida asilo en la frontera, ¿cómo entonces controlará la crisis en la frontera?

Exigiéndole a México que frene las caravanas hacia el norte y, si no lo hace y tampoco detiene el tráfico de drogas, impondrá aranceles. Por ahora la amenaza fue suspendida indefinidamente, pero puede ser reactivada si Trump considera que México no hace lo suficiente para contener la oleada migratoria. Para ello, México aceptó que recibirá en su territorio a aquellos migrantes que pidan asilo en Estados Unidos, quienes serán retornados al otro lado de la frontera a esperar que sus peticiones sean resueltas por las cortes de inmigración.

 

¿A qué se comprometió Estados Unidos?

Estados Unidos se comprometió a acelerar la resolución de las solicitudes de asilo y proceder con los procedimientos de remoción lo más expedito posible. Pero el acuerdo alcanzado entre ambos países no menciona que las cortes de inmigración estadounidenses se encuentran atascadas con casi 900,000 casos y que algunos juicios pueden demorar entre dos a tres años, según advierten abogados consultados por Univision Noticias. Mientras tanto, los migrantes deberán aguardar en territorio mexicano.

 

¿Es legal el retorno a México de solicitantes de asilo en Estados Unidos para que esperen la resolución de sus casos?

En mayo la Corte de Apelaciones del 9º Circuito dictaminó que el gobierno de Trump puede seguir enviando a México a algunos solicitantes de asilo mientras se resuelven sus casos. Esta política, denominada ‘Permanecer en México’ (MPP), anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a finales del año pasado e implementada primero en San Ysidro y luego extendida al resto de los puertos de entrada en la frontera, tiene como objetivo disuadir a los migrantes que huyen de sus países a causa de la violencia y la pobreza y vienen a Estados Unidos en busca de asilo o refugio. El fallo, sin embargo, no es definitivo. La corte de Apelaciones del 9º Circuito aún debe examinar la totalidad de los méritos del caso, que podría terminar en la Corte Suprema. Y según la determinación del tribunal, el DHS logró probar que si esta política de retornos se bloqueaba, como había ordenado en abril un juez federal, se causaría un «daño irreparable» al «eliminar una de las pocas medidas autorizadas por el Congreso para procesar los aproximadamente 2,000 inmigrantes que a diario llegan a la frontera sur de Estados Unidos”.