Gobierno de Biden se alista para restablecer en noviembre el programa ‘Quédate en México’, creado por Trump

El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado difundido este jueves que está tomando las medidas necesarias para cumplir con la orden judicial «que nos obliga a reimplantar el MPP de buena fe». Todo depende de si México acepta recibir en su territorio a solicitantes de asilo. Después de haber perdido en agosto una batalla legal, la Administración de Joe Biden se dispone a reimplantar a mediados de noviembre la política fronteriza de la era Trump conocida como Protocolos de Protección al Migrante (MPP), si el gobierno mexicano acepta que regresen a su territorio los solicitantes de asilo en EEUU, según una presentación judicial a última hora del jueves. El presidente Biden había puesto fin a esta política del gobierno anterior, conocida también como «Quédate en México», alegando que era inhumana debido a la violencia que enfrentaban los migrantes que esperaban en México para sus audiencias judiciales. En abril, Texas y Missouri demandaron al gobierno de Biden por la suspensión del programa, y en agosto un tribunal de distrito en Texas ordenó que se restableciera el controvertido programa, culpando a la Casa Blanca de terminar la política de forma indebida. La Corte Suprema avaló la decisión del tribunal obligando a los funcionarios de Biden a reinstaurar la política. En un comunicado a última hora del jueves, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que está «tomando las medidas necesarias para cumplir de buena fe con la orden judicial que nos obliga a reimplantar el MPP». En el tiempo que estuvo vigente, entre finales de enero de 2019 y principios de marzo de 2021, el MPP regresó a México a más de 68,000 solicitantes de asilo que se entregaron en la frontera de Estados Unidos tras huir de sus países debido principalmente a la pobreza, violencia y el cambio climático.

Para restablecer el MPP debe haber consentimiento de México

El programa, sin embargo, no podrá reanudarse sin el consentimiento de México, como reconoció el tribunal en su fallo «México es una nación soberana que debe tomar una decisión independiente para aceptar el retorno de individuos sin estatus en México como parte de cualquier reimplementación del MPP», dijo el comunicado del DHS, también difundido por Twitter.  «Las discusiones con el Gobierno de México sobre cuándo y cómo se reimplementará el MPP están en curso», añadió el DHS. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere que los casos concluyan en general en un plazo de seis meses y que se garantice que los solicitantes de asilo tengan información oportuna y precisa sobre las fechas y horarios de las audiencias y un mejor acceso a la asesoría legal, así como exenciones para los migrantes vulnerables. Un alto funcionario mexicano declaró a Reuters que aunque se han mantenido conversaciones a través de un grupo de trabajo desde el fallo de la Corte Suprema de agosto, «no hay ninguna decisión en este momento», relativa a la restitución de MPP.

Preocupación por la seguridad de los migrantes

Este protocolo fue concebido por los funcionarios de Trump, en el marco de la llamada política de ‘tolerancia cero’, como una forma de evitar que quienes cruzan la frontera sean liberados en Estados Unidos y eviten la deportación en caso de perder sus casos de asilo. Los cruces fronterizos, en efecto, se redujeron de manera importante en los meses siguientes de comenzado el programa, pero defensores de los inmigrantes denunciaron la política, documentando cientos de violaciones, secuestros y otros abusos sufridos por los migrantes abandonados en las peligrosas ciudades fronterizas mexicanas. Biden suspendió el programa, aunque en su lugar dejó en vigor el llamado Título 42, una política implementada por Trump a principios de la pandemia de covid-19 que permite que la mayoría de los migrantes atrapados al cruzar la frontera sean expulsados rápidamente por razones de salud pública, sin ningún tipo de examen de asilo. México también ha expresado su preocupación por esta política, según informó el jueves la Secretaría de Relaciones Exteriores, advirtiendo que incentiva la repetición de cruces y pone en riesgo a los migrantes. Los cruces ilegales de la frontera se han disparado bajo el mandato de Biden, con un número récord de niños no acompañados y, en septiembre, la llegada de unos 15,000 migrantes, en su mayoría haitianos, a un campamento en Del Río, Texas.

La demanda de un inmigrante que asegura que estuvo un año aislado en un centro de ICE

Carlos Murillo Vega eligió estar en “custodia protectora” al ingresar a una cárcel para migrantes sin saber que permanecería segregado por tanto tiempo en una celda pequeña, de acuerdo con una querella presentada en una corte federal de California.

Pasaba 23 horas al día encerrado en una celda tan pequeña que casi abarcaba lo largo al estirar sus brazos. La mayor parte de ese tiempo la pasaba acostado en la cama, leyendo los mismos libros una y otra vez. Dormía poco. Al salir al patio, en la única hora que se lo permitían, seguía solo porque era la única persona bajo ese régimen en un centro de detención para inmigrantes en California.

Esa fue la “tortura” a la cual fue sometido Carlos Murillo Vega durante los casi 14 meses que pasó en el centro regional de detención Imperial en la ciudad fronteriza de Calexico, describe una demanda que este jueves fue sometida en una corte del Distrito Sur de California del Departamento de Justicia (DOJ). Murillo nació en México pero se crió en California y dice que es ciudadano estadounidense aunque afirma que carece de la documentación necesaria para demostrarlo, según indica un reporte de Los Angeles Times que reseña su caso. Se trata de la primera acción legal interpuesta por daños y prejuicios tras la aprobación de la ley AB 3228, que desde el pasado primero de enero permite demandar a cárceles privadas por no cumplir con los estándares de atención destinados a garantizar la salud y la seguridad de los reos. El centro regional Imperial recibe a personas que están bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y es administrado por la compañía Management and Training Corporation (MTC), con sede en Utah. Ambas entidades son mencionadas en la demanda.

Murillo Vega permaneció en esa instalación carcelaria desde el 13 de diciembre de 2019 y hasta su liberación en febrero pasado. Casi todo ese tiempo estuvo en confinamiento total, en una celda aislada del resto de los detenidos, a pesar de que no cometió ninguna falta, reclama la querella. Todo se debió a una información equivocada que le dieron al llegar a esa cárcel. Le dijeron que tenía dos opciones: estar con la población general o en “custodia protectora”, la cual le sugirieron tomar. “El empleado de MTC le dijo al señor Murillo que la población en general era peligrosa y que estaría más seguro bajo custodia protectora”, afirma la demanda. “Lo que siguió fue una pesadilla kafkiana de aislamiento, abuso e insensible desprecio por la salud física y mental del señor Murillo… Los detenidos en segregación administrativa pasan 23 horas al día solos en una celda. Su acceso al patio, la biblioteca, otros detenidos e incluso las duchas es muy limitado o inexistente. El señor Murillo no fue informado de estas condiciones restrictivas antes de que accediera a la ‘custodia protectora’”, describe la acción legal, asegurando que él desarrolló “dolor de espalda” por la falta de movilidad durante tanto tiempo. El infierno acabó hasta que ICE liberó a este inmigrante, quien vive en California, en febrero pasado. Pasó casi 14 meses desde que lo pusieron en aquella celda. Con todo eso, subraya la demanda, la empresa MTC “violó repetidamente los estándares mínimos de atención a los que estaba obligada”, al poner a Murillo Vega en confinamiento solitario “sin una evaluación individualizada, negarse a brindarle acceso a programas y servicios, y no realizar revisiones a este hombre.  “Esta no es solo mi historia, es la historia de miles de personas que han sufrido y continúan sufriendo en la detención migratoria. Hoy hablo porque quiero asegurarme de que lo que viví no le pase a nadie más. Y si lo hacen, quiero asegurarme de que los que causan el sufrimiento sean responsables de ello”, dijo Murillo Vega en un comunicado. “Hay muchas personas detenidas que no hablan inglés y se aprovechan constantemente de ellas debido a esto. Lo vi con mis propios ojos. Si mis derechos fueran violados, incluso hablando inglés, imagínense lo que les pasa a quienes no hablan inglés: coacción, represalias, acoso y más. No debería ser necesario que el encarcelamiento nos haga daño para que nos preocupemos”, agregó. ICE, que por norma no comenta sobre demandas, no respondió a una solicitud enviada por este medio. Por su parte, Issa Arnita, portavoz de MTC, respondió en un breve mensaje: “Desafortunadamente, no podemos comentar ya que esto está en litigio”. Fundada en 1981, MTC es la tercera empresa penitenciaria con fines de lucro más grande de Estados Unidos. También opera en Puerto Rico, Egipto y Reino Unido. Tiene casi 9,000 empleados. Reporta ingresos anuales de más de 2,000 millones de dólares, de acuerdo con la demanda. En su página de internet indica que además del centro de detención en Calexico, con capacidad para 782 inmigrantes, opera uno en Nuevo México que puede albergar 1,089 personas y tres más en Texas, con un cupo conjunto para poco más de 3,000 detenidos. Sus contratos con ICE se remontan a 2006 “La experiencia de la MTC en la detención de inmigrantes (brindando acceso a servicios y programación, un entorno limpio, seguro y protegido, y una cultura del personal que promueve el respeto y la empatía) marca la diferencia en la experiencia del detenido y, a cambio, mejora la operación y la cultura en general de la instalación”, dice el portal de la compañía.

“Monetizar el cautiverio humano”

Pero dos inspecciones recientes, una federal y otra estatal, han criticado en particular las condiciones a las que son sometidos los inmigrantes bajo confinamiento solitario en el centro regional Imperial. En febrero de 2020, la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportó que esa Instalación cometía violaciones graves, específicamente respecto a sus prácticas de segregación administrativa, bajo la cual estuvo Murillo Vega. Mientras que el Departamento de Justicia de California emitió un informe independiente en enero sobre las condiciones en esa cárcel para inmigrantes. Subrayó que imponía condiciones «extremadamente restrictivas» a las personas en confinamiento. “No es ningún secreto que MTC tiene un historial de encerrar a personas en confinamiento solitario en violación a las políticas de ICE que debe seguir”, dijo en un comunicado Bree Bernwanger, abogada del Lawyers’ Committee for Civil Rights of the San Francisco Bay Area, una de las organizaciones que presentaron la demanda en nombre de Murillo Vega.  “Mientras MTC continúa obteniendo ganancias, nuestro cliente y otros como él pagan las consecuencias. Las empresas privadas como MTC deben rendir cuentas cuando lastiman a las personas”, agregó Bernwanger. Para Ellen Leonida, abogada de la firma BraunHagey and Borden, lo que le pasó a este inmigrante “es la consecuencia natural de monetizar el cautiverio humano. Él pasó 14 meses en un infierno viviente porque una prisión con fines de lucro puso la codicia por encima de los derechos humanos básicos”. Además de buscar una compensación de al menos 75,000 dólares para Murillo “por el daño de por vida causado por los abusos en el centro de detención”, la demanda busca “responsabilizar” a la empresa MTC por presuntos daños causados a otros migrantes encarcelados.


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