Trump dice que está deportando a un nivel jamás visto a indocumentados criminales que no son gente sino «animales»

Durante una reunión en la Casa Blanca con líderes californianos que se oponen a las leyes santuario del estado, el presidente usó este calificativo que ya había utilizado antes para referirse a miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), justificando la construcción de un muro fronterizo y la implementación de leyes migratorias más estrictas. En una reunión en la Casa Blanca este miércoles con líderes de localidades de California que se oponen a las leyes santuario, el presidente Donald Trump llamó «animales» a los indocumentados con antecedentes criminales y aseguró que su gobierno los está deportando «a un nivel jamás visto». Ese calificativo ya lo ha usado antes para referirse a miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).

«Tenemos muchas personas entrando o tratando de entrar al país, estamos parando a muchos de ellos. Pero también estamos sacando personas del país: no creerías qué tan mala es esta gente. Estas no son personas. Son animales. Y los estamos sacando del país a un nivel jamás visto», aseguró el mandatario. «Por causa de leyes débiles vuelven rápido, los detenemos, los liberamos, los detenemos de nuevo, los deportamos. Es una locura. Son las leyes de inmigración más tontas en el mundo y vamos a hacernos cargo de eso», advirtió. A la reunión acudieron el fiscal general, Jeff Sessions; la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen; el director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Thomas Homan; así como representantes de la ciudad donde empezó la revolución antisantuario en California, Los Alamitos, y otras localidades que se han sumado al rechazo de estas normas que protegen a los indocumentados como Barstow, Lake Elsinore, Laguna Niguel, Escondido. «Es una desgracia», dijo Trump luego de citar casos de estadounidenses que han sido asesinados por indocumentados que fueron liberados por agencias locales del orden cumpliendo con leyes que protegen a las personas sin papeles. Entre ellos mencionó nuevamente el caso de Kate Steinle, una joven asesinada en San Francisco por un inmigrante indocumentado que ha sido deportado en cinco ocasiones. Más de una decenea de localidades californianas ha apoyado una demanda federal contra la ley SB54 que entró en vigor el 1 de enero en California y que prohíbe la cooperación entre agencias locales del orden y autoridades migratorias. Frente a Trump, los funcionarios locales afirmaron que dicha norma representa una «amenaza» para la seguridad de sus comunidades, que ha permitido que los carteles de la droga planten marihuana en reservas federales y que es la responsable de varios crímenes. Trump agradeció a los funcionarios y dijo que ellos habían “resistido valientemente las letales e inconstitucionales leyes estatales santuario de California”. Agregó que la SB54 “proporciona un refugio seguro a algunos de los más despiadados y violentos delincuentes sobre la faz de la Tierra”.

“Esta ley pone en riesgo a la comunidad»

El presidente indicó que planea iniciar en ese estado la construcción del muro fronterizo, para lo cual trata de conseguir un fondo de 1,600 millones de dólares, porque mucha gente apoya su idea y porque los legisladores californianos no quieren reconocer que al final están defendiendo a pandilleros de la MS-13 “que ponen a hombres, mujeres y niños inocentes a merced de sádicos criminales”. El mandatario citó dos casos de estadounidenses que fueron asesinados por indocumentados que se beneficiaron de las leyes santuario. Uno de estos ocurrió en Los Ángeles en enero. El acusado es un mexicano al que detuvieron por un delito relacionado con drogas. “Unas semanas después fue arrestado de nuevo, esta vez por asesinato. Está pasando cada vez más y más”, señaló el presidente. Cada uno de los oficiales que habló en el encuentro con Trump ofreció una opinión negativa sobre las leyes santuario, negando que estas generen confianza entre las víctimas y testigos de crímenes. Esto contradice lo que ha dicho la Policía de Los Ángeles. Sam Abed, alcalde de Escondido, en el condado de San Diego, dijo que de hecho su ciudad redujo notablemente la tasa delictiva permitiendo que los agentes de ICE tomaran custodia de los detenidos en sus cárceles. Eso permitió la deportación de más de 2,700 indocumentados, dijo. “En nuestra ciudad más gente reporta crímenes y esta narrativa de que las ciudades santuario permiten que más inmigrantes reportes crímenes es ‘fake news’. En lugar de restaurar el sueño americano están haciendo acuerdos con indocumentados”, señaló el edil. Homan, el director de ICE, coincidió en que no deportar a indocumentados que están en penales locales pone en riesgo a los vecindarios y a sus agentes. “Queremos entrar a cárceles del condado para hablar con alguien que sabemos está aquí ilegalmente en violación de la ley federal para prevenir que cometa otro crimen. No pueden pedirle a ICE que dé prioridad a ilegales criminales sin darnos acceso a las cárceles. No tiene sentido”, reclamó. Por su parte, el Sheriff del condado de El Dorado, John D’Agostini, reclamó que la SB54 le ata las manos a las agencias del orden. “Esta ley pone en riesgo la seguridad pública en nuestras comunidades. No somos agentes de migración, nunca lo seremos. Solo queremos cooperar con nuestros socios federales para que estas personas que están en nuestra custodia y debe ser deportada sea deportada”, mencionó. Troy Edgar, alcalde de Los Alamitos, la localidad del condado de Orange que inició la rebelión contra las leyes santuario, también acudió a la reunión en la Casa Blanca. En su breve participación el edil pidió ayuda financiera al gobierno de Trump para enfrentar la demanda que en su contra interpuso la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). El presidente le dijo: “estamos con ustedes completamente”.

«Trump está mintiendo»

Las reacciones tras esta reunión no se hicieron esperar. El gobernador Jerry Brown expresó en su cuenta de Twitter: “@realDonaldTrump está mintiendo sobre inmigración, sobre el crimen y las leyes de California. Reunirse con una docena de políticos republicanos para que lo halaguen y elogien sus políticas imprudentes no cambia nada. Nosotros, los habitantes de la quinta economía más grande del mundo, no estamos impresionados”. Mientras que el procurador general de California, Xavier Becerra, expresó que infundir miedo es la manera incorrecta de entablar una conversación sobre proteger e insistió en que la SB54 no entra en conflicto con la ley federal. “Estamos en el negocio de la seguridad, no en el de la deportación”, señaló.