Presentan legislación para licencias de conducción a indocumentados

Una legislación que crearía una licencia de identificación – Real ID – de conformidad con las disposiciones del gobierno federal, así como una licencia de conducir ‘estándar’ para ciertos residentes, incluyendo ancianos, inmigrantes indocumentados y otros que carecen de documentación, fue presentada tanto en el Senado como en la Asamblea. Patrocinada por el Senador Joe Vitale y la Asambleísta Annette Quijano, los proyectos de ley abordarán la obligación del estado de crear una licencia segura emitida por el gobierno de conformidad con la Ley federal de Real ID del 2005. “No podemos ignorar la realidad de que los inmigrantes indocumentados están ahora en las carreteras, van a trabajar, llevan a sus hijos a la escuela y llevan a cabo las actividades de rutina que tienen todas las familias”, dijo el Senador Vitale. “Si no tienen una licencia de conducir, no tienen seguro y están conduciendo un vehículo que no está registrado, lo que crea un peligro en la carretera. Si tienen un accidente con ellos, el daño puede no estar cubierto. Esto mejorará la seguridad vial, será bueno para la economía y permitirá a los residentes indocumentados mantenerse a sí mismos y a sus familias”. “Hoy se establece un punto crucial en el trabajo que hemos realizado en los últimos cinco años para hacer que las carreteras de Nueva Jersey sean más seguras”, dijo la Asambleísta Quijano. “Nueva Jersey se unirá a las filas de otros 12 estados para crear un proceso justo para todos los residentes de Nueva Jersey”. El proyecto de ley del Senado, S.3442, está patrocinado por el Senador Joe Cryan, la Presidenta del Senado Pro Tempore M. Teresa Ruiz, la Senadora Nilsa Cruz-Perez y la Senadora Nellie Pou. El proyecto de ley de la Asamblea, A.4743, está copatrocinado por el Asambleísta Raj Mukherji, el Asambleísta Gary Schaer, el Asambleísta Gordon Johnson, la Asambleísta Valerie Vainieri-Huttle y el Asambleísta Joe Danielsen. Ambas medidas fueron presentadas en sus respectivas cámaras el lunes. Una vez promulgada la ley, Nueva Jersey se uniría a otros 12 estados y al Distrito de Columbia para extender los privilegios de conducir a los inmigrantes indocumentados. La licencia estándar tendría un diseño o un color diferente para distinguirla de la licencia Real ID. Esta licencia no se puede utilizar para fines oficiales, como volar comercialmente, votar o ingresar a instalaciones federales como plantas nucleares. Ambos tipos de licencias requieren prueba de la edad, así como dos documentos Real ID también tienen que proporcionar su número de seguro social. Nueva Jersey recibió una extensión hasta el 10 de octubre de 2019 para cumplir con la ley federal de Real ID. Los solicitantes para cualquiera de las licencias tendrían que pasar el examen de manejar y obtener un seguro de automóvil si están conduciendo un vehículo. El proyecto de ley también propone ofrecer exámenes en inglés y en los próximos tres idiomas más populares del estado. El administrador jefe debe confirmar cada cinco años cuáles son esos tres idiomas. Según la medida, los solicitantes tendrían que pagar $18 por una tarjeta estándar (o $7 para solicitantes de 70 años o más) y $29 para una tarjeta de Real ID ($14 para solicitantes de 70 años o más). Las personas sin hogar serían elegibles para una exención de pagos si presentan un comprobante de residencia temporera a través de un trabajador social o del coordinador de un refugio de emergencia.

Según la ley, todos los titulares de licencias tendrían que obtener un seguro de automóvil. El proyecto de ley propone prohibir a las compañías de seguros aumentar las tarifas para los automovilistas únicamente sobre la base de obtener una licencia estándar, en lugar de una licencia Real ID. Según la legislación, cualquier persona que divulgue a sabiendas cualquier documento o información personal que sea falsa estaría sujeta a un delito en cuarto grado, que incluiría una multa de hasta $ 500 o penas de cárcel, y una prohibición de 180 días de obtener una licencia. El proyecto de ley crearía una junta asesora de 11 personas, designada por el Gobernador y los líderes de la mayoría del estado, para revisar la implementación de la ley que terminaría después de un año.

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