Firmar la salida voluntaria es el último recurso

En marzo el gobierno de Donald Trump deportó a 18,660 inmigrantes indocumentados frente a los 20,148 expulsados por Obama en el 2016, una diferencia de 7.3% menos. Getty Images  Con la llegada de presidente Donald Trump a la Casa Blanca cambiaron y se extendieron las prioridades de deportación. ¿Puede ser deportado un inmigrante si fue arrestado hace cinco o siete años por un DUI? ¿Cuándo conviene firmar una salida voluntaria? ¿Qué sucederá con las discreciones procesales? ¿Puede pedir mi residencia un hermano ciudadano?

Salida voluntaria, arma de dos filos

El usuario identificado con el nombre de Luna cuenta que vino de México hace tres años con más gente, los arrestaron en la frontera y luego los liberaron con la condición de presentarse ante un juez de inmigración. “Pero mi abogada dice que firmemos una orden de salida voluntaria. ¿Está bien que la firmemos? ¿Si lo hacemos podemos ir a México y regresar a Estados Unidos?”, pregunta. El abogado de inmigración Jaime Barrón, quien ejerce en Dallas, Texas, recomienda no firmar la salida voluntaria sin antes haber agotado todos los medios legales posibles para quedarse en Estados Unidos. “No es fácil en algunos casos, pero hay que intentarlo. Puede que todavía exista una vía para permanecer, hay que estudiar el caso para tomar una decisión”, agrega. Barrón explica además que, “en algunos casos la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) acepta revertir la salida voluntaria, pero solo en ciertos casos cuando se detecta un error o cuando el gobierno descubre que la persona tenía, por ejemplo, un camino o una vía para alcanzar la residencia legal permanente (green card)”. “Pero no hay nada garantizado. Y en ciertos casos, la salida voluntaria puede, por razones estratégicas, resultar conveniente para después regresar, porque la persona tendrá que gestionar menos perdones para luego conseguir una visa”, detalla Barrón. Abogados consultados por Noticias también señalan que antes de optar por la salida voluntaria, el inmigrante debe averiguar si, una vez ponga un pie fuera de Estados Unidos, será admisible legalmente en el futuro.

No vaya solo a la corte

La usuaria identificada con el nombre de Esther dice que su esposo fue detenido por manejar sin licencia, lo arrestó el Servicio de Inmigración y salió libre con una fianza de $7,500 dólares. “¿Debe presentarse a la corte con un abogado”, pregunta.

Barrón dice que “siempre es recomendable que no acudan solos a la corte”, sobre todo en estos tiempos desde que el presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca. “No deben olvidar que ICE llevará a sus abogados y la fiscalía usará a los suyos. El inmigrante en proceso de deportación deberá enfrentarse a muchos abogados quienes lucharán para expulsarlo, por lo que debe preparar una defensa”, agrega.

Ahora todos son deportables

El usuario identificado con el nombre de Juan23 cuenta que en el 2016 le dieron «un perdón administrativo» y no le deportaron. «Con las nuevas medidas del presidente Trump, ¿me van a deportar?”, pregunta. El abogado Alex Gálvez, quien ejerce en Los Angeles, California, explica que Juan23 “no recibió un perdón sino un amparo, una discreción procesal fiscal”, y que esta figura fue cancelada por el presidente Trump en las órdenes ejecutivas del pasado 25 de enero. “En el 2016 el caso de este inmigrante fue puesto en pausa porque no era una prioridad de deportación durante el gobierno del presidente Barack Obama”, comenta. “Pero a partir del 25 de enero todo el mundo es una prioridad de deportación. Esas son las nuevas reglas”. Gálvez explica que bajo Trump “nadie está garantizado. Todo el mundo es deportable. Es un desafío y una tristeza muy grande lo que estamos viendo lamentablemente”. “En este caso lo recomendable es consultar con un abogado de confianza para ver el expediente”, añade.

Una cosa es pedir, otra es calificar

La usuaria identificada con el nombre de Palma relata que lleva 18 años en Estados Unidos y que su esposo tiene un hermano ciudadano estadounidense. “¿Es posible que él nos pida a los dos para ajustar nuestro estado migratorio?”, pregunta. Gálvez aclara que “el hermano puede pedir y el gobierno confirmará que existe una relación, pero eso no significa que el inmigrante al final del proceso se va a convertir o va a recibir la residencia legal permanente”. “A veces someten peticiones iniciales familiares, y lo único que hace esto es que el gobierno les enviará una carta donde le dice que sí, son hermanos, pero eso no significa que vayan a ser residentes. Primero hay que averiguar si son elegibles para la ‘greencard’. Y esta es una pregunta que nadie hace cuando comienzan el proceso”, explica Gálvez. “Cuando haga este trámite, pregúntele al abogado si al final del camino va a recibir la residencia y cuánto tiempo le va a tardar. Porque pueden ser 20 o 25 años, dependiendo del grado de parentesco y la nacionalidad del inmigrante. Y hay que ver si para cuando llegue el tiempo todavía serán elegibles para ser ciudadanos”, añade. “Como en todos los casos, y sobre todo ahora, son preguntas que sólo puede responder un abogado después de revisar detenidamente el caso. Y también deben tener en cuenta si están dentro o fuera de Estados Unidos, porque la mayoría de los indocumentados, aunque les llegue un cupo de visa, no pueden salir del país para el trámite consular, porque les cae encima la Ley de los 10 años o Ley del Castigo”, señala.

Cargos por DUI son graves

Iris cuenta que sometió una petición I-130 para su esposo y la aprobaron. “Pero después le negaron el Waiver porque mi marido en el 2007 y en el 2007 lo detuvieron por DUI. El fue a las clases, ha ido a la Iglesia y no ha vuelto a meterse en problemas. ¿Le pueden dar el perdón para hacer el trámite de su residencia?”, pregunta. Abogados consultados por Noticias advierten que conducir con tragos o borracho, en algunos casos, no solo afecta el futuro de los indocumentados, sino también impacta negativamente en los residentes legales permanentes cuando piden la ciudadanía estadounidense. Se trata de una falta de carácter grave. Bajo el gobierno de Obama era la tercera causa de deportación. Hoy en día sigue siendo un delito que lo pone en alto riesgo de perder sus derechos de permanencia en Estados Unidos.