Dos años y medio y 37 condenas después, Trump respira por trama rusa

  • Conclusión de fiscal Robert Mueller no exonera al Presidente por posible obstrucción de la justicia.

 

Dos años y medio después de una más que extensa investigación, el Fiscal Especial Robert Mueller habría concluido que ni el presidente Donald Trump ni ninguno de sus asociados conspiraron con Rusia para influir en el resultado de las elecciones presidenciales del 2016.

Eso, al menos, es lo que dice un resumen de esta investigación que entregó este domingo al Congreso estadounidense el fiscal general William Barr.

El documento de Barr también sostiene que Mueller no recomendó nuevas acusaciones criminales, lo que indica que ni su hijo Donald Trump Jr. ni su yerno Jared Kushner están en la mira de las autoridades.

“La investigación del Fiscal Especial no encontró que Trump o alguien de su campaña conspiró o coordinó con Rusia en un esfuerzo por interferir en las elecciones”, dice en el resumen de Barr, que fue nombrado hace poco por el presidente en este cargo y que, por lo tanto, no cuenta con la entera confianza de los demócratas.

El resumen, sin embargo, “no exonera” a Trump frente a las acusaciones de una posible obstrucción a la justicia tratando de impedir dicha pesquisa.

Mueller entregó su investigación el viernes y desde entonces las voces de este partido han pedido que se divulgue al público la totalidad de su contenido para poder sacar sus propias conclusiones.

Si bien Barr ha dicho que revelará partes adicionales al resumen de las cuatro paginas que le pasó al legislativo, no se ha comprometido con la publicación de la totalidad del documento.

En cualquier caso, la conclusión que saca en su resumen es, de entrada, una victoria enorme para Trump, pues corrobora su tesis de que la investigación fue una cacería de brujas orquestada por sus rivales. “Es una vergüenza que nuestro país haya sido sometido a esto”, dijo el presidente al conocer las conclusiones.

Frente al tema de la obstrucción, el veredicto es mucho más complejo e indica que el presidente estuvo muy cerca de cometer un delito o lo cometió, pero no se pudo demostrar más allá de toda duda razonable. “El Fiscal General no concluyó si la conducta examinada constituyó una obstrucción, pero tampoco lo exonera”, sostiene Barr en el resumen.

Según Barr, el fiscal especial Mueller dejó a discreción del Departamento de Justicia determinar si lo revelado constituía una conducta semejante. “La evidencia recopilada durante la investigación no es suficiente para establecer que el presidente cometió una ofensa de obstrucción a la justicia”, dice Barr en el resumen.

Pero dado que el Fiscal General es hombre de Trump y fue confirmado en el Senado gracias a la mayoría republicana, es probable que esta disputa no termine aquí. Los demócratas, de hecho, ya anunciaron que están dispuestos a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia para lograr la publicación completa del reporte y así poder valorar por su cuenta la evidencia.

De hecho, el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler, ya había concluido con antelación que la evidencia pública indicaba que Trump había interferido con la investigación, pero estaba pendiente determinar si la falta ameritaba un juicio de destitución.

Que Mueller dé su versión

Este domingo el mismo Nadler expresó “serias preocupaciones” por la conclusión a la que llegó Barr de exonerar a Trump del cargo de obstrucción, a pesar de que el Fiscal General no quiso hacerlo.

“Ante las muy preocupantes discrepancias que existen frente a la decisión del departamento de Justicia de exonerar a Trump cuando Mueller no lo hizo, hemos decidido pedir la comparecencia del fiscal Barr para que testifique ante el Comité”, afirmó Nadler.

La investigación del Fiscal Especial no encontró que Trump o alguien de su campaña conspiró o coordinó con Rusia en un esfuerzo por interferir en las elecciones.

Los demócratas también han sugerido citar a Mueller para que dé su versión.
Este embrollo comenzó en mayo del 2017, cuando Trump le cortó la cabeza al director de FBI, James Comey, cuando este investigaba posibles nexos de su campaña con Rusia.

Una investigación que ya venía adelantándose desde el 2016 y que le permitió concluir a la comunidad de inteligencia de EE. UU. que Rusia había interferido en las elecciones para favorecer a Trump, pero faltaba determinar si la campaña había colaborado activamente.

Trump mismo confesó, en una entrevista, que había optado por despedir a Comey y que le incomodaba la investigación que adelantaba.

De esto parten las primeras acusaciones de obstrucción. En todo caso, esa decisión de Trump fue la que provocó el nombramiento de un fiscal especial para una investigación independiente que fue ordenada por el vicefiscal Rod Rosenstein.

El fiscal general del momento, Jeff Sessions, tuvo que marginarse, pues él mismo estaba siendo cuestionado por sus vínculos con Moscú.

A lo largo de estos dos años y medio, la investigación terminó produciendo 37 condenas, entre ellas seis personas de la campaña de Trump, y dejó en claro la interferencia de los rusos en los comicios. Algo que el presidente negó en muchas oportunidades, pues elevaba un manto de dudas sobre su victoria sobre Hillary Clinton.

El reporte de Mueller, o el resumen que hizo Barr del mismo, está lejos de ser la última palabra. El simple hecho de que Mueller no recomendara más acusaciones y se abstuviera de hacerlo en el caso de la obstrucción le dará munición a Trump y a sus aliados para insistir en que tras todo esto hubo una persecución política de los demócratas que se negaron a aceptar las derrota de Clinton.

Pero que el mismo Barr en su resumen diga que Mueller “no exoneró a Trump” abre una ventana para el ataque de sus rivales que no se cerrará, incluso, si el reporte completo es revelado, pues termina siendo un tema de investigación. 

La trama rusa, además, no desaparecerá por varios meses, pues la Cámara, de mayoría demócrata, ha iniciado su propia investigación y pretende adelantar otras que han surgido del trabajo de Mueller. Como, por ejemplo, la posible violación a las normas electorales por los pagos que, supuestamente, hizo el presidente para comprar el silencio de dos examantes.

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