En declaraciones a la cadena Fox de Noticias, el mandatario insiste en que no apoya ningún otro proyecto de ley que o incluya la totalidad de su lista de principios migratorios enviada al Congreso en enero. El presidente Donald Trump advirtió el jueves a los republicanos del Congreso que sólo firmará una ley de reforma migratoria si ésta incluye “todas sus prioridades”, entre ellas la construcción del muro en la frontera con México y eliminar leyes y acuerdos judiciales que impiden la deportación inmediata de miles de inmigrantes. Durante una entrevista al canal Fox News, el mandatario rechazó un plan que llevan a cabo una veintena de republicanos moderados, quienes pretender forzar un voto en la Cámara de Representantes para legalizar a miles de dreamers protegidos de la deportación por la Acción Diferida de 2013 (DACA). “A menos que incluya un muro, quiero decir un muro, un muro real, y a menos que incluya una seguridad fronteriza muy fuerte, no habrá aprobación de mi parte”, puntualizó.

Trump también dijo que cualquier legislación sobre el tema migratorio debe poner fin a un programa de lotería de visas y restringir las visas para familiares de inmigrantes legales, exigencias que ya presentó al Congreso en enero, durante el debate del presupuesto para lo que restaba del año fiscal 2018.

La rebelión republicana

El 9 de mayo un grupo de congresistas republicanos anunció que estaba empleando una herramienta legislativa conocida como petición de descargo para presionar al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan (Wisconsin) con el fin de que lleve al pleno un proyecto de ley que le dé una solución legal permanente a los miles de dreamers protegidos por DACA. El grupo, integrado lor los congresistas Carlos Curbelo (Florida), Jeff Denham (California) y Will Hurd (Texas), han dicho que la solicitud “obligaría a una votación de la Cámara de Representantes” del proyecto de ley bipartidista H.R. 744 presentado en marzo. También permitiría, durante el debate, discutir enmiendas que incluyen soluciones ya ventiladas en el pleno, entre ellos un proyecto de los congresistas Bob Goodlatte (Virginia) y Raul Labrador, y otro de las representantes Lucille Roybal-Allard (California) e Ileana Ros -Lehtinen (Florida). El plan Goodlatte-Labrador, que no cuenta con respaldo demócrata y es rechazado por una gran parte de los republicanos de ambas cámaras, es el único que incluye la totalidad de las exigencias de Trump.

Lo que quiere Trump

A comienzos de abril Univision Noticias reportó que la Casa Blanca estaba redactando un plan migratorio para ser enviado al Congreso, pero se trata de un proyecto menos generoso que el ventilado a finales de enero, cuando Trump ofreció la ciudadanía a unos 1.8 millones de dreamers a cambio de $25,000 millones para la seguridad fronteriza.

Trump incluyó en su lista de prioridades la construcción del muro a todo lo largo de la frontera con México, aumentar las redadas y acelerar las deportaciones, tres de sus principales promesas migratorias hechas a sus electores durante la campara. A la fecha la Casa Blanca no ha mostrado ningún borrador de la reforma que pretende enviar al Congreso. El plan está siendo elaborado por el grupo asesor del presidente en asuntos migratorios, liderado por Stephen Miller, un conocido por sus posturas contra la inmigración y uno de los ideólogos del veto migratorio a países de mayoría musulmana.

A golpe de memos y decretos

Desde que llegó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2017, Trump ha ido cambiando la ley de inmigración a golpe de memorandos y acciones ejecutivas porque no cuenta con el respaldo del Congreso para aprobar su reforma migratoria. Entre los decretos, resalta uno sobre la construcción del muro y otro sobe las jurisdicciones (ciudades) santuario, medidas en las que estableció que la inmigración indocumentada constituye una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos. También estableció nuevas prioridades de deportación, colocando a los 11 millones de indocumentados bajo la lupa de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). También eliminó los TPS de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Haití, estableciendo entre 12 y 18 meses para la salida de más de 300,000 indocumentados, la mayoría de ellos con más de 20 años viviendo en Estados Unidos. Simultáneamente, la Casa Blanca publicó el 13 de abril en el Registro Federal el memorando que puso fin a la política del ‘Catch and Release’ y el martes el director interino de ICE, Thomas Homan, solicitó al Congreso ampliar el presupuesto de la agencia para el 2019 a efecto de aumentar la capacidad de detención, aumentar las redadas, acelerar las deportaciones y priorizar la detención y expulsión de familias con orden final de deportación.

La política migratoria de Trump

La posibilidad de una reforma migratoria integral ha quedado suspendida con la victoria de Trump. El presidente Donald Trump presentó un nuevo plan de reforma migratoria que se centra en la reducción de la entrada legal de extranjeros y en la introducción de un sistema de puntos, como el de Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que promueva la inmigración de profesionales calificados. En la propuesta, el mandatario prevé disminuir a la mitad la entrega de Green Cards o residencias permanentes (estimada por el Departamento de Seguridad en 1 millón por año), exigir a los inmigrantes hablar inglés, reducir las cuotas de visas por refugio, modificar el programa de reagrupación familiar y eliminar la Lotería de Visas, entre otros aspectos. El proyecto de ley migratoria lleva por nombre “Reforming American Immigration for a Strong Economy” o “the RAISE Act, (Ley de Reforma de la Inmigración Estadounidense para un Empleo Fuerte), y según palabras del presidente busca “poner primero a los trabajadores estadunidenses”. Bajo ese principio el nuevo plan migratorio de Trump se propone dos objetivos muy concretos: reducir la inmigración legal hasta un 50% en el próximo decenio y promover la entrada de inmigrantes más educados y mejor preparados para obtener empleos bien remunerados en Estados Unidos. Para ello, se dará prioridad a las habilidades y el conocimiento del inglés frente al parentesco (reagrupación familiar) como criterio de acogida de nuevos extranjeros.

El plan migratorio de Trump en cinco puntos
El presidente Donald Trump estima que la “RAISE Act” será “la reforma más significativa en el sistema de inmigración de Estados Unidos en medio siglo”. Para entender su alcance, explicamos los puntos más importantes de la reforma migratoria de Trump en cinco puntos claves:

1. Promoción de la entrada de inmigrantes calificados
   El nuevo sistema recompensará la educación, la experiencia laboral, el dominio del idioma inglés, la iniciativa empresarial y las ofertas de trabajo bien remunerado con las que cuente el candidato. La idea es reducir drásticamente la entrada al país de extranjeros con poca educación para promover la inmigración de profesionales calificados que puedan sumarse a la economía productiva de Estados Unidos.
2. Introducción de un sistema de puntos
   Tal como lo anunció el presidente Trump en su primer mensaje al Congreso, a principios de 2017, Estados Unidos busca emular los sistemas de inmigración de naciones como Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Más en: Trump quiere un sistema migratorio como el de Canadá. En tal sentido, aunque no se han ofrecido detalles del funcionamiento del nuevo sistema de inmigración de Estados Unidos, se sabe que se impulsará la puesta en marcha de un sistema de puntos, eje central de la política de inmigración selectiva o calificada. Bajo esta modalidad, los aspirantes a inmigrar a Estados Unidos deberán demostrar habilidades específicas (hablar inglés, tener un título universitario, poseer experiencia de trabajo en un área económica de interés) que les serán recompensadas con puntos, que harán que su perfil sea más atractivo, y en consecuencia tendrán más posibilidades de ser aceptados como residentes permanentes.
3. Eliminación de la Lotería de Visas
   De aprobarse el nuevo plan migratorio de Donald Trump quedaría eliminado el programa oficial denominado “Visa de Inmigración Diversa”, mejor conocido como la Lotería de Visas de Estados Unidos, por considerarlo “anticuado y al servicio de cuestionables intereses económicos y humanitarios”. A través de la Lotería de Visas se rifan anualmente 50 mil Green Cards a ciudadanos de países que presentan bajas cuotas de inmigración en Estados Unidos. Los ciudadanos de varios países latinoamericanos pueden participar, entre ellos, Argentina, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Venezuela, entre otros. Más sobre la Lotería de Visas aquí>>
4. Modificación del programa de reagrupación familiar
   En el nuevo sistema se reducirá el número de Green Cards (residencia permanente) que se concede a extranjeros bajo el programa de reagrupación familiar. La petición de familiares se limitaría a cónyuges e hijos menores de edad, pero dejaría afuera a padres y hermanos. Sin embargo, se señala que los padres ancianos de ciudadanos estadounidenses que necesitan ser cuidados podrán recibir visas temporales renovables.
5. Reducción de las cuotas de refugiados y revisión de la política de asilo
   Se reducirá el número de personas con estatus de refugiado a 50 mil. Actualmente, el límite máximo de recepción de refugiados es de 100 mil. Asimismo, se pide la revisión del plan de asilo, para fijar las cuotas de acuerdo con los intereses del nuevo plan.
   América primero Tan pronto como se juramentó como presidente de Estados Unidos -el 20 de enero de 2017- Donald Trump se puso manos a la obra para luchar contra la inmigración ilegal, la cual había sido centro de sus promesas electorales. Sin embargo, ahora la cuestión migratoria aborda un aspecto más profundo del tema. Se plantea como una reforma integral que busca promover la entrada selectiva de extranjeros, tal como lo hacen otras naciones como Australia y Canadá. “La RAISE Act dará prioridad a la entrada de inmigrantes calificados, mientras salvaguardamos los empleos de los trabajadores estadounidenses”, declaró el presidente Trump. En los considerandos de la propuesta de ley se puede leer la siguiente argumentación: “Más del 50 por ciento de todos los hogares de inmigrantes reciben beneficios sociales, en comparación con sólo el 30 por ciento de los hogares de estadounidenses. Los inmigrantes con una educación universitaria son, en promedio, menos propensos a ser beneficiarios de la asistencia social que quienes carecen del mismo grado de instrucción. Desde 1979, los estadounidenses con un diploma de escuela secundaria o menos, han visto una caída real del salario por hora, y los trabajadores estadounidenses sin el diploma de preparatoria han visto sus salarios reales caer en 17 por ciento”. “La ley da prioridad a los solicitantes que hablen inglés, puedan mantenerse financieramente a ellos mismos y a sus familias, y contribuyan con sus habilidades a nuestra economía”, aseguró el presidente Trump. El proyecto de ley, introducido por el propio presidente el 2 de agosto de 2017 durante un acto en la Casa Blanca, fue elaborado por los senadores republicanos David Perdue, de Georgia, y Tom Cotton, de Arkansas, quienes acompañaron a Trump en la presentación.

Las órdenes ejecutivas de Donald Trump
La política de “mano dura” contra la inmigración ilegal, pilar fundamental de las promesas electorales de Trump, se ha concretado por medio de órdenes ejecutivas que, en efecto, declaran la guerra a los extranjeros sin papeles.

Las principales órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump en materia de inmigración se describen a continuación:

25 de enero de 2017
– Se ordena la construcción del muro en la frontera con México y el reforzamiento de la seguridad fronteriza.

– Se decreta el retiro de fondos federales a las “ciudades santuarios”, si estas persisten en su negativa de recaudar información sobre el estatus migratorio de cualquier persona y proporcionar los datos a las autoridades federales.

Los alcaldes de las “ciudades santuario” reaccionaron asegurando que no cambiarán sus políticas y que no piensan ceder ante las presiones del gobierno federal.

27 de enero de 2017
–  Se dictamina un veto migratorio que impide por noventa días la entrada en el país de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana: Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen.

– Se ordenó la paralización de la entrada de refugiados de cualquier nacionalidad.

Este decreto fue suspendido el 3 de febrero de 2017 por orden de un juez federal, que lo declaró inconstitucional. La suspensión fue ratificada, el 9 de febrero, por un tribunal federal de apelaciones, ante el cual había acudido el presidente Trump con un recurso legal para hacer validar su decisión ejecutiva.

6 de marzo de 2017
– Se ordena un nuevo veto migratorio que anula el del 27 de enero. Se impide por noventa días la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana: Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irán y Yemen. Irak queda fuera de la prohibición y se aclara que puede entrar al país todo portador de una visa válida o de una Green Card.

– Además, se suspende el programa de refigiados por ciento veinte días.

Organizaciones civiles pro derechos de los inmigrantes reaccionaron diciendo que se trata de una modificación banal del veto del 27 de enero, pero que en el fondo se preserva el verdadero espíritu discriminatorio de la medida.

– El 26 de junio de 2017, la Corte Suprema de Estado Unidos permitió que este decreto migratorio entre en vigor parcialmente, tras haber sido trabado por dos juzgados federales. El máximo tribunal estadounidense protegió una categoría de extranjeros: aquellos “con un reclamo creíble de una relación de buena fe con una persona o entidad en Estados Unidos”. Esto permite al gobierno prohibir el ingreso a migrantes sin vínculos probados con Estados Unidos. Por el contrario, quienes posean “estrechos lazos familiares” en Estados Unidos, o cuenten con una visa de estudio porque hayan sido aceptados por una universidad estadounidense, no podrán ser afectados por la orden migratoria.

18 de abril de 2017
– Trump decreta la revisión de las condiciones de otorgamiento de visas a extranjeros calificados (visas H-1B), para garantizar que se concedan a los extranjeros “más calificados y mejor pagados”. Con la medida busca proteger a los trabajadores estadounidenses. La orden ejecutiva la firmó en una fábrica en el estado de Wisconsin, donde dio un discurso llamando a “Comprar estadounidense y contratar a estadounidenses”.

5 de septiembre de 2017
El presidente Trump anuncia el fin del programa conocido como DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), que había sido decretado por Barack Obama en 2012 y que había protegido de la deportación a casi 800 mil jóvenes sin papeles, conocidos como “dreamers” o “soñadores”, quienes llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad. La suspensión se hará efectiva el 5 de maro de 2018, esperando que antes de esa fecha el Congreso encuentre una alternativa al estatus migratorio de ese colectivo, conformado en su mayoría por jóvenes de origen mexicano.

24 de septiembre de 2017
El presidente Trump emite una orden ejecutiva para restringir la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de: Corea del Norte, Chad, Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia y Venezuela.

En el caso de Venezuela, la medida recaerá directamente sobre funcionarios del régimen venezolano y sus familiares. Específicamente, se se suspende la entrada a Estados Unidos de funcionarios (y sus familiares) de los siguientes organismos: Ministerio del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz; el Servicio Administrativo de Identificación, Migración e Inmigración; el Cuerpo de Servicios Científicos, Penales y de Investigación Criminal; el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional; y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. En efecto desde el 18 de octubre de 2017, la orden carece de plazo. Además, los nacionales de Venezuela que sean titulares de visados deben ser sujetos de medidas adicionales apropiadas para asegurar que la información del viajero permanece vigente.